“Seguimos igual, el concepto de la accesibilidad universal no se implanta y hay carencias en todos los ámbitos”. Gabi es la madre de un joven con discapacidad motriz que cursa Secundaria y que lleva batallando para que los centros educativos sean accesibles desde Primaria.

Su hijo no puede ir al instituto solo, en su silla de ruedas, desde casa, aunque tardaría solo diez minutos desde su barrio hasta el IES César Manrique, pero no puede hacerlo porque tiene que circular por la carretera. Si no hubiera esas barreras o hubiera aceras practicables, la distancia no sería problema. Otro problema añadido es que, al llegar, aún le faltaría sortear alguna barrera más, porque las aceras junto al centro educativo, o no tienen la anchura suficiente o tienen algún obstáculo en medio o no tienen rebaje. Así que tiene que ir en coche.

A principios del actual mandato, el alcalde de Arrecife y el concejal de Movilidad prometieron esas pequeñas obras a la entrada del centro educativo. “Les explicamos la situación y las necesidades que eran urgentes, pero ya han pasado dos años y no se ha hecho nada”, señala Gabi. “Si no pueden hacer la obra entera de toda la calle, al menos que hagan unos parches para poder bajar de la acera, es una cuestión de voluntad y un rebaje es una inversión mínima”. Habla de la calle Puigvert y de las intervenciones que son urgentes. Por eso pide voluntad política para afrontar esos parches urgentes antes de que se aborde el Plan de actuación previsto, que tiene unos plazos de ejecución más largos. Los padres y madres de estos alumnos tienen la confianza de que en el próximo curso puedan disfrutar ya de esas obras adaptadas y los centros ya cuenten con esos criterios de accesibilidad.

Dentro del centro educativo la situación no es mucho mejor, y eso que el IES César Manrique es uno de los dos centros de Secundaria que son preferentes motóricos, junto al IES Puerto del Carmen. En Primaria solo hay tres colegios: La Asomada, Capellanía y Villa de Teguise. Los centros motóricos, sin embargo, no cumplen con las condiciones de accesibilidad universal.

A pesar de esta circunstancia, el César Manrique aún no tiene baños adaptados. La obra está prevista, está licitada y deberá empezar este verano, pero aún no está. Sí que hay un ascensor en el que apenas cabe una silla de ruedas y que tiene ya cerca de 25 años. Este curso, explica Gabi, se consiguió instalar cuatro sillas de evacuación, gracias a la labor conjunta del Consorcio de emergencias y del Cabildo, pero hay muchos centros educativos y otros edificios públicos que no tienen un plan de evacuación en el que se tenga en cuenta a personas con movilidad reducida. Y después está el problema de la falta de mantenimiento, porque se hacen centros nuevos o adaptados y después se dejan de mantener y el ascensor se queda inutilizado durante largas temporadas.

Gabi es consciente de que la culminación de muchas de esas reivindicaciones llega tan tarde que las disfrutarán los alumnos o alumnas que vengan detrás de su hijo, que se ha enfrentado desde los centros de Primaria con las dificultades que conlleva “una estructura discapacitante”. Insiste en que todo el mundo tiene condiciones diferentes “pero lo que discapacita a la persona es el entorno que genera condiciones difíciles”. Forma parte de la comisión NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), dentro de la Federación de Ampas, y destaca que  la LOMLOE dice que se debe proporcionar al alumnado un centro educativo en igualdad de condiciones. “Consiste en que puedas ir al que te toca, no que tengas que cambiar tu vida en función del centro que está preparado”. Lo que solicitan es que los centros educativos se adapten a los niños y niñas y no al revés. “Si no es así, queda más vulnerable el que es más vulnerable”.

Las familias, señala Gabi, no tienen por qué aceptar que les deriven a un centro que no es el que les corresponde, no tienen que separarse de sus amigos ni de su entorno y tienen derecho a su centro de referencia, “que no acepten otra cosa”. De hecho, hay algún caso en el que, tras reclamación o denuncia, los centros han acabado adaptándose. También reconocen que desde el Área de Bienestar social del Cabildo sí se está trabajando en estrategias de inclusión junto a las asociaciones de este ámbito.

Las entidades y asociaciones de la Isla, la Federación de Ampas e incluso sindicatos, hasta 12 entidades distintas tanto de Lanzarote como de otras Islas, presentaron en el Parlamento de Canarias un documento con 20 propuestas hace un año bajo la premisa de que la educación inclusiva de calidad es un derecho humano.

“Un menor con una discapacidad no debe renunciar a su centro de referencia”

En ese documento se incluían propuestas para las aulas Enclave, para la atención temprana, para el alumnado con discapacidad visual auditiva y con problemas motóricos, así como una gran cantidad de puntos, hasta 20, transversales, para hacer cumplir la accesibilidad universal.

Respecto a los centros, insisten en el derecho de las familias a elegir el centro educativo para sus hijos e hijas. Ponen sobre la mesa el artículo 12 del Real Decreto 366/1997 por el que se regula el régimen de elección de centro educativo, que señala que “en la enseñanza obligatoria, los padres o tutores podrán elegir el centro escolar para matricular a sus hijos con necesidades educativas especiales entre aquellos que reúnan los recursos personales y materiales adecuados para garantizarles una atención educativa de calidad” y que su admisión “será objeto de un tratamiento singular”.

Además, pedían eliminar las barreras arquitectónicas en todos los centros educativos, con un cumplimiento absoluto de la Ley de Accesibilidad en los centros públicos educativos, sean de titularidad municipal, insular o autonómica. “Un menor con una discapacidad motórica no tiene que renunciar a su centro de referencia por su residencia, en favor de uno más lejano que sí esté adaptado”, señalaban. 

La Plataforma canaria de educación inclusiva ha hecho también aportaciones al borrador del Decreto por el que se regula la atención a la diversidad y la organización de la orientación educativa y profesional. El artículo 13 de este borrador dice, respecto a la atención educativa preferente en centros ordinarios que este tipo de alumnado “se escolarizará preferentemente en un centro ordinario”, y que si durante el proceso de evaluación psicopedagógica se identifican barreras al acceso y la participación “insalvables por el centro ordinario, o se concluye la necesidad de ayudas y apoyos técnicos o personales especializados, este alumnado podrá ser escolarizado en centros ordinarios de atención educativa preferente para alumnado con discapacidad motora o para alumnado con discapacidad auditiva”.

Hay parques infantiles que no son inclusivos a pesar de que se han renovado

Las asociaciones concluían que sus aportaciones evidencian la necesidad de proceder a una revisión exhaustiva del borrador del Decreto, de manera que se garantice su plena adecuación al ordenamiento jurídico vigente, en particular a la LOMLOE y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento. La actual redacción, al mantener ambigüedades, introducir fórmulas excesivamente abiertas a la discrecionalidad administrativa y adoptar un enfoque asistencialista de los apoyos, compromete gravemente la protección efectiva del derecho a la educación inclusiva, la equidad y la no discriminación. Se considera imprescindible que el texto incorpore de forma expresa los principios de normalización, inclusión, igualdad de oportunidades, participación activa de las familias y del alumnado, y provisión anticipada y personalizada de apoyos mediante ajustes razonables. Solo a través de una regulación clara, garantista y orientada a los derechos se podrá dar cumplimiento efectivo al mandato legal y constitucional de ofrecer una educación de calidad para todo el alumnado, sin excepciones ni retrocesos en los avances logrados en materia de inclusión educativa.

Parques

No solo está el problema en los centros educativos. La Casa de la Juventud tampoco tiene los baños accesibles o el propio edificio del Ayuntamiento sigue teniendo barreras arquitectónicas y con unos montacargas muy antiguos. Continúa el problema en las obras públicas, que algunas se hacen nuevas y siguen sin tener en cuenta la accesibilidad universal, además de muchas de las calles de Arrecife que siguen con este tipo de problema, o con aceras de apenas un pocos centímetros.

Incluso hay parques infantiles que siguen sin ser accesibles o inclusivos a pesar de que se han renovado. En ocasiones se hace el acceso para todos, pero los juegos no están adaptados, o también se da el caso contrario. Y de la misma forma pasa con muchos comercios de Arrecife, con centros comerciales y otros lugares de concurrencia pública. A esto hay que añadir la falta de civismo con las tarjetas PMR para aparcar para personas con movilidad reducida, con las que se da un fraude porque las utilizan familiares de esas personas o no están bien señalizadas y por tanto no se puede multar, así como que no se cumple con la ratio de que haya uno de estos aparcamientos por cada cuarenta plazas ordinarias.