El centro urbano de Arrecife, donde se concentran los edificios que representan lo que en su día fue la capital lanzaroteña, está marcado por el abandono. Las vallas en las aceras y las redes para evitar la caída de cascotes en las fachadas son elementos que indican que se está ante un inmueble con valor arquitectónico.

De los 567 bienes incluidos en los catálogos arquitectónicos de los siete municipios de la Isla que están en vigor, Arrecife sólo tiene 19 protegidos. En ese listado se encuentran los dos castillos, la Iglesia de San Ginés, el Puente de las Bolas, el Cabildo viejo, el antiguo Parador de Turismo, la Delegación del Gobierno, la Casa de la Cultura, dos molinos o las Maretas. Edificios que sean propiedad de particulares apenas hay cinco y la mayoría en mal estado.

En 2006 se aprobó un catálogo arquitectónico municipal con 70 bienes que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2013 por errores graves en el procedimiento. En el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) se planteó en un primer momento un inventario de 169 bienes.

Con este inventario se justificó una suspensión temporal en la concesión de licencias de derribo. Pasaron los seis meses de suspensión y ni el Plan General ni el catálogo arquitectónico han continuado con su tramitación. Han desaparecido totalmente de la agenda política.

“A nivel general, tenemos un suspenso de la Administración pública sobre el Patrimonio”, señala el presidente del Colegio de arquitectos de Lanzarote, Miguel Ángel Fontes. “No sólo en Arrecife, es algo que extrapolaría a todos los municipios, donde creo que no ha existido una apuesta real” para conservar las muestras que quedan de la arquitectura tradicional de la Isla, destaca.

El Colegio de arquitectos ha lanzado una propuesta que por el momento no ha encontrado respuesta en las instituciones de la Isla: renunciar a la mitad del precio por el visado de proyectos de mantenimiento o rehabilitación de inmuebles catalogados.

El centenar de profesionales agrupados en el colegio espera medidas similares de los ayuntamientos para bonificar el impuesto de construcción o el IBI, y que se establezca una línea de subvenciones públicas que faciliten la conservación de edificios protegidos. Las ayudas hasta ahora, dice Fontes, han sido “ridículas”.

“Se ha extendido el concepto de que en una edificación catalogada no se puede hacer nada y es mentira”, destaca el presidente del Colegio de arquitectos. Fontes defiende que se preserven los inmuebles con valor patrimonial y, al mismo tiempo, “adaptarlos a los nuevos usos” para evitar que se dejen “morir” los edificios.

La arquitecta Cristina Güemes, secretaria del Colegio, subraya que tenemos la imagen del Patrimonio asociada “a la decadencia”, pero apunta que “hay intervenciones bastante interesantes”. Un factor económico que ha impulsado proyectos de rehabilitación es el “boom” del alquiler vacacional. Un inmueble histórico es como “tener una joya”, añade Fontes.

“Hay que cambiar la actitud y que se vea como un beneficio y una oportunidad y no como una carga”, recalca Alicia Perdomo, tesorera y vocal del Colegio de arquitectos.