El proceso de traspaso de la concesión del ciclo integral del agua en Lanzarote ha desatado un nuevo enfrentamiento político entre la líder del Partido Socialista, Dolores Corujo, y el presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort.

Mientras el PSOE acusa al actual gobierno insular de ocultar información y advierte de un posible perjuicio económico para las arcas públicas, Betancort niega las acusaciones y defiende que el procedimiento cumple con la legalidad vigente y garantiza la continuidad del servicio.

Según una nota emitida por el PSOE de Lanzarote, la formación sostiene que la cesión del contrato de gestión del agua no pone fin a las reclamaciones que mantiene Canal de Isabel II —a través de su filial Canal Gestión Lanzarote— contra el Consorcio.

Basan esta afirmación en una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, en la que se afirma que la empresa pública no renuncia a los litigios en curso ni a posibles reclamaciones futuras.

La secretaria insular del PSOE y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha expresado su preocupación por lo que considera un “riesgo inaceptable” para las cuentas públicas, al mantenerse abierto el conflicto judicial sin haber liquidado completamente el contrato anterior.

Además, asegura que el cambio de operador “exige la formalización de un nuevo contrato público”, con todas las garantías de publicidad y concurrencia, al tratarse de una cesión realizada entre entidades públicas.

Corujo ha criticado al presidente del Cabildo por, según afirma, no trasladar esta información a la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote, pese a tratarse de un servicio “esencial y estratégico para la isla”.

A su juicio, “el agua no puede gestionarse a espaldas de las instituciones ni de la ciudadanía”, por lo que exige una liquidación completa y definitiva del contrato con Canal Gestión antes de formalizar la cesión.

“Confusión deliberada”

En respuesta, Oswaldo Betancort ha desmentido cualquier ocultación de información y ha acusado al PSOE de generar “alarma y confusión deliberada”. El presidente del Consorcio defiende que la cesión está contemplada en el procedimiento administrativo y no interfiere en las reclamaciones judiciales en curso. “La gestión operativa del servicio y la liquidación económica del contrato son planos distintos”, ha afirmado.

Betancort también ha respondido a las críticas sobre la supuesta opacidad, asegurando que “las condiciones de la cesión fueron trasladadas a los miembros del Consorcio el pasado 30 de septiembre para la asamblea celebrada el 6 de octubre”.

Atribuye las críticas del PSOE a una “falta de comunicación entre los alcaldes socialistas y su secretaria general” y considera que responden a un “desconocimiento de la realidad insular”.

El presidente del Cabildo ha recordado además que el Consorcio ha encargado un informe técnico que cifra en 21 millones de euros la falta de inversiones por parte de la actual concesionaria, Canal Gestión.

Según Betancort, este informe constituye uno de los fundamentos de las reclamaciones que la institución mantiene ante los tribunales. “Hablar ahora de defensa de las cuentas públicas resulta cuanto menos cínico”, ha añadido.

Adelanto en época de Corujo

En el plano político, Betancort ha reprochado al anterior grupo de gobierno socialista que, durante el mandato de Dolores Corujo, tramitara pagos a la concesionaria sin actualizar las tarifas, lo que a su juicio motivó parte del conflicto actual. “El PSOE le dio 1,5 millones a Canal por unas tarifas que nunca tramitó, y dejó otros tres millones listos para pagar”, ha señalado.

Ambas partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación del servicio de agua en Lanzarote, pero discrepan sobre el enfoque jurídico y la gestión del proceso de cesión.

Mientras el PSOE reclama una liquidación previa que cierre cualquier posible contingencia futura, el actual gobierno insular defiende que el relevo de operador puede realizarse sin renunciar a la defensa de los intereses públicos en los tribunales.