“Más” es el adverbio de cantidad sobre el que se ha construido el modelo territorial y turístico de Lanzarote durante décadas. El informe ‘SOS Costas Canarias’, elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad, señala que “Lanzarote sufre el conjunto de problemas más grave de todo el Archipiélago”.

Gente viviendo en los huecos de las escaleras. Familias de cuatro miembros organizados en una sola habitación, compartiendo piso con otras cuatro familias. Padres que duermen en el coche para garantizar una cama a sus hijos. Trabajadores que el único techo que logran encontrar es una nave industrial dividida con palés. El 63 por ciento de la población de Lanzarote tiene dificultades para llegar a fin de mes y más del 31 por ciento de la población de Canarias vive en riesgo de pobreza.

Los sueldos del Archipiélago son unos de los más bajos de España y no pueden afrontar los precios de alquilar una vivienda en una isla muy turistificada cuyas infraestructuras además no están preparadas ni para el volumen de visitantes que recibe ni para los efectos de un cambio climático que es ya muy tangible. La Isla sufre problemas sociales, ambientales y territoriales severos. 

El estudio SOS Costas Canarias, elaborado con datos oficiales, exige dos medidas inmediatas para salvar esta situación crítica: paralizar cautelarmente nuevos planes parciales y proyectos urbanísticos ubicados junto al litoral y revisar los Planes Insulares y el planeamiento municipal con participación social y científica. “La protección de la costa es una oportunidad para liderar un modelo de desarrollo basado en la calidad, la sostenibilidad y la equidad”, señala. 

En el municipio de Yaiza hay más plazas alojativas (25.300) que habitantes (17.400). Playa Blanca es un mar de bazares, restaurantes y negocios orientados a satisfacer los deseos de un turista que busca sentirse en el paraíso durante sus vacaciones. Para lograrlo, cada visitante consume agua, gasta energía, genera basura, se desplaza en vehículos a combustión, necesita atención médica ocasional y a veces se aloja en apartamentos que antes eran el hogar de familias residentes durante largos periodos de tiempo.

“El profesorado y el personal sanitario no coge plaza aquí porque los precios son desmesurados y no tienen donde quedarse”, decía el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, en la última sesión del Consejo de la Reserva de la Biosfera. El portal inmobiliario Idealista oferta 16 alquileres en Yaiza, casi todos etiquetados como “alquiler de temporada”. El más barato tiene dos habitaciones y cuesta 1.050 euros al mes. No está incluida la luz, ni el agua. Para vivir hay que sumar una cesta de la compra que ahora es un 40 por ciento más cara que hace cinco años.

“Una isla no puede adaptarse al cambio climático sin revisar su modelo territorial”

A finales del año pasado, en el ayuntamiento sureño entraban cada semana “50, 60 o 70 solicitudes para vivienda vacacional”, contaba Noda en el salón de plenos del Cabildo. “Si me preguntan a día de hoy si hacen falta más hoteles o camas en Playa Blanca les digo rotundamente que no”, añadía.

La red de saneamiento y abastecimiento no alcanza para atender la demanda. El casco urbano de Yaiza y el pueblo de Uga ha sufrido cortes de suministro durante siete días en este mes de mayo. Las familias acuden al consistorio diciendo que no pueden asumir una subida repentina de 300 euros en su alquiler. Los problemas sociales se agravan cada día que pasa. “Aquel municipio que quiera ser turístico, yo se lo regalo, sinceramente”, concluía el alcalde de Yaiza.

Moratoria ya

Toda la franja costera no protegida de Playa Blanca está urbanizada o se ha declarado urbanizable, señala el informe SOS Costas Canarias. De construirse, el actual planeamiento “permitiría crear una ciudad turística de casi 20 kilómetros cuadrados” que “no responde a una necesidad objetiva de la población, sino a la presión de la industria turístico-inmobiliaria por ocupar los entornos de mayor valor paisajístico y natural de Canarias”.

Cabe recordar que la costa de Playa Blanca concentra además “la mayor densidad de hoteles ilegales o irregulares de España”. El empresario Juan Francisco Rosa ocupó 6.000 metros cuadrados más de los permitidos para construir el Son Bou.

“Necesitamos una revolución ciudadana en defensa del interés general”

Del mismo empresario es el Princesa Yaiza, un hotel que opera con normalidad a pesar de que su licencia fue anulada porque se construyó con mayor volumen del permitido y con más plazas de las autorizadas. Aunque el Cabildo de Lanzarote constató en un informe que el hotel no se adecúa al planeamiento, hace tres años le concedió provisionalmente su clasificación como hotel de cinco estrellas Gran Lujo.

El Sandos Papagayo, de la promotora Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia, ocupa ilegalmente una zona (servidumbre de protección) justo al lado de unos bienes costeros que son de titularidad pública (dominio público marítimo terrestre). Además, el resort corta y privatiza el acceso a la playa, invadiendo lo que ya en el siglo XIII el rey Alfonso X El Sabio denominaba “las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo”: el aire, el mar y su ribera.

Ana Carrasco, bióloga y gerente del Consejo de la Reserva de la Biosfera, considera que la primera medida urgente es hacer efectiva una moratoria: “Hay que parar la construcción de camas turísticas en toda la Isla”. En segundo lugar es necesario “ver en qué situación están los emisarios submarinos”. De los 36 puntos de vertidos al mar censados en Lanzarote, sólo ocho están autorizados. La gestión del ciclo del agua es “nefasta”, añade: falla la gestión, la distribución y la depuración.

Canarias pierde cuatro kilómetros de costa natural al año. La turistificación está transformando la costa natural en un litoral artificial rellenado con cemento. La consecuencia son daños cada vez más irreversibles en ecosistemas naturales y un archipiélago cada vez más expuesto a inundaciones costeras y temporales marinos.

En Lanzarote se prepara la conurbación de la LZ-5, haciendo un continuo urbano entre Arrecife y Playa Honda. Esto podría poner en peligro el paso por donde circula el jable: un cinturón de dunas que atraviesa la Isla desde Famara hasta Playa Honda.

“No podemos construir ni un metro cuadrado más -coincide la abogada ambientalista Irma Ferrer- Hay viviendas abandonadas y en desuso que deben rehabilitarse”.

La abogada Irma Ferrer. 

Infraestructuras

“Tenemos infraestructuras públicas en situación de peligro porque no se ha invertido en prepararlas para que soporten fenómenos meteorológicos extremos”, señala Ferrer, citando el informe. ¿Cómo se protegerá la central de Las Caletas cuando la marea suba y el oleaje ponga en peligro el sistema de desalación? ¿Qué pasará cuando un temporal marino más intenso de lo habitual impida la entrada en puerto de un barco cargado de contenedores que sirven para alimentar a una isla que ha perdido su soberanía alimentaria?

No son escenarios catastrofistas: son preguntas pertinentes que nacen cuando se analizan las previsiones científicas de los organismos oficiales. Hace ya un lustro, la administración noruega activó en Oslo una estrategia de resiliencia civil basada en gestión de riesgos, protección civil y adaptación climática. Las instituciones prepararon a la ciudadanía y a los centros asistenciales de la ciudad para pasar 24 horas sin luz. “En algunas regiones hay políticas institucionales que enseñan a la población a autosostenerse, aquí aún se considera que el cambio climático es una ola de calor en verano”, lamenta Ferrer.

“Hay que parar la construcción de camas turísticas en toda la isla de Lanzarote”

En el antiguo muelle comercial de Arrecife, los trozos de escollera que derribó el temporal permanecen en el suelo. Parte del paseo está agrietado y acordonado, pendiente de arreglar. Antes, la fuerza del viento y el mar desprendía la cal de los muros, ahora alcanza a destruir elementos estructurales.

El nivel del mar subió casi seis centímetros entre los años 2005 y 2023. Lo sabemos gracias a los datos que registra el instrumental científico del Laboratorio de Geociencias de Lanzarote en Jameos del Agua. Las mareas grandes se producen varias veces al año y ha crecido la frecuencia de episodios de oleajes extremos. Las olas llegan donde nunca habían llegado.

La fuerza del oleaje produjo hace cinco años un profundo socavón en un tramo de la carretera LZ-703 de Los Hervideros a su paso por el Parque Natural de los Volcanes. Otra señal de la fragilidad de las infraestructuras costeras de la Isla. 

En Canarias “hay 80.000 personas viviendo en 54 municipios costeros expuestos a inundaciones”, concreta el estudio. Existen otros 11.400 habitantes con casas en zonas de riesgo próximas a barrancos. Después de Las Palmas de Gran Canaria, Arona y Puerto de la Cruz, Arrecife aparece como el cuarto municipio canario más expuesto a los temporales marinos.

“La zona con mayor incidencia sobre la población se localiza en Argana Alta”, el barrio más poblado de Arrecife y el que arrastra mayor déficit de infraestructuras, construido en una zona natural de drenaje, donde confluyen escorrentías. A finales de abril salieron a licitación las obras para mejorar el drenaje de aguas pluviales en esta zona. Es la respuesta de la administración al agravamiento de las inundaciones causadas por unas lluvias cada vez más torrenciales. En la primavera de 2025 una tromba de agua dejó 61 litros por metro cuadrado en apenas dos horas: la mitad de la lluvia que suele recibir la Isla en todo un año. 

Mirador del Charco de los Clicos, un lugar en creciente masificación. 

Cambio de modelo

Abel López, profesor de la Universidad de La Laguna especializado en cambio climático, riesgos y sostenibilidad, considera que invertir en pluviales, saneamiento, drenajes o estaciones de bombeo es necesario, pero puede convertirse en una política “insuficiente” si al mismo tiempo seguimos aumentando la exposición en la costa.

“Una isla no puede adaptarse de verdad al cambio climático sin revisar su modelo territorial”, advierte. Adaptarse al cambio climático no consiste solo en construir defensas; se trata de decidir dónde no crecer y qué proteger. “Si seguimos aumentando población, actividad económica e infraestructuras en zonas expuestas, estaremos corriendo detrás del problema”.

Irma Ferrer recuerda que el clima no es el problema, es la consecuencia. “Hay que afrontar la causa: el modelo económico”. Hemos normalizado un sistema capitalista que consume recursos finitos de manera compulsiva e ilimitada. Urge, dice la abogada, “tomar conciencia de que lo público es lo que nos va a salvar” y defenderlo con la misma fuerza con que protegemos nuestra propiedad privada. “Necesitamos una revolución ciudadana en defensa del interés general”, añade.

El tiempo corre y la Isla necesita políticas eficaces que defiendan el interés general: renaturalizar zonas para que sean refugios climáticos útiles, adaptar la red de alcantarillado para el modelo climático que viene, volver a cultivar la tierra, preservar la biodiversidad y conseguir que servicios fundamentales como la recogida de basuras, la gestión del agua o las obras públicas se ejecuten con la máxima eficacia. No son utopías. Son objetivos que Lanzarote debe cumplir en un plazo corto de tiempo si quiere seguir siendo un territorio habitable. 

Lanzarote sabe bien lo que significa adaptarse. Fue máster en agricultura desértica, mancomunidad, reutilización, maximización del aprovechamiento de los recursos y convivencia con la naturaleza. La abogada Irma Ferrer lo resume así: “En Lanzarote somos maestros de la supervivencia”.