El consejo de administración del ente público Puertos Canarios, que depende del Gobierno autonómico, lleva este viernes en su orden del día el “acuerdo favorable a la prórroga extraordinaria” por 35 años de la concesión de Puerto Calero, pese a las alegaciones formuladas por quienes han venido adquiriendo apartamentos, locales comerciales y amarres durante las cuatro décadas de existencia del muelle deportivo.

En un comunicado, la Asociación de Propietarios de Puerto Calero reitera que en el procedimiento se está aplicando una modificación legal, introducida en la última Ley de Presupuestos del Gobierno de Canarias, “de forma opaca”, para tanto los inmuebles como los amarres reviertan a la empresa concesionaria de Puerto Calero, que previamente ha comercializado con ellos.

Para el colectivo de propietarios, se trata de una normativa “a medida para facilitar una operación especulativa que vulnera derechos adquiridos por decenas de propietarios particulares y atenta contra la seguridad jurídica del puerto y los centenares de puestos de trabajo vinculados al mismo”.

“Esta advertencia llega en un contexto de gran preocupación entre los propietarios, tras el cierre del plazo de alegaciones a la prórroga de la concesión solicitada por Puerto Calero Marinas SL, y ante los indicios de que el organismo público ignora tanto las alegaciones individuales como las presentadas por la asociación, en representación de más del 65 por ciento de los titulares con derechos en el puerto”, añade la asociación.

Durante una reunión extraordinaria celebrada el pasado 14 de julio, los asociados aprobaron por unanimidad una estrategia de respuesta frente a lo que consideran “una maniobra opaca y lesiva para los intereses de los propietarios y del puerto”.

Así, la asociación ya ha registrado “una firme oposición legal a la prórroga solicitada por el concesionario”, argumentando que la nueva ley aprobada recientemente en el Parlamento de Canarias “parece diseñada exclusivamente para legalizar” un “pelotazo económico sin precedentes en los puertos deportivos del archipiélago”.

“Contraoferta razonada”

Además, los propietarios han presentado lo que denominan “una contraoferta razonada, con el objetivo de alcanzar un posible acuerdo con el concesionario, siempre que se respeten las condiciones y los derechos de los actuales titulares”.

“Esta propuesta contempla aportaciones económicas voluntarias de los socios, que cubrirían la inversión comprometida en la memoria económica del concesionario, sin necesidad de aplicar precios abusivos por metro cuadrado ni expropiar derechos por la vía de la imposición”, añade la asociación.

Judicializar el caso

Desde la asociación se insiste en que, si Puertos Canarios continúa adelante con el proceso sin tener en cuenta las alegaciones presentadas, “no descartan judicializar el caso y actuar en todas las instancias para denunciar el atropello que se va a consumar con una ley a medida tramitada de forma opaca para favorecer intereses económicos en perjuicio de toda la comunidad social vinculada al puerto”.

“No vamos a permitir que se expropien derechos históricos ni que se aplique una ley injusta para beneficiar intereses privados a costa del patrimonio común”, señalan desde la junta directiva del colectivo

Asimismo, se hace un llamamiento a todos los propietarios “para que mantengan la posesión de sus bienes, eviten comunicaciones individuales con el concesionario y canalicen cualquier gestión a través de la asociación y su equipo jurídico”.