La jueza que condenó al Ayuntamiento de Arrecife a pagar 350.000 euros a la empresa organizadora del festival de circo La Fabulosa Feria de Billy Capers que, de la “prueba practicada” en el procedimiento, se “acredita la contratación de los servicios” por parte del Consistorio.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, se considera probada tanto la contratación como la “realización” del festival, en septiembre del año pasado, y la “falta de abono” por parte del Ayuntamiento capitalino.

Por ello, procedió a estimar el recurso de la empresa Fuerteventura Promociones y Producciones, que suele contratar eventos con el Ayuntamiento, y el 11 de septiembre del año pasado, apenas cuatro días después de la finalización del festival, formuló una reclamación de cantidad al Consistorio.

El Ayuntamiento no asumió la mencionada reclamación por la celebración del festival, cuya contratación contaba con informe desfavorable del Área de Contratación, y la empresa acudió a la Justicia.

La jueza estimó su recurso, anulando la desestimación por silencio de la reclamación económica, reconociendo el “derecho” de la empresa a que el Ayuntamiento le abone “la cantidad reclamada”.

En la sentencia se subraya que, además de los 350.000 euros, el Ayuntamiento deberá pagar los intereses legales “desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, no así los intereses de demora, ni costes de cobro, habida cuenta de la inexistencia de contrato alguno”.

Es decir, el Juzgado considera que el Ayuntamiento capitalino contrató realmente el festival aunque no llegase a plasmarse en un contrato formal. La mayor parte de la sentencia está compuesta por referencias a la jurisprudencia relativa a contrataciones en las que se prescindió de las formalidades administrativas.

La empresa Fuerteventura Promociones y Producciones, que suele contratar eventos con el Ayuntamiento, presentó la reclamación económica cuatro días después de terminar el festival

La jurisprudencia reproducida en la sentencia aborda, entre otras cuestiones, la posibilidad de reconocer obligaciones de pago cuando una administración se ha beneficiado de prestaciones realizadas por particulares y concurren las condiciones exigidas para aplicar la doctrina del enriquecimiento injusto.

Cabe recordar que el procedimiento judicial se refiere a los servicios relacionados con la celebración del festival La Fabulosa Feria de Billy Capers, desarrollado los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2025 en el solar municipal de Ginory, junto al Charco de San Ginés.

La condena judicial se produjo pese a la oposición del Ayuntamiento de Arrecife, cuya defensa sostuvo que nunca llegó a formalizarse un contrato administrativo con la empresa organizadora del festival.

Según consta en un decreto de Alcaldía firmado el pasado 1 de octubre, el Consistorio ha acordado recurrir la sentencia en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para lo que tiene de plazo hasta este viernes.

Investigación penal

La organización de La Fabulosa Feria de Billy Capers figura entre los expedientes examinados por la Fiscalía en una querella presentada el pasado 5 de agosto por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración relacionados con diversos eventos celebrados en Arrecife.

El Juzgado interpretó que el Ayuntamiento capitalino contrató realmente el festival aunque no llegase a plasmarse en un contrato formal

El Ministerio Fiscal destacó la "especial gravedad" de la tramitación administrativa del festival y recogió las conclusiones de un informe de la Intervención municipal sobre el procedimiento seguido.

Según esa documentación, durante la tramitación se estudiaron diferentes fórmulas de contratación y patrocinio, con presupuestos de 374.500, 350.000 y 642.000 euros.

La Fiscalía señaló que el Área de Contratación había formulado objeciones relacionadas con la justificación del patrocinio, la concurrencia competitiva, la acreditación del precio y el retorno publicitario.

También recogió que, pese a esas objeciones, el festival se celebró y la empresa presentó posteriormente una factura de 350.000 euros que no fue conformada por el Ayuntamiento.

La querella plantea investigar si existió un perjuicio económico efectivo, una obligación irregularmente reconocida o un pago indebido en relación con este y otros expedientes municipales.