Canal Gestión Lanzarote aprobará unas cuentas con unos beneficios, después de impuestos, de 27,5 millones de euros. La situación de la empresa sigue siendo muy similar al año anterior, cuando perdió 11,4 millones, y también a la de los ejercicios previos. De hecho, desde el año 2013, las cuentas de Canal Gestión Lanzarote arrojaban unas pérdidas de 75,4 millones de euros, 53 de ellos entre 2021 y 2024.

La diferencia reside en que en esta ocasión ha imputado como un activo 40,7 millones de euros como estimación de los ingresos que recibirá por la deuda tarifaria acumulada desde el año 2017, por el hecho de que el Consorcio del Agua no le haya permitido subir las tarifas. Sin ese cálculo, la cifra de negocio arrojaría de nuevo pérdidas, en este caso de 13,2 millones.

Con estos cálculos, el patrimonio neto de la sociedad bajaría a 47,9 millones de euros en negativo, además de mantener una deuda de 153 millones de euros con la empresa matriz, Canal de Isabel II.

Este pasado lunes, el Consorcio del Agua resolvió el contrato con Canal y el martes una delegación capitaneada por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, tomó el control de las instalaciones que gestionaba la empresa concesionaria, asumiendo también al personal.

Aumento de costes

En sus últimas cuentas, los resultados negativos Canal los achaca, como en los años anteriores, al “enorme impacto de la pandemia y la caída del turismo en la cifra de negocios, además del efecto producido por la escalada de los precios de la energía, la subida de los tipos de interés y la imposibilidad de actualizar las tarifas”.

La empresa atribuye los beneficios a la incorporación de 40,7 millones por la deuda tarifaria acumulada desde 2017

Señala que existe una importante mejora en los ingresos en los ejercicios de 2023 a 2025, pero que “los costes de la energía y los gastos financieros no han permitido equilibrar el resultado”. En 2025 gastó en consumo de energía eléctrica 16,2 millones de euros y otros diez millones en gastos de personal.

En la Memoria de las cuentas anuales y el informe de gestión se señala que la sentencia sobre las tarifas adquirió firmeza, ya que en enero de 2023 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso del Consorcio contra la sentencia inicial de julio de 2021 del TSJC que estimaba “la solicitud de revisión de tarifas” y reconocía su derecho a percibir cada año una actualización en base al IPC más el uno por ciento.

El cálculo es que en 2017 sería del 2,3 por ciento y en los años sucesivos del 2,1; 2,4; 1,4; 0,9; 6,8; 4,8 y, finalmente, del 3,2 por ciento en el año 2025. En octubre de 2023, la empresa formuló demanda de ejecución forzosa de la sentencia, que está pendiente de resolución.

Se reconoce ese importe de 40,7 millones de euros, “derivado del cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo” de dicha sentencia, así como de otra de mayo de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, relativas a la actualización de las tarifas en distintos periodos.

“Probabilidad muy alta” de cobro

La Dirección Jurídica de Canal Gestión estima que “hay expectativas razonables con una probabilidad muy alta para que su cobro se produzca en el corto plazo, a la vista de la evolución y estado de situación en el que se encuentran los procedimientos judiciales”.

Sin contabilizar ese activo, Canal Gestión volvería a cerrar el ejercicio con pérdidas de 13,2 millones de euros

“Pese a que el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado era claro al determinar el derecho de Canal Gestión a percibir, en concepto de retribución del contrato y a partir del cuarto año de la concesión, las tarifas actualizadas conforme a la fórmula IPC+1, lo cierto es que dicha revisión tarifaria no se ha llevado a efecto”, dice Canal.

El Consorcio siempre ha defendido que ya ejecutó la sentencia llevando a cabo la consulta a la Comisión de Precios de Canarias, que resolvió que no se podían subir las tarifas por las malas condiciones del servicio derivadas de las pérdidas en red.

Seis pleitos

Actualmente, hay seis procedimientos judiciales en curso relacionados con esta reclamación. Por un lado, la ejecución de la sentencia sobre las tarifas de 2019, pendiente de resolver en el incidente de ejecución. En segundo lugar, el recurso contra la resolución del viceconsejero de Industria que desestimó la modificación de las tarifas entre 2017 y 2019, pendiente de abrir trámite de conclusiones y dictar sentencia.

Canal sostiene que existe una “probabilidad muy alta” de cobrar la deuda en el corto plazo por la evolución de los procedimientos judiciales

El tercero es el recurso contra la resolución del Consorcio del Agua que rechazó la actualización de tarifas para los mismos años, que está en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas. Falta que el Consorcio presente las conclusiones y se dicte sentencia.

El cuarto recurso es contra la revisión tarifaria de 2020 a 2024. Hay una sentencia de febrero de este mismo año que declara “la inadmisión del recurso (de Canal), por resultar el acto impugnado un mero acto de trámite, sin entrar al fondo del asunto”.

El quinto es, de nuevo, contra otra resolución del viceconsejero, que también desestimó la modificación de tarifas para 2020-2024, pendiente de resolución en el TSJC, y, por último, el recurso contra la resolución del Consorcio que rechazó la actualización de tarifas para 2020-2024, en el Juzgado número 3 de Las Palmas, que se encuentra en trámite de conclusiones y pendiente de sentencia. Canal sostiene que “la probabilidad de éxito de dichos procedimientos es superior al 50 por ciento”.

Lo que no se incluye son 1,5 millones de euros “anticipados previamente por el Consorcio”, que están pendientes de resolución del recurso interpuesto después por el propio Consorcio para su devolución.

Inversiones

En las cuentas se señala, igualmente, que Canal Gestión Lanzarote cuenta con apoyo financiero expreso por parte de Canal de Isabel II y mantiene un préstamo participativo de esta por importe de 153 millones de euros “para restablecer su situación patrimonial”.

La empresa mantiene seis litigios abiertos relacionados con la actualización de tarifas y reclama además 8 millones por los efectos del Covid en la concesión

“El Administrador Único de la Sociedad estima que la Sociedad generará flujos de efectivo netos suficientes para atender el pago de las deudas a corto plazo”, dicen las cuentas, que reconocen que una última adenda al préstamo participativo eleva el importe máximo a 184 millones de euros.

Por otra parte, Canal afirma que ha realizado inversiones por importe de 61,2 millones de euros, que incluyen 551.000 euros en fase de ejecución y que “en consecuencia, y a juicio de los administradores y de la dirección, se ha dado cumplimiento al compromiso inversor establecido en el contrato”.

8 millones por el Covid

Según las cuentas de Canal, “la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 y las restricciones impuestas por el Gobierno de España afectaron gravemente a la actividad turística en Lanzarote y La Graciosa, provocando una caída en el consumo de agua y una reducción de ingresos en la concesión”.

Por este motivo, Canal Gestión reclamó al Consorcio un reequilibrio económico por las pérdidas sufridas entre marzo de 2020 y mayo de 2021. El Consorcio desestimó esa petición por silencio administrativo y, en febrero de 2025, Canal interpuso un recurso contencioso-administrativo frente a dicha desestimación por silencio. La demanda se formalizó en octubre de 2025, reclamando una compensación económica de 8 millones de euros.