Antonio del Moral es fiscal de carrera y magistrado de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo. Participó en las jornadas de Derecho penal organizadas por el Colegio de abogados de Lanzarote y habló sobre la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal. Respondió a las preguntas de Diario de Lanzarote.

- ¿Se pretende reducir el tiempo de la instrucción sólo para evitar la exposición mediática o porque de verdad hay una intención de que la Justicia mejore?

- Intuyo que detrás de eso hay un intento de que la Justicia funcione mejor aunque hay muchos problemas que no se arreglan sólo con las leyes.

- Hacen falta medios, inversión...

- Hay cosas que se pueden mejorar y algunas se mejoran. La ley pone un plazo para la instrucción, que no se cumple nunca y eso demuestra que no basta sólo con leyes, pero hay medidas interesantes y positivas. No va a suponer un cambio radical aunque algo va a ayudar.

- Los procedimientos más conocidos o que afectan a personas con poder se dilatan porque tienen medios para que se dilaten. ¿El sistema actual favorece a estas personas?

- Hay supuestos que objetivamente son fáciles de instruir y que afectan a todos, al poderoso y al débil, como un delito contra la seguridad del tráfico, el maltrato, etc. Lo normal es que se acabe la investigación en poco tiempo, sea quien sea el afectado. Y hay causas que las cometa quien las cometa, son difíciles de investigar: las de urbanismo, tráfico de drogas organizado, corrupción... Son difíciles y exigen más tiempo.

- Pero también se multiplican los recursos, la petición de anulaciones, los dictámenes...

- Sí, pero no es sólo por eso. A veces llevan tiempo porque salen varias líneas de investigación y la nueva ley facilita que se troceen las causas, y eso hace que se puedan ir juzgando poco a poco, aunque va a seguir habiendo casos complicados.

- Vemos que en casos muy mediáticos se ponen y se quitan jueces, se otorgan o no jueces de apoyo, y eso son decisiones políticas o del Consejo del Poder Judicial, que esta nombrado por políticos. ¿No hace falta una reforma del sistema judicial en profundidad?

- En parte también es un problema de la Ley de enjuiciamiento criminal. El sistema exige que las causas se atribuyan al juez destinado donde se produjo el delito. Es un sistema muy neutro pero tiene efectos perniciosos. El 'Prestige' cae en un pueblo de Galicia y eso supone que todos los asuntos de ese Juzgado quedan relegados. Tampoco se puede impedir el traslado de los jueces para salvaguardar la linealidad de una instrucción. ¿Qué se puede hacer? Quizás, aunque hay que meditarlo más, se puede trasladar la investigación al fiscal porque es más flexible.

"La política no debe valerse de los procedimientos judiciales, que no se supediten las responsabilidades políticas a las judiciales”

- Pero se pierde independencia porque la Fiscalía está más cercana al Ejecutivo.

- Sí, aunque no es ciertamente así, pero la Fiscalía es más flexible y puede dedicar a fiscales en exclusividad, ya que con los jueces es más complicado.

- Los jueces del Supremo y del Constitucional, en muchas causas se sabe las etiquetas que tienen y coincide su voto con lo que reclaman PP o PSOE. ¿Se debe cambiar la forma de nombrarlos o es que los jueces optan por perder su libertad?

- Es un sistema complejo, no es tan fácil pero hay algo de realidad, especialmente en algunos casos con connotaciones políticas. En parte hay un problema de cultura política. Los sistemas de elección por mayorías cualificadas no piensan en un sistema de cuotas sino en que se elija a personas que susciten consenso de todos. Hace falta un cambio de mentalidad.

- Hace años los jueces parecían intocables. Ahora no sólo se analizan y se critican sus actuaciones sino que incluso se les ponen querellas para apartarlos de algunos casos o de la carrera judicial. ¿Qué ha pasado?

- En España hay pocos jueces condenados, muy pocos, y no por falta de denuncias.

“La política tiene un nivel de excelencia más alto que el hecho solamente de no ser condenado”

- Pero con que se admita la querella vale para apartarlos del caso.

- Sí, hay un abuso de la querella instrumentalizada para otros fines, políticos o de desprestigio. La ley debería tener algún mecanismo más para esos abusos. A veces se abusa de esos mecanismos. No todo error judicial es un delito ni es prevaricación y se convierte la querella contra un juez como último medio de defensa, y eso no tiene ningún sentido.

- Cada vez vemos que la política está más judicializada y la justicia más politizada.

- Sería bueno que hubiera dos planos diferentes: que la política no se valga de los procedimientos judiciales, que no se supediten las responsabilidades políticas a las judiciales. La política tiene un nivel de excelencia más alto que el hecho solamente de no ser condenado. Cuando se une una cosa a la otra, se perjudica a la política y a la vida judicial.