La alcaldesa de Yaiza y diputada regional por el grupo Nueva Canarias, Gladys Acuña, exigió este martes al Gobierno de Canarias, en el pleno del Parlamento, la hoja de ruta del proyecto de ampliación del puerto de Playa Blanca y el cumplimiento “a rajatabla” de las medidas de seguridad consensuadas entre la adjudicataria y los técnicos municipales.

En vista del retraso en la ejecución de obras,  Acuña había pedido la semana pasada la comparecencia del vicepresidente y Consejero de Obras Públicas del Ejecutivo, Pablo Rodríguez, que dio explicaciones en el hemiciclo “un día después del movimiento de una máquina”.

"Si el ritmo de trabajo seguirá siendo el de una sola máquina en seis metros cuadrados, me temo que no vamos a cumplir los plazos, y recuerdo que el 31 de diciembre de 2018 ya tienen que estar ejecutados, certificados y pagados los primeros 25 millones de euros del proyecto, ese es el compromiso con Europa", destacó Acuña.

La alcaldesa de Yaiza alertó a Pablo Rodríguez y demostró con una secuencia de imágenes el incumplimiento del plan de seguridad de las obras: "Es una buena noticia ver maquinaria por la zona, pero un proyecto de 40 millones de euros no da lugar a improvisaciones".

“Si el ritmo de trabajo seguirá siendo el de una sola máquina en seis metros cuadrados, me temo que no vamos a cumplir los plazos”

En tal sentido, advirtió que, por ejemplo, "falta  señalización de obras en una zona de mucho tránsito de viandantes y vehículos, incluso con un paso de peatones que habíamos acordado cambiar por su cercanía con la puerta de entrada y salida de camiones y maquinaria pesada".

Acuña subrayó que "el proyecto del puerto tardó más de veinte años en desbloquearse, lo sacamos adelante la legislatura pasada y ahora tenemos que asegurarnos de que tenga una ejecución impecable porque además de dotar de seguridad a la flota pesquera de Playa Blanca y a los ferrys que conectan Lanzarote y Fuerteventura, el nuevo puerto será un gran balón de oxígeno para la economía del municipio y de Lanzarote". 

Las obras son financiadas en un 85 por ciento por la Unión Europea y en un 15 por ciento por la Comunidad Autónoma de Canarias. "Señor consejero, en mí tiene una aliada, pero eso no va a impedir que traslade las preocupaciones que considere oportunas para el bien del proyecto, de mi municipio y de mi isla", espetó Gladys Acuña a Pablo Rodríguez.