Lo primero que habría que preguntarse es por qué algo que está pendiente de autorización ya ha sido construido. Y, para más abundamiento, por qué se ha realizado una instalación contraviniendo la denegación expresa de la licencia municipal del Ayuntamiento de Yaiza y por qué este lo ha permitido. Rizando el rizo, el Gobierno de Canarias recurre ahora a la excepcionalidad para legalizar lo que nació siendo ilegal.

Nos queda meridianamente claro cómo actúa este gobierno: a las bravas, sin importarle que esté en plena efervescencia el debate sobre las Zonas de Aceleración de Renovables —ZAR— y haciendo, como siempre, lo que conviene a sus intereses. Sabemos que el ZAR ha sido ampliamente rechazado, y que la población de Lanzarote y sus representantes municipales se han atrevido a oponerse a las maniobras del Gobierno. La respuesta es esta instalación: una muestra anticipada de lo que nos espera. Con fotovoltaicas y eólicas, con plan de aceleración o sin él, van a hacer lo que les venga en gana. Lo cual no difiere en nada de lo que se ha venido haciendo desde el Gobierno, unos y otros, se llamen Clavijo o Torres, sean de CC o del PSOE.

A todo esto, me gustaría escuchar al secretario insular de CC en Lanzarote, Pedro San Ginés, pronunciarse sobre este asunto. Que explique su posición ante una medida excepcional dictada por el gobierno de CC, partido del que forma parte y del que es figura estelar: ese partido que se salta los procedimientos que él mismo propone —hablamos del ZAR— y que se levanta de la mesa para imponer mientras todavía se discute cómo hacerlo mejor.

Entrando en el terreno de la hipótesis —y el propio desarrollo de los hechos invita a ello—, cabe preguntarse si la empresa propietaria del suelo en Playa Blanca acudió al presidente Clavijo o al consejero Zapata por cauces informales al verse sin licencia. Si alguien le garantizó la autorización excepcional, no sería difícil entender que, con semejante aval, se pusieran manos a la obra sin esperar a tener los papeles en regla.

De haber ocurrido así, Clavijo habría entrado de lleno en un terreno peligroso: el de la desautorización del gobierno municipal de Yaiza y, por ende, un pulso y una lección al pueblo de Lanzarote, mostrando quién manda aquí. Una nueva demostración de poder que deja claro hasta dónde puede llegar para satisfacer al empresariado, aunque eso suponga pasar por encima de la autoridad municipal, de la ciudadanía y de las singularidades del paisaje insular. Una soberbia que tiene un coste político: el del enfrentamiento con una población que, más pronto que tarde, tendrá la palabra en las urnas.