Las empresas Urbaser y FCC han depositado en el Juzgado fianzas por valor de unos 25 millones de euros para responder de la responsabilidad civil y de las multas de los trabajadores acusados en la operación Jable. En el caso de Urbaser, irán a juicio cuatro directivos, además del ex gerente de la empresa en la Isla, Jacinto Álvarez, mientras que en el caso de FCC serán dos los directivos que se sienten en el banquillo. En caso de que sean condenados, la empresa respondería con las cantidades depositadas por el daño producido al erario público en el Ayuntamiento de Arrecife. La instrucción de esta pieza ya ha finalizado por completo y se ha trasladado el sumario a la Audiencia provincial de Las Palmas. Ahora se tendrá que fijar la fecha de la vista oral que se puede retrasar tal y como está pasando con la pieza de las comisiones ilegales, cuya acusación se formuló hace dos años y aún no se ha fijado la fecha para el juicio.

Urbaser ha tenido que depositar más de 16 millones a través de dos pólizas de seguros para responder de la responsabilidad civil directa por el que quebranto que produjo la adjudicación y el contrato de limpieza y parques y jardines que se estima en más de nueve millones de euros, así como de las multas solicitadas a sus cuatro directivos: Francisco José Martínez Llerandi, Stephan Jean Antoine Balverde, Santiago Alonso Herreros y Manuel Andrés Martínez, ya que no se hace cargo de la posible multa que tuviera que pagar Álvarez, que ha reconocido los hechos.

En el caso de FCC, el quebranto para el Ayuntamiento por la construcción del pabellón de deportes de Argana, ahora cerrado con problemas estructurales, se estima en más de ocho millones, a los que hay que sumar las multas sus trabajadores, Enrique Hernández y Enrique Astorga. FCC ha presentado un aval bancario del BBVA por más de nueve millones de euros. Estas fianzas garantizan que si los responsables de estas empresas son condenados, el Ayuntamiento de Arrecife pueda recuperar el dinero malversado.

Los otros acusados no han presentado fianzas y se ha procedido a los embargos tanto de nóminas como de propiedades. Así, en el caso de Rafael Arrocha, actualmente en prisión, e Isabel Déniz, se les ha embargado una parte de la nómina. A Déniz también se le ha practicado un embargo sobre su vivienda en Playa Honda y sobre una casa, cuya construcción no se llegó a terminar en Caleta de Sebo. A Dimas Martín le han embargado cuatro fincas rústicas y al ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, se le ha embargado una casa en Costa Teguise.

Con el cierre de esta instrucción, tan sólo falta que se fijen las vistas orales de los juicios pendientes. Quedan por juzgarse el procedimiento del Jurado del soborno de Luis Lleó a Carlos Espino, que dio origen a la investigación y que se ha retrasado ya más de cuatro años desde que se conoció la acusación de Fiscalía en el año 2013, y queda por fijar la fecha de la otra pieza que acumula mayor número de imputados: las comisiones ilegales de miembros del PIL en Arrecife, de la que aún no se sabe cuándo será la vista oral a pesar de que la instrucción finalizó a principios de año. La única pieza de Unión cuya instrucción no ha terminado está en el Juzgado número 4 de Arrecife y se investiga la trama de testaferros que habría hecho Dimas Martín para eludir el pago de las multas por el caso del Complejo agroindustrial.

En la operación Jable se sentarán en el banquillo 17 personas por las tramas de FCC y Urbaser. También hay dos personas a las que se considera participantes a título lucrativo, la mujer de Dimas Martín y el marido de Isabel Déniz, que supuestamente se habrían beneficiado de los delitos cometidos. La acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, solicita penas que van desde los 22 años de prisión para la ex alcaldesa Isábel Deniz y el ex jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, hasta penas que no comportan cárcel, como el año de multa que se solicita para tres de los administradores de la sociedad Gamma Install: el actual presidente del Casino Club Náutico, Julio Romero y los ingenieros Rafael Corujo y Daniel Hernández.

La acusación se divide en tres partes. La primera tiene que ver con el contrato de la basura, la segunda con el de parques y jardines, y la tercera con el pabellón de Argana. Déniz y Arrocha están implicados en las tres y les piden ocho, ocho y seis años de prisión, respectivamente. El otro encausado que estaría implicado en las tres tramas es el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, al que le piden una pena que suma 19 años.

Los directivos de Urbaser, que fueron detenidos durante la operación, estarían implicados en dos tramas y les piden 16 años de cárcel en total. Se trata de Stephan Jean Balverde, Francisco Martínez Llerandi, Santiago Alonso, Manuel Martínez y el gerente de la empresa en la Isla, Jacinto Álvarez. A Dimas Martín y Matías Curbelo les piden ocho años de prisión a cada uno de los dos, por su participación en la primera de las tramas, al igual que al ex secretario de organización del PSOE y funcionario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Leal. 

Setenta cajas con el sumario se trasladan a Las Palmas

Este miércoles se procedía al traslado del sumario del caso Jable al Decanato de la Audiencia provincial de Las Palmas. Para ello se trasladaron hasta Arrecife tres agentes de la UCO que cargaron en una furgoneta 70 cajas con el sumario, de las que 31 corresponden a las pruebas del caso y las otras 39 a los 134 tomos del procedimiento, que suman 75.161 folios. A estos hay que sumar los tomos de responsabilidad civil y pecuniaria de los encausados. En la imagen, momento en que se finalizaba la carga.