La asociación Jiménez de Asúa, expulsada del caso Unión, ha perdido en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife una demanda que interpuso para tratar de disolver al colectivo Transparencia Urbanística, que ha llevado a cabo una labor contra la corrupción desde que se constituyó y ejerce la acusación en numerosas causas, como en Stratvs o en la denominada pieza Jable del caso Unión.

La jueza Raquel María Rivero ha rechazado “íntegramente” la demanda de la asociación Jiménez de Asúa y señala en la sentencia que carece de legitimación para pedir la disolución del colectivo Transparencia Urbanística. Además, le condena a abonar las costas del procedimiento.

En la sentencia, le jueza destaca que “no alcanza” a “entender qué legitimación o interés legítimo tiene la asociación Jiménez de Asúa para solicitar la declaración judicial de disolución” de Transparencia Urbanística y, de hecho, al rechazar su legitimación, ni siquiera ha entrado en el fondo de la demanda.

Jiménez de Asúa aludió al derecho de asociación recogido en la Constitución Española, que estipula que son ilegales “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos”, recalca que las asociaciones “deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad” y concluye que “se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar”.

La jueza destaca que la demanda de la polémica asociación Jiménez de Asúa tenía un fin "inadecuado" o "improcedente"

La jueza destaca la “enjundia” de la pretensión de Jiménez de Asúa, puesto que quien apela a la Constitución no es “un miembro de la asociación” Transparencia Urbanística, sino otra entidad “ajena” al colectivo, que alega una “vulneración en el derecho de asociación” a pesar de no formar parte de la misma. Para la jueza, el objetivo de Jiménez de Asúa resulta “inadecuado o improcedente”.

En ese sentido, la jueza advierte de que ni siquiera va analizar las pretensiones de Jiménez de Asúa, que además critica que fueron “expuestas de una manera farragosa e incomprensible”. Así, acoge totalmente la solicitud de Transparencia Urbanística, que argumentó que Jiménez de Asúa carecía de legitimación y que no procedía entrar al fondo de la demanda.

El polémico historial de Jiménez de Asúa

La demanda de Jiménez de Asúa se interpuso en diciembre de 2016 y el juicio se celebró el pasado mes de septiembre. El historial de Jiménez de Asúa en Lanzarote está vinculado a la polémica.

La asociación Jiménez de Asúa se creó en julio de 2015 en Las Palmas de Gran Canaria aunque toda su actividad se centra en Lanzarote. A pesar de que quiere ejercer la acusación popular, no se ha presentado públicamente y en los casos en los que se ha admitido su personación, tampoco la ejerce.

En el caso Unión, se personó en una pieza con la instrucción terminada y pidió la nulidad del auto de apertura de juicio oral, lo que retrasaría todo el caso y la celebración de juicio. Fue expulsada porque no tenían acreditados los requisitos objetivos para ser parte del proceso ni habían trasladado su acta fundacional ni estaba claro su interés legítimo ni sus fines.

La jueza Silvia Muñoz señaló sobre esta asociación que usaba la acusación popular de modo torticero, "desdibujando los límites para los que fue concebida". Jiménez de Asúa recusó a la juez instructora del caso Unión y también se querelló contra el juez Pamparacuatro, pero la querella fue archivada y se les impuso una multa de mil euros por mala fe.

El Ministerio Fiscal viene advirtiendo al menos desde el año 2015 de que esta asociación podría estar intentando entrar en la causa como un "caballo de Troya" con "intereses bastardos" y, sobre su personación en el caso Unión, afirmó que "si no es un abuso en el ejercicio de la acción popular, se le parece".

Juan Alberto Rubio Ortega, abogado de Jiménez de Asúa.

En defensa de los acusados

El letrado de la asociación Jiménez de Asúa, Juan Alberto Rubio Ortega, insistió hasta en tres ocasiones en que Transparencia Urbanística está creando alarma social porque pide penas de cárcel de hasta 21 años, en referencia a la pena que solicita para Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs, y que también solicita "el cierre de instalaciones", por la misma bodega.

Además de la censura a la actuación de Jiménez de Asúa por parte de la Fiscalía y los tribunales en los casos citados, Transparencia Urbanística también ha destacado que la asociación que intentó sin éxito su disolución ha sido “útil” a los “intereses” de acusados en casos de corrupción como los empresarios Luis Lleó y Juan Francisco Rosa o el exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.