La vista oral por el juicio de la caza de pardelas en Alegranza en el año 2014 se ha celebrado este miércoles por la mañana en Arrecife y ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo penal número 1, cuya titular es Margarita Gómez.

En el banquillo se han sentado 18 acusados y uno más, Adal González, que ha declarado por videoconferencia porque cumple condena en la cárcel por tráfico de drogas por una detención que se produjo dos días después de los hechos en septiembre de 2015.

La Fiscalía solicita la condena de 11 de los acusados y la acusación popular, representada por la Asociación de amigos de la pardela cenicienta y Transparencia Urbanística (TU), la de todos los acusados.

El Ministerio Fiscal pide una multa que supera los 5.700 euros, que la acusación eleva a 8.700, por un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de protección de la fauna y tres años de inhabilitación especial para la profesión u oficio relacionado con la actividad de caza así como para el ejercicio del derecho a cazar.

Las defensas piden la absolución y consideran que no se ha podido demostrar la implicación de sus patrocinados.

Todos los acusados negaron los hechos durante su declaración pero no respondieron a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación popular. Un grupo declaró que permaneció en Alegranza entre el día 4 y el 8 de septiembre y llegó hasta allí en el barco de Fernando González Berriel, otro grupo dijo que solo fue a pasar el día a la playa y a pescar y que fueron en zodiac desde Órzola y otro grupo que fue en zodiac desde Caleta de Sebo y tan sólo pasó allí un día. La intervención de la Guardia Civil en la que se identificó en la playa de El Veril (Alegranza) a los 19 acusados se produjo el 8 de septiembre.

Los acusados coincidieron, a grandes rasgos, en ofrecer la misma versión. Negaron haber cazado, cocinado o comido pardelas y alegaron que en la playa , en el momento de la intervención de la Guardia Civil, estaban fondeados entre seis y diez barcos y había entre 35 y 45 personas, según la versión de cada cual, y que el resto salió corriendo cuando llegaron los agentes. Todos alegaron que la Guardia Civil no les leyó sus derechos y la mayoría dijo que no conocía a todo el grupo de acusados, es decir, que no formaban parte del mismo grupo.

También declararon todos que llevaban su propia comida y bebida en sus embarcaciones. Unos aseguraron que llevaban un caldero de cabra en una zodiac aunque algunos no supieron determinar el número de personas exacto que iba en la zodiac.

Los once acusados por la Fiscalía son Fernando González Berriel, Juan Carlos González Berriel, Andrés Curbelo González, Juan Hernández Martín, Antonio Quintana López, Victoriano Santana Cabrera, Juan Cuevas Alonso, Jaime Isaac Rodríguez Rodríguez, Orlando José Rivera Cabrera, Adal González Cabrera e Ibrahim Josué Cabrera Delgado.

Los otros ocho acusados son Agustiniano Hernández de León, Sotero Martín Villalba, Juan Miguel Medina Rodríguez, Cristóbal Miguel Morales Ventura, Juan José Rivera Barrios, Isidro Manuel Brito Hernández, Gabriel Eugenio Hernández y Juan Carlos Eugenio Hernández.

En el juicio declararon seis testigos y un perito que hizo el análisis de ADN de los restos incautados y señaló que se trataba de pardela cenicienta "sin ninguna duda". Además de él, declararon los tres guardias civiles que participaron en el operativo, el veterinario que custodió los pollos cocinados y los dos agentes de medio ambiente del Cabildo que realizaron una inspección al día siguiente de los hechos y encontraron un saco con diez pardelas muertas y un bichero para cazarlas.

Las defensas impugnaron la cadena de custodia de las pruebas (una bolsa con una parte del guiso de pardela que se estaba cocinando en la playa) alegando que se había roto porque la Guardia Civil se la entregó antes de llevarla al Juzgado a un veterinario que no es funcionario y recriminaron que los agentes no llevaran bolsas con precinto para guardar las pruebas y lo hicieran en una bolsa de basura.

También aseguraron que no hay ninguna prueba de que los acusados cazaran o cocinaran las pardelas. "Se pretende hacer un acto de fe", señaló uno de los abogados. También insistieron en que se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados porque no se les leyeron sus derechos cuando fueron identificados.

En el turno de conclusiones, la Fiscalía señaló que la cadena de custodia no fue impugnada cuando era el momento oportuno y que ha quedado demostrado que se trató de un convite organizado en el que participaron todos los acusados.

La abogada de TU, Irma Ferrer, señaló que no hay un criterio objetivo en la acusación de Fiscalía que permita discriminar a unos acusados de otros y por eso considera que todos son culpables. Pidió que el hecho de que no contestaran a las preguntas de las acusaciones fuera valorado por la jueza y dijo que el atractivo de comer pardelas en Alegranza es "el atractivo de la infracción" porque se trata de una especie protegida en un espacio protegido. "Lo que hacen los acusados es una exhibición de la impunidad, la fiesta de la depredación", señaló.