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Yaiza sigue sin recuperar las zonas públicas ocupadas por hoteles en Playa Blanca

El informe que reconocía las usurpaciones de zonas verdes es del año 2013 y el Ayuntamiento aún no tiene el uso de los 130.000 metros cuadrados que fueron apropiados de forma ilegal

El Hotel Casa del Embajador debía despejar la zona de la pista de tenis y derribar un almacén. Fotos: Manolo de la Hoz.
Saúl García 2 COMENTARIOS 10/07/2019 - 06:40

En diciembre de 2014, la entonces alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, aseguraba que el Ayuntamiento iba a recuperar “de manera inminente” las numerosas zonas verdes públicas que habían sido ocupadas ilegalmente durante años en Playa Blanca, principalmente por instalaciones deportivas y de ocio por parte de empresas hoteleras.

Acuña tenía sobre la mesa un extenso informe jurídico del año anterior que determinaba que se habían ocupado en los planes parciales de Costa Papagayo y Montaña Roja unos 130.000 metros cuadrados. El informe concluía que había que recuperar la posesión del suelo público y que, en algunas zonas, habría que derribar lo construido.

El Ayuntamiento habló, incluso, de sacar a concesión esas zonas mediante concurso público para explotar las instalaciones y afirmaba que al Ayuntamiento se le iba “a tener que pagar un canon”. El informe destacaba “la irregularidad que supone que una mercantil pueda explotar y enriquecerse económicamente con una zona verde del municipio” sin pagar nada a las arcas municipales.

Han pasado cuatro años y medio y el Ayuntamiento sigue sin recuperar ninguna de esas zonas. Ni la posesión ni el uso. Tampoco ha respondido a las preguntas realizadas por Diario de Lanzarote para aclarar la situación de cada pieza de suelo y para recabar cuáles van a ser los siguientes pasos por parte del Ayuntamiento para recuperar dichas zonas.

En abril de 2016, el Ayuntamiento comunicó a dos hoteleros que tenían que dejar libres las zonas verdes y espacios libres municipales que ocupan, en el Hotel Son Bou, propiedad de Juan Francisco Rosa, y en el Hotel Casa del Embajador, de Honorio García Bravo. En el primer caso, el Ayuntamiento pedía que eliminara el vallado que rodea una zona verde, el depósito de gases licuados y el acceso al sótano que también se encuentra en ese suelo.

En el caso de la Casa del Embajador, lo que se encuentra en zona verde pública son dos canchas de tenis y unos almacenes que están vallados y que usa el hotel. Yaiza pedía la demolición del almacén en el plazo de dos meses y advertía con que si no lo hacía, lo derribaría el propio Consistorio con sus medios pero a costa de los hoteles.

También pedía el derribo de una oficina sobre una zona verde pública y la recuperación en los complejos Sun Tropical y Sun Island, que ocuparon al menos desde 1991 suelo público con carpas, piscinas y zonas recreativas, entre otras irregularidades.


El mini golf ya no está pero el acceso a la zona tampoco es libre.

Unos meses después, en diciembre de 2016, el grupo de gobierno de Yaiza aprobó en pleno una resolución que declaraba nulo de pleno derecho el acuerdo de abril de 2004 que dio vía libre al convenio suscrito entre la institución y la firma Getsu No Denwa, por el que se le cedió, de forma gratuita y por medio siglo, el derecho de uso de tres parcelas municipales situadas en Costa Papagayo.

El exalcalde, José Francisco Reyes, llegó a firmar un convenio con la empresa por el que, a los 50 años, el hotel le devolvía las instalaciones “con el personal contratado”, que pasaría a engrosar la plantilla del Ayuntamiento. Las parcelas suman en total 31.887 metros cuadrados. En una está el complejo deportivo y de ocio Kikoland del hotel Princesa Yaiza, en otra el minigolf del hotel Hesperia Playa Dorada y en otra el aparcamiento de los hoteles.

Los afectados por la anulación del convenio recurrieron y en abril del año pasado el Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria dio la razón al Ayuntamiento señalando que se produjo “una alteración del régimen de usos no lucrativos previstos en el plan parcial para las zonas verdes públicas” y que se debió sacar a concurso la licitación. Hubo una “omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido” en la cesión de las zonas verdes públicas.

“No es sólo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite” para adoptar el citado acuerdo, añadía el Juzgado. En enero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo firme la sentencia.

Kikoland sigue explotándose

El complejo Kikoland, junto al Princesa Yaiza, no solo no ha cerrado a pesar de la orden del Ayuntamiento sino que hace tres años anunció que estrenaba nuevas instalaciones, y hace unos días anunciaba que abría la inscripción para su nuevo campamento de verano con “actividades deportivas, clases de repaso y de idiomas” para niños y niñas entre los cinco y los doce años de edad, entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

LA QUERELLA SOBRE LAS ZONAS VERDES SIGUE ADELANTE

Podemos presentó una querella por este asunto a finales de 2017, que se tramita en el Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife y apunta a la comisión de delitos de prevaricación urbanística y fraude a la administración. La querella se dirige contra el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, así como contra las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa.

En la querella se destacaba que “las mercantiles urbanizadoras de Costa Papagayo no cumplieron el compromiso asumido frente a la Administración pública de hacer constar la trasmisión legal de los suelos públicos cedidos obligatoriamente al patrimonio municipal, en virtud de las determinaciones del plan parcial, y que debieron ser destinados a zonas verdes, viales y dotaciones complementarias”.

La defensa de Rosa ha pedido hasta en dos ocasiones el archivo de la causa, a la que se ha opuesto la Fiscalía y que ha sido rechazada por el Juzgado. Alegan que el asunto ya ha sido resuelto en vía administrativa, aunque aún no han desalojado la zona. La asociación Jiménez de Asúa, expulsada de varias causas por pretender erigirse en acusación popular sin acusar, se ha querido incorporar al procedimiento y la Sección sexta de la Audiencia Provincial tendrá que pronunciarse al respecto.

Comentarios

Vaya tela...y cómo se llama eso? transparencia política?.Sólo pasa aqui , que parece vivimos en la ultraperiferia ,incluso para que las ratas vivan mejor que en ningún lado.
" El Claco " después que perdió el poder en Yaiza y en Gobierno de Canarias, se encuentra algo despistado. ¡¡ Pero últimamente ha metido la " patita " en el gobierno de Yaiza.

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