Ignoro lo que hay detrás de la elaboración del nuevo plan general de Arrecife. Desconozco a qué obedece el encargo a la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas que tiene al frente al Sr. Berriel (Coalición Canaria), y, ni por asomo, alcanzo a atisbar el alcance de  la relación que mantiene con el Alcalde de Arrecife, Sr. Fajardo Feo (Coalición Canaria).

No sé si el encargo del plan general a un agente externo es bueno o malo para los intereses de la población, porque las diversas lecturas posibles de tal encargo tuvieran potenciales lados oscuros. De un lado, la redacción a cargo de personas alejadas del ayuntamiento permite, teóricamente, alejarse de las presiones de los depositarios de intereses urbanísticos, sean estos políticos o empresarios, pero eso no implica que desde la Consejería no se vaya a ser receptivo con determinados empresarios con estrechas relaciones con el poder.

De otro lado, una eventual relación de complicidad entre el ayuntamiento y la consejería permitiría a los primeros, una vez que se han quitado las presiones de encima,  poder  negociar lo que se les antoje,  de espaldas a la población y en mesa ajena. Frente a esta no se tendría responsabilidad alguna sobre lo que salga del plan porque “lo ha redactado la consejería”, aunque se hubiera negociado todo.

Tras la aprobación inicial, esto es, la exposición pública del contenido, momento en el que estamos, un plan laxo, suave, sin compromiso, para no alterar los ánimos, el propio ayuntamiento presentaría una batería de alegaciones que se recogerían íntegramente, puesto que así se habría acordado. En ellas estarían cubiertas las pretensiones  municipales, las propias y las ajenas, y ya sólo queda el escollo de  la aprobación final. En este punto conoceríamos el verdadero plan general, el documento  definitivo, aprobado y sin posibilidad de marcha atrás, pues las alegaciones no son alegables aunque se hubiera modificado todo el documento que conocíamos.

Parecería adecuado que el Sr. Alcalde publicitara la postura que el gobierno municipal pretende defender. Como nuestro representante,  en tanto sea sobre el interés general, sería adecuado  conocer, de unas posibles alegaciones, su posición frente al Islote del Francés, y las dos, nueve o catorce plantas de altura por las que apueste para este suelo. Que nos cuente que dirá sobre la protección de las salinas, y qué sobre las piezas de suelo que quedan por edificar en el municipio. Todo ello, para conocer antes de la aprobación definitiva si, efectivamente, representan los intereses generales, o si lo que hace es atender los muy particulares intereses de la panda de siempre. 

No tendríamos que encontrarnos, al final del proceso, con una ciudad trazada, una vez más, a espaldas de todos, y en un momento de especial sensibilidad social, con el gobierno de Canarias, algunos Cabildos, y el propio ayuntamiento de Arrecife, solicitando ser escuchados por el gobierno central  para que unos intereses particulares (los de Repsol) no hipotequen nuestro modo de vida.

La supuesta piña de nuestros gobernantes con la población para el tema del petróleo, debería seguir siendo efectiva para estos otros asuntos, donde  corremos el riesgo de que  se antepongan unos intereses particulares, esta vez de nuestro empresariado o nuestra clase política, frente al interés general. La experiencia indica que siempre hay alguien a quien, de forma escalonada, se le puede poner la pata encima. Según CC y el PSOE, Madrid a Canarias con lo de REPSOL y, en este escenario del PGOU, el gobierno municipal nos  la puede poner a nosotros.

Demandan que se escuche al pueblo,  se les llena la boca con lo de la participación, pero sólo cuando conviene a sus intereses partidistas. De resto, según indica la experiencia, estamos mejor calladitos.