El Ayuntamiento de Tías, a través de su concejal de urbanismo, Ulpiano Calero, emitió un decreto el pasado 29 de mayo por el que ordena el precinto de las obras que se están llevando a cabo en el complejo de apartamentos Las Terrazas del Puerto, en la calle El Toscón de Puerto del Carmen. La empresa responsable de las obras es la sociedad Insula Space and Design.

El pasado 24 de abril el Ayuntamiento denegó la licencia que había solicitado esa sociedad para la “rehabilitación y decoro de unidades residenciales y zonas comunes”. La Policía Local detectó posteriormente que, a pesar de no tener licencia, las obras continuaban realizado trabajos de “canalización de tuberías, reparando la antigua recepción y trabajos de fontanería en el interior de los apartamentos”.

Poco después, el 4 de mayo, el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 4 de Las Palmas emitió un auto por el que suspendía la ejecución de la vía de hecho en que había incurrido el Ayuntamiento de Tías al paralizar las obras.

Unos días más tarde, el Ayuntamiento inició un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por estas mismas obras, además de ordenar la suspensión inmediata porque no tienen licencia.

Mientras tanto, el Juzgado decidió mantener la medida cautelar que había dictado pero advirtiendo de que eso no impedía que el Ayuntamiento pudiera paralizarlas por la ausencia de licencia. Un informe de la Policía Local señala que en la antigua recepción se estaban colocando unas vigas de hierro de forma vertical, para hacerla nueva, lo cual necesitaría licencia, que no tienen.

Los abogados de otros propietarios del complejo pidieron que ejecutara de forma inmediata tanto la paralización de las obras como el precinto. En dicho decreto se especifica que, en base a la Ley del Suelo, si se incumplen las órdenes de suspensión o precinto se podría proceder a la retirada de la maquinaria y los materiales, a la imposición de multas entre 200 y 2.000 euros y a la ejecución subsidiaria por parte de la Administración a costa del responsable.

De hecho, el Ayuntamiento ha decidido citar a los responsables de la infracción para que comparezcan en el acto de ejecución subsidiaria que se llevará a cabo el próximo 9 de junio en caso de que no la ejecuten antes los propios afectados.

Denuncias de los vecinos

No es la primera vez que el Ayuntamiento paraliza obras en este complejo de más de cien apartamentos. En 2017, la sociedad Ortiman y otras con los mismos socios compraron la mayoría de ellos, pero aún sigue habiendo tanto personas residentes como otras que alquilan sus apartamentos a turistas o los usan como segunda residencia.

Fuentes municipales señalan que el complejo se ha quedado en una especie de limbo urbanístico porque no tiene licencia ni como turístico ni como residencial

Las obras de remodelación de las zonas comunes y de algunos apartamentos comenzaron en el verano de 2018 y se paralizaron en junio de 2019 por parte del Ayuntamiento, dejando los trabajos a medias y en una situación casi de inhabitabilidad para los vecinos que se mantenían en las casas, que denunciaron en varias ocasiones las condiciones de insalubridad en que tenían que vivir, con el pavimento levantado y los cables de la luz en medio del complejo.

La Junta de propietarios nombró a la sociedad Insula Space and Design como explotadora turística y se propuso hacer el cambio de carpinterías en las puertas de las viviendas y las terrazas, la modificación de la entrada y el cambio de la instalación eléctrica del complejo, junto con la obra civil necesaria en fachadas, muros y pasillos.

La sociedad alegaba que estaban obligados a adaptar  la instalación eléctrica del complejo a la nueva normativa. Sin embargo otros propietarios denunciaron que las obras no se correspondían con las que se habían aprobado. El Ayuntamiento ratificó que las obras no tenían título habilitante que las amparase y carecían de la documentación en materia de seguridad y salud.

Limbo urbanístico

El abogado de la sociedad Insula Space, Antonio López-Socas, señaló entonces a Diario de Lanzarote, cuando se paralizaron las obras por primera vez, que el complejo era de uso turístico, y no residencial, y que no estaban contemplados otros usos, además de que no hacía falta licencia sino solo un acto comunicado.

El abogado aseguraba que, para comercializar los apartamentos, el resto de propietarios estaban obligados a llegar a un acuerdo con la empresa explotadora porque el complejo está sujeto al principio de unidad de explotación turística.

Otro de los propietarios señalaba que esa sociedad no contaba con el permiso del Cabildo de Lanzarote, que es preceptivo, para operar como complejo turístico y que el complejo siempre había sido residencial y turístico.

Fuentes municipales señalan ahora que el complejo ahora se ha quedado en una especie de limbo urbanístico porque no tiene licencia ni como complejo turístico ni como residencial.