El Cabildo de Lanzarote ha encargado asesoramiento jurídico externo para analizar la “posible existencia de responsabilidad penal” en relación con la situación administrativa que permitió que Juan Manuel Sosa continuara percibiendo retribuciones como médico funcionario del Servicio Canario de la Salud (SCS) mientras ejercía como consejero en la Corporación insular durante el mandato presidido por Dolores Corujo (PSOE).

El encargo figura en un decreto del consejero de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez (CC), fechado este jueves y al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, en el que se tramita un contrato menor de servicios para “asesoramiento jurídico respecto de la posible existencia de responsabilidad penal”.

La resolución señala que el análisis se vincula al decreto de la Presidencia número 5684-2021, de 5 de noviembre de 2021, firmado por Dolores Corujo, que “asume la situación de servicios especiales y de dedicación exclusiva” de Juan Manuel Sosa y que “permitió que éste continuara percibiendo” el sueldo “como médico funcionario del Servicio Canario de Salud adscrito a la Comunidad Autónoma de Canarias, indebidamente”.

El decreto firmado este jueves por el consejero de Presidencia nombra para ese servicio a la letrada Eugenia Pérez Curbelo, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, y se apoya en informes emitidos en el expediente de contratación por la coordinadora y por el director insular de Recursos Humanos del Cabildo lanzaroteño.

Desde el grupo de gobierno se parte de que con Corujo se “permitió” a Sosa cobrar un sueldo como médico del Servicio Canario de Salud cuando ya no era portavoz de CC

Este paso dado por el actual grupo de gobierno del Cabildo, compuesto por CC, PP y Armando Santana, supone una vuelta de tuerca en un asunto que ha sido motivo de conflicto entre nacionalistas y socialistas desde el pasado mandato, al haber concurrido Sosa en la plancha electoral de Coalición Canaria en los comicios de 2019 y luego apuntalar el gobierno de Dolores Corujo.

También apunta a ser el preludio de unas acciones legales en la vía penal que previsiblemente tendrían como objetivo a cargos con responsabilidad en el anterior gobierno. De llegar a ese extremo no sería la primera vez que de la rivalidad política se salta al terreno judicial. Como se recordará, el pasado mandato el Cabildo estuvo marcado por la denuncia del Consorcio del Agua y su empresa pública Inalsa, controladas entonces por Corujo, contra el actual líder nacionalista, Pedro San Ginés, por la facturación del abogado Ignacio Calatayud, un procedimiento archivado para el ahora senador por el Tribunal Supremo.

Pleito por el sueldo

La profesional contratada por el Cabildo para explorar la vía penal por la situación de Juan Manuel Sosa en el pasado mandato ya ha venido representando a la Corporación insular en el procedimiento contencioso abierto por el exconsejero contra el Gobierno de Canarias, que ha anulado en la actual legislatura el acuerdo que, en la anterior, le permitió cobrar como médico en situación de servicios especiales, pese a que ya no era portavoz de Coalición Canaria.

CC ha venido resaltando que Sosa “deberá devolver los 300.000 euros que cobró ilegalmente durante su etapa de consejero de Sanidad en el Cabildo”

Aquel acuerdo de Función Pública, de abril de 2020 y anulado por el propio Ejecutivo autonómico en el año 2024, confirmó la situación de Sosa en servicios especiales con efectos desde diciembre de 2019 y el abono de retribuciones por parte de la comunidad autónoma, más elevadas que como consejero del Cabildo.

En la vía contencioso administrativa, por ahora la Justicia le ha dado la espalda a Sosa. El Juzgado de lo Contencioso número uno de Las Palmas desestimó su demanda contra esa decisión del Gobierno de Canarias en 2024 de anular su pase a servicios especiales, que le permitía seguir percibiendo su salario como funcionario del SCS tras incorporarse al gobierno del Cabildo.

Esa resolución judicial, que el exconsejero ha recurrido, concluye que Sosa cobró retribuciones de la comunidad autónoma sin reunir los requisitos esenciales exigidos por la normativa, al considerar que había perdido su condición de portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo en diciembre de 2019, una condición que el Juzgado calificó como indispensable para el mantenimiento de esa situación laboral de servicios especiales.

Desde Coalición Canaria, que de forma reiterada tachó a Juan Manuel Sosa de “tránsfuga”, se apunta a que el exconsejero “deberá devolver los 300.000 euros que cobró ilegalmente durante su etapa de consejero de Sanidad en el Cabildo de Lanzarote presidido entonces por la socialista Dolores Corujo”.