El expresidente del Cabildo y portavoz de Coalición Canaria en la Corporación insular, Pedro San Ginés, ha comparecido este martes en el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife, en calidad de investigado en la causa abierta tras la denuncia sobre el pago de casi un millón de euros al abogado Ignacio Calatayud en el marco del concurso de acreedores de la empresa pública Inalsa.

En un comunicado, San Ginés apunta que no respondió al juez instructor, en referencia al titular del Juzgado número dos de Arrecife, Jerónimo Alonso, “en coherencia”, expone el actual consejero del Cabildo, con “la petición de archivo de la causa”.

San Ginés apunta que considera “incompetente a este juzgado” para instruir el procedimiento y desvela que ha solicitado “su pase a otro”, una solicitud que, asegura, “se encuentra pendiente de resolución por parte la Audiencia Provincial”.

En una rueda de prensa después de que su vivienda fuese registrada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 28 de marzo, San Ginés dijo que “casualmente” todas sus causas judiciales “caen en el Juzgado número dos de Arrecife”.

En otra nota enviada el lunes, el portavoz de CC en el Cabildo criticó el “escarnio público” sufrido y cuestionó “la espectacular operación que dio la vuelta a Canarias, digna de un alto campo de la 'mafia y el crimen organizado', ordenada por el juez Jerónimo Alonso”.

Además, San Ginés ha cuestionado la solicitud del juez “tanto de refuerzos humanos para la 'macrocausa' como al parecer de escolta para su protección personal por 'amenazas'” de su “entorno”, generando “lógicas dudas entre la ciudadanía”, su “formación política” y su “entorno social e incluso familiar”. Este martes, en el Juzgado, San Ginés asegura que se brindó a “responder a las preguntas” de la Fiscalía pero, para su “sorpresa”, no asistió a la toma de declaración de los investigados.

Este martes declaró como investigada Juana Fernández de las Heras, que sí respondió al juez pero no a la acusación, y no lo hizo Pedro Márquez por motivos de salud

Por su parte, el abogado Ignacio Calatayud también se acogió a su derecho a no declarar. No respondió a las preguntas del magistrado Jerónimo Alonso, ni a la acusación particular que ejerce el Consorcio insular del agua, ni al resto de las defensas personadas en la causa. Respondió a su propio letrado remitiéndose al contenido de los escritos que había presentado previamente en la causa.

Este martes por la mañana estaban citadas a declarar en calidad de investigadas otras dos personas más: la abogada Juana Fernández de las Heras, esposa de Calatayud y administradora, junto a éste, de varias sociedades, que sí contestó al juez pero no a la acusación, y finalmente, el que fuera secretario de Inalsa, Pedro Antonio Márquez Rodríguez, que no declaró por motivos de salud.

Informes

El día anterior a su toma de declaración, el expresidente del Cabildo hizo públicos extractos de informes de la UCO a los que ha accedido tras levantarse el secreto de sumario. En uno de ellos, fechado el 28 de febrero, un mes antes del registro de su vivienda, se apunta que “tras el estudio de todos sus productos bancarios, no se puede concretar” que San Ginés “haya recibido mediante dicha vía contraprestación alguna procedente del núcleo familiar vinculado a Ignacio Calatayud y su mujer”, en referencia a Juana Fernández de las Heras, hija del abogado Felipe Fernández Camero.

En otro extracto de un informe de la UCO difundido se apunta que “el mero hecho” de que el investigado Pedro San Ginés disfrute de una vivienda en la urbanización del Castillo de San José, que era propiedad de la empresa Adelfas 24 SL, vinculada a Fernández Camero, “no acredita que el mismo lo haga como contraprestación a los ingresos obtenidos, supuestamente de manera ilícita por parte del letrado Ignacio Calatayud Prats”.

A la izquierda, Ignacio Calatayud, y, a la derecha, el conocido abogado José Antonio Choclán.

San Ginés señala que “no han encontrado ningún vínculo entre los fondos de Ignacio Calatayud y su entorno familiar” con él, citando los informes de la UCO a los que ha tenido acceso

San Ginés señala que “no han encontrado ningún vínculo entre los fondos de Ignacio Calatayud y su entorno familiar” con él, citando los informes de la UCO a los que ha tenido acceso. “Por tanto, el cómo pagué mi vivienda no debiera ser objeto de investigación”, afirmó San Ginés. “He explicado con todo lujo de detalles cuánto, cuándo y cómo la he pagado, de lo cual daré cumplida cuenta a la opinión pública en cuanto tenga acceso a toda la documentación que fue retirada de mi domicilio”, añadió.

En la rueda de prensa que dio tras el registro de su domicilio, San Ginés evitó contestar en qué año la adquirió, aunque sí dijo que comenzó a vivir en ella en 2007 en régimen de alquiler con opción a compra, primero a nombre de la que era su pareja y después a su nombre desde 2011.

“Se ajusta a lo denunciado”

En uno de los extractos del sumario divulgados por San Ginés, que consta en el folio 1.269 del sumario de la causa pero se desconoce cuándo se elaboró, también se concluye que “lo descrito por los agentes” en un “informe operativo”, “se ajusta a lo denunciado por las partes demandantes”.

En la denuncia impulsada por el Consorcio del Agua, que se acumuló por el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife con otra formulada por los consejeros Myriam Barros y Jorge Peñas, de Lanzarote en Pie-Sí Podemos, se apuntaron presuntas irregularidades en el cobro de alrededor de un millón de euros por parte del abogado Ignacio Calatayud del Consorcio del Agua y de su empresa pública Inalsa.

La base de las denuncias es que Calatayud habría percibido de forma directa las costas de procedimientos judiciales relacionados con el concurso de acreedores de la empresa pública Inalsa, que depende del Consorcio.

En su comunicado de este martes, San Ginés dice que respondió en el Juzgado, aunque no aclara a preguntas de quién, “todo lo concerniente a la contratación de Ignacio Calatayud y el cobro de las costas procesales”.