La Zona de Aceleración de Renovables, ZAR, es un proyecto de clara afección al territorio y, a pesar de  ello, no suficientemente conocido por la población ni por sus dirigentes públicos.

El ZAR es un protocolo que firman el Gobierno de Canarias y los cabildos —en nuestro caso el Cabildo de Lanzarote— mediante el cual se parcela el territorio de manera que quedan establecidas aquellas zonas que sean susceptibles de la instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas. Se cuantifica en el 3,75% el suelo que se reservaría para este fin, en un goteo de instalaciones por toda la isla que, en la práctica, y si lo juntáramos todo, sería tanto como la superficie de La Geria, esto es, más de tres mil hectáreas, y siendo más precisos, treinta millones de metros cuadrados.

Es importante señalar que el ZAR hace diferencia entre zonas aptas, donde cabría añadir las renovables, y las zonas condicionadas, que también podrían ser aptas si se revisaran algunos aspectos relacionados con las áreas de Agricultura, Biodiversidad u otras cuestiones como las servidumbres aeronáuticas. Lo que desconocemos es si las zonas condicionadas están en los treinta millones de metros o hay que sumar algunos cientos de miles de metros más de esta categoría.

No olvidemos que si esa es la superficie destinada es porque el Cabildo de Lanzarote ha hecho su tarea y  ha puesto a disposición del Gobierno —autor de la iniciativa—  treinta millones de metros cuadrados, puesto que es quien ha determinado las áreas que podrían acoger proyectos de energía eólica o fotovoltaica en la isla, tomando como base su Ordenanza Provisional Insular y las normativas ya vigentes en materia de renovables. El resultado es la propuesta que conocemos y de la que Oswaldo Betancort pretende ahora apearse, probablemente, con toda la razón. Este dato podría ser un indicador de que la Ordenanza Provisional Insular debería ser objeto de revisión.

En 2025, Betancort, presidente del Cabildo y Jesús Machín Tavío, consejero de Política Territorial de la misma institución, ambos militantes de CC, y el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, del PP, mostraron plena sintonía en lo que estaban acordando sin que ninguno de los dos lanzaroteños pareciera incómodo, siendo posible que estuvieran plenamente convencidos de la bondad de lo que el Gobierno pretendía. Puede, también, que ni se enteraran de nada, lo cual es muy plausible. En síntesis, se trataba de parcelar la isla para que los operadores privados pudieran repartirse el pastel de las plantas de captación de energía con el pretexto de que nos adelantábamos a la descarbonización. Que éramos un ejemplo de sociedad comprometida, se decía, y, yo añado, como en Fuerteventura, donde la proliferación de suelos con instalaciones fotovoltaicas provoca un enorme impacto visual y una merma de los valores ambientales.

Lo que no dicen nunca, sino que lo comprobamos en nuestros bolsillos más tarde, es que comprometemos nuestro recurso más valioso sin que se abarate el precio de la energía, pues los operadores son agentes interpuestos que vuelcan la energía obtenida a la red eléctrica y la comercializan las empresas que ya conocemos. Es decir,  que todo el beneficio que tendríamos que repartirnos para bajar el precio de la factura de la luz se los llevan los de en medio. Si los de en medio fueran los cabildos, podríamos tener juego para que se impusiera lo público, se primara el interés general y se estableciera el abaratamiento de la energía.

Se hablaba, entonces, de consenso con la sociedad y consenso territorial, y daban cabida a  afirmar que era la fórmula para avanzar hacia las energías renovables sin renunciar a la identidad paisajística ni a la protección del territorio. “Este protocolo refuerza nuestra soberanía insular en la toma de decisiones estratégicas”, lo cual no tengo ni idea de lo que significa a los efectos de nuestro bolsillo, pero es lo que afirmaba Oswaldo Betancort. Lo que sí quería decir es que somos nosotros los que tomamos estas decisiones, algo rotundamente falso.

También Zapata se llenaba la boca con frases del tenor de que las zonas ZAR “son una figura novedosa en el marco normativo canario, que surge por iniciativa de este Gobierno y que no buscan sino el consenso con la sociedad y las administraciones para seguir apostando para lograr una Canarias descarbonizada sin renunciar a la necesaria protección medioambiental". Para que eso suceda, añado yo, bastaría con el autoabastecimiento financiado con fondos públicos —esta vez sí— instalando placas sobre las cubiertas de los inmuebles que lo permitan y que supongan el mínimo impacto.

Lo que ni Zapata ni Betancort decían, porque no les convenía, es que, con este modelo, cualquier promotor que inicie un proyecto dentro de una zona ZAR contará con un marco más ágil y seguro para su tramitación. En el fondo es de lo que se trata, no de la sostenibilidad o la descarbonización sino de crear las garantías para que el negocio que es para terceros no tenga ni un tropiezo y que a ningún ayuntamiento se le ocurra poner pegas.

Ni tan siquiera se han molestado en considerar que sea la iniciativa pública la que lidere la puesta en marcha de la actividad, que es lo único que garantizaría una energía más barata. La ausencia de esta consideración sobre lo público en el discurso de ambos representantes —igualmente públicos— pone de manifiesto en lo que están todos estos. Sobra decir, dónde.

En los últimos meses se han evidenciado algunas discrepancias entre nuestros protagonistas, más sobre la forma que sobre el fondo, pues se detectaron errores en los planos que acompañaban este proyecto. Ello encendió las alarmas, pudiendo comprobarse que nadie en la isla había valorado seriamente el alcance del ZAR.  Fue providencial la detección de los errores  para que en Lanzarote abrieran los ojos a lo que se podría avecinar, pues la isla tiene en alta estima su paisaje, así sea porque conviene para captar turistas, más que por convencimiento de los valores para su comunidad.

Esos errores le valen a Oswaldo Betancort para echarse atrás y para señalar que no está conforme con lo que antes parecía de su pleno agrado. Zapata, perplejo, defiende que es fruto del consenso con el Cabildo y desde el Cabildo no dicen que no se habían enterado del intento de gol por la escuadra, pues sería tanto como acercarse al abismo de la inoperancia.

En lo que nos trae hasta aquí, no hay razones para pensar si Mariano H. Zapata miente o no miente, pero casi podemos adivinar que dice la verdad y que Oswaldo Betancort ni supo ni le interesó lo que iba a firmar con el Gobierno poniendo al Cabildo por delante, o, simplemente, se tiró a la piscina y dio su conformidad porque Clavijo es el presidente y comparten el mismo partido.  Eso no significa que Zapata sea trigo limpio, pero su fama le precede aunque no tenga condenas por corrupción. El expresidente del Cabildo de La Palma tiene a sus espaldas irregularidades, denuncias  o actuaciones judiciales relacionadas con su gestión pública en aquel periodo. Betancort sólo se apuntó a la foto y a las palabras altisonantes y vacías, y, por lo que se aprecia, no se les ocurrió hacer un par de operaciones matemáticas para entender sobre cuánta superficie incide el ZAR en la isla ni que la fórmula está diseñada en exclusiva para el negocio, pues lo del 3,75 parece una minucia hasta que lo conviertes en metros cuadrados. De todos lados le debieron llover las galletas y eso ha hecho que se manifieste en contra ahora.

Un aprendizaje para todos nosotros es conocer cómo  llegan a acuerdos nuestros representantes y en qué premisas se sustentan, y, la otra, es cómo se la juega el Gobierno de Zapata que dirige CC con la contribución del PP para vender la isla a sus amigos.

No olvidemos que Betancort llegó a agradecer al Gobierno de Canarias el apoyo técnico y la sensibilidad mostrada para “caminar juntos hacia un futuro verde”. Le traicionó el subconsciente y creyó que hablaba de los billetes de cien euros.  

Con el territorio, en lo que nos afecta a nosotros, es lo que hemos contado, una mezcla de ignorancia, de chuleo y de permanente intento de depredación, pero es lo mismo con todo lo que emprenden en Lanzarote. Por terminar, nadie dice si estamos gobernados por unos mamarrachos que nos quieren tutelar para abusar o si es que sólo a mí me lo parece.