El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Lanzarote ha desvelado, en una rueda de prensa junto a su abogado David Monte, que ha recurrido a la Audiencia Provincial decisiones del juez Jerónimo Alonso, que instruye la causa por los cobros de Ignacio Calatayud en Inalsa, así como que ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial y ha recalcado que “nunca” ha estado “más animado” para volver a ser candidato a la presidencia de la Corporación insular.

En concreto, San Ginés ha recurrido ante la Audiencia Provincial los autos del juez que ordenaron el registro de su vivienda en Arrecife así como el “bloqueo” de sus cuentas corrientes y el “embargo” de sus  bienes, al considerar que “no fueron ajustados a Derecho”, según explicó su abogado defensor.

La base de la impugnación es que se tacha de “medida desproporcionada registrar una vivienda, existiendo un informe de la Guardia Civil que concluye que no hay vinculación entre el patrimonio personal de Pedro San Ginés y el abogado Ignacio Calatayud o la sociedad que le vendió la casa”, añadió el letrado del expresidente del Cabildo.

San Ginés apostilló que no entiende “cómo han tardado siete meses para copiar el contenido de unos dispositivos” electrónicos, en referencia a su teléfono móvil o su tableta, y que no se le hayan devuelto todavía. Sobre la imposibilidad de disponer de sus cuentas, dijo que “hasta los delincuentes condenados” tienen acceso a una prestación económica.

Registro de la UCO

En su intervención pública, San Ginés afirmó que en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras el registro de su domicilio y el análisis de sus dispositivos, “extraen dos cuestiones, al parecer de interés”. “Una de ellas”, aseguró, “son tres fotos con Ignacio Calatayud para demostrar una amistad que nunca he negado, y lo raro es que no encontraran 300”.

La otra cuestión, agregó, es una conversación de WhatsApp, que fechó en el año 2021, “que si no la hace pública el gabinete de [la presidenta del Cabildo] Dolores Corujo”, San Ginés se comprometió a hacerla él mismo. Sobre su contenido, dijo que lo que se extrae es que “sabía” que Calatayud “había ganado mucho dinero”, pero que “jamás” le “participó” del mismo, ni le entregó “la menor dádiva”. “No sé si [para los investigadores] será de interés para exculparme o para inculparme”, ironizó.

Amparo al Poder Judicial

En la rueda de prensa, San Ginés también desveló que había presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, órgano al que también había solicitado “amparo”. El último motivo por el que se quejó fue porque en el Juzgado de Instrucción del magistrado Jerónimo Alonso se le “incautó la mochila” personal, como si hubiese un “riesgo de explosión”, si bien luego le fue devuelta.

San Ginés también comunicó el “absoluto desamparo económico” en el que insiste en que se encuentra por el bloqueo de sus cuentas, lo que le impide tener recursos hasta para alimentarse. “He tenido que recurrir a la solidaridad de mi familia”, destacó el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo.

De Jerónimo Alonso también aseguró que le “persiguió” en otra ocasión “por los pasillos del Juzgado, así de claro”, para acusarle de haberle realizado amenazas. “Que, por supuesto, no tuvieron lugar”, recalcó. Además, San Ginés se ha dirigido al Poder Judicial preguntando quién, de las personas de su entorno, “habrían amenazado al juez, para colaborar con la Justicia”, toda vez que Jerónimo Alonso solicitó escoltas. “Las respuestas del Poder Judicial son vagas y escuetas, pero por lo menos tienen conocimiento de todo esto”, dijo.

Candidato al Cabildo

Preguntado por sus intenciones políticas, San Ginés afirmó que “en honor a la verdad”, durante los más de tres años de mandato habría dado “otra respuesta”. “Hasta que Coalición Canaria no inicie el proceso de elección de candidatos no voy a anuncia si me voy a postular o no, pero no he estado nunca más animado de hacerlo como lo estoy ahora”, subrayó.

San Ginés reconoció que tras las elecciones de 2019 sufrió un “desgaste personal”. “Pero es tan brutal y tan desproporcionado el ataque por tierra, mar y aire de mis adversarios políticos, que una cosa sí está clara: el PSOE tiene muy claro a quién no quiere de candidato”, añadió el portavoz de CC.

“No soy de bajar los brazos y justamente están consiguiendo el efecto contrario al que pretenden”, afirmó San Ginés en referencia a las últimas publicaciones sobre el caso de los pagos a Calatayud en el concurso de acreedores de la empresa pública Inalsa. También aseguró que en la actualidad siente “mayor respaldo” incluso “dentro del partido”.

Costas procesales

San Ginés convocó la rueda de prensa, a título particular pero en la sede de Coalición Canaria, para valorar que "la investigación no avanza hacia donde dicen” y que “no hay caso". Sobre las últimas publicaciones sobre la investigación judicial de su persona por supuesta pertenencia a organización criminal, dijo: "es falso que sea fruto del avance de la investigación como se ha asegurado, sino que se trata de autos previos a la entrada a mi domicilio y lo cierto es que no hay hechos objetivos que me incriminen".

Respecto al cobro de las costas procesales por parte de Calatayud, denunciado por Inalsa y el Consorcio del Agua el año pasado, bajo la presidencia de Dolores Corujo, San Ginés entregó una copia del encargo realizado al mismo abogado por parte de Corujo durante su etapa como alcaldesa del Ayuntamiento de San Bartolomé, “pactando con él que las cobraría directamente”, así como una copia de la sentencia judicial en firme dando la razón al letrado “cuando Corujo intentó anular sus propios actos y recuperar infructuosamente las costas procesales que Calatayud cobró de la empresa que perdió el litigio”.

En concreto, la sentencia establece que "asiste la razón a la parte recurrente”, que era Ignacio Calatayud, “sobre la existencia de un presupuesto previo, en cada una de las actuaciones judiciales a que se refiere la resolución recurrida”, en el que expresamente se incluye que "si se generan costas, las mismas corresponderán al letrado”, así como “dichos presupuestos han sido expresa o tácitamente aceptados”, y que “todos los servicios ofertados fueron abonados por la administración, por el mismo importe del presupuesto, lo que equivale a una aceptación tácita del mismo, con todas sus condiciones".

San Ginés entrega el presupuesto de Calatayud a San Bartolomé que también establecía que las costas de un pleito eran para el letrado

A este respecto, San Ginés dijo que Corujo "mintió al plenario cuando negó haber realizado dicho encargo”. Para el actual portavoz nacionalista en el Cabildo de Lanzarote, las pruebas documentales aportadas demuestran que Dolores Corujo "no solo mintió al plenario, sino que estamos ante una denuncia conscientemente falsa, cuando aseguró que las costas procesales son siempre fondos públicos e incluso el disparate de que debían ser destinadas al pago a proveedores de Inalsa".

A este respecto, San Ginés puso el ejemplo de “otro de los abogados del Cabildo de Lanzarote, Agustín Domingo Acosta, que también cobró las costas procesales en otro de los procedimientos de la corporación y sí fue considerado un cobro legítimo por parte del Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife que dirige Jerónimo Alonso cuando los hechos fueron denunciados por terceros”.

En concreto, San Ginés aportó una copia del auto del referido juzgado, que en esta sentencia destacó que "el querellado Agustín Domingo Acosta Hernández, que había asumido la defensa letrada del Cabildo Insular de Lanzarote en los procedimientos entablados contra la entidad Yudaya ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ante el Tribunal Supremo, no fue beneficiario de ningún pago ilegítimo por parte de dicha entidad como consecuencia del desistimiento derivado del acuerdo de fecha 22 de marzo de 2006, sino que, simplemente, recibió el pago de unos honorarios totalmente proporcionados a la cuantía y entidad de los litigios".

“En definitiva”, afirmó San Ginés, “el juez consideró correcto el acuerdo negociado por Carlos Espino, entonces secretario insular del PSOE y consejero del Cabildo de Lanzarote, con la mercantil Yudaya [de los conocidos empresarios hermanos Domínguez] para que se abonasen directamente a Acosta los 100.000 euros de las costas procesales a cambio de retirarles los pleitos a la mercantil, a pesar de que en aquella ocasión ni siquiera hubo condenas en costas”.

Administrador concursal

Finalmente respecto a las costas procesales, el que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote dio a conocer una parte de la declaración del administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil, "explicando nuevamente en sede judicial el acuerdo alcanzado asumiendo el acuerdo alcanzado de que las costas procesales serían para el letrado y considerando el mismo muy beneficioso para Inalsa y el Consorcio del Agua, en la medida en que supuso un coste cero para las arcas públicas de los incidentes concursales", afirmando textualmente que fueron ellos, como administradores de Inalsa, quienes impusieron esas condiciones contractuales, y explicando que fue Manuela Armas [presidenta del Cabildo de 2007 a 2009] quien le contrató en primer lugar y les presentó a Calatayud en el marco del concurso, así como que el juez Cobo Planas renunció voluntariamente a su contrato, cuestión que también había sido puesta en duda por el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife”.

San Ginés difundió extractos de la declaración del administrador concursal en el Juzgado- Preguntado por si el segundo presupuesto aceptado por San Ginés no era más gravoso que el primero: "Por supuesto que no era más gravoso" y que era “muy beneficioso para Inalsa”. Preguntado por de donde derivaba el administrador que el letrado tenía derecho a hacer suyas las costas tasadas a la parte contraria, respondió: "deriva de que así se acordó y se le impuso por parte de la administración concursal".

"El letrado de Inalsa en ningún caso va a cobrar ni se le va a aceptar ninguna minuta que pretenda devengar por los incidentes porque solamente cobraría si ganaba en costas... Eso era absolutamente indemne para la concursada", "o lo que es lo mismo, el abogado estaría trabajando gratis para Inalsa sí o sí, en lo que a los incidentes afectaba", añadió. Preguntado por quién decide eso contesta: "Nosotros, son las condiciones que le ponemos y eso lo acepta".

También declaró que “la primera vez” que la administración concursal ve Ignacio Calatayud “es en el primer desplazamiento” a Lanzarote, “en su primera visita después de la toma de posesión”, y que “en esa reunión estaba la presidenta entonces del Cabildo, Manuela Armas, Juan José Cobo Plana como abogado de la concursada” y personal de Inalsa.

Preguntado por si el hecho de que Ignacio Calatayud cobrase finalmente los incidentes concursales a través de las costas procesales, causó algún perjuicio económico a INALSA, su respuesta fue: "si de Inalsa no salió ni un solo euro para pagar los honorarios de Ignacio Calatayud en los incidentes concursales en los que participó, ningún perjuicio fue para Inalsa".

Contratación de Calatayud

Respecto a la contratación de Ignacio Calatayud como letrado para representar los intereses de Inalsa, Pedro San Ginés explicó que ésta se produjo “al amparo de las instrucciones de contratación de la empresa pública, que son de aplicación de acuerdo con la Ley de Contratos y que, en su artículo 47, apartado b, permite la adjudicación directa del contrato cuando por una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles y no imputables a la entidad, se requiera de una inmediata tramitación".

“Eso fue lo que ocurrió –explicó San Ginés– y la razón por la que Calatayud fue designado por el Consejo de Administración al habernos quedado sin letrado por renuncia del anterior, de idéntico modo en que se designó a Cobo Planas, acaso con menos urgencia y quien tampoco se presentó a ningún concurso público como engañosamente trata de hacer creer Corujo y parece asumir el juzgado de instrucción".

“En este sentido”, añadió, “la diferencia entre la designación de Cobo Planas y la de Calatayud fue que el consejo de administración que designó y contrató al primero estableció sus honorarios en doscientos mil euros porque podía hacerlo al no estar dicho órgano suspendido en sus funciones, mientras que el que designó a Calatayud para todo lo relacionado con el concurso no podía fijar el precio de su contrato porque la empresa ya estaba intervenida judicialmente, por lo que se limitó a designar a su representante, correspondiendo la fijación de sus emolumentos, a los administradores concursales”.