El expresidente del Cabildo de Lanzarote y portavoz de CC en la Corporación insular, Pedro San Ginés, planteó al líder de Coalición Canaria, expresidente de la comunidad autónoma y actual senador, Fernando Clavijo, que contactase con la Fiscalía por el caso de la incautación de la planta desaladora de la urbanización Montaña Roja.

Según avanza este martes el periódico Canarias7, en la instrucción judicial por los cobros del abogado Ignacio Calatayud en el concurso de acreedores de Inalsa se ha tenido acceso al teléfono móvil del letrado investigado.

Entre los mensajes localizados se encuentran los de un grupo de WhatsApp entre el propio Calatayud, que declaró como testigo en el juicio; San Ginés, que fue absuelto en primera instancia; su abogado, José María Calero, tío de Calatayud; y Carlos Viña, decano del Colegio de la Abogacía de Lanzarote y cuñado del expresidente del Cabildo.

Canarias7 publica este martes un mensaje enviado por San Ginés, el 16 de septiembre de 2021 –el juicio se celebraría finalmente en mayo de 2022- en el que dice respecto al planteamiento a Fernando Clavijo de que contactase con la Fiscalía: “Clavijo me dijo que 'su mediación podía ser positiva, pero también todo lo contrario', que la fiscalía es rarita”.

Según añade el periódico, sería Carlos Viñas el encargado de organizar una cita entre la defensa de San Ginés y la Fiscalía, que se habría celebrado el 2 de noviembre. Ese día, el abogado del expresidente del Cabildo manda un mensaje a Calatayud: “Celebrada reunión buenas sensaciones, ya te cuento”.

La Fiscalía, que participó en la instrucción del caso de la desaladora, finalmente no formuló acusación contra Pedro San Ginés, el exsecretario del Cabildo, Francisco Perdomo, y el exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.

No obstante, el Ministerio Fiscal sí se posicionó a favor de que se celebrase la vista oral y acerca de la legitimidad de la acusación popular. En su sentencia absolutoria, el Juzgado no entra al fondo del asunto al considerar que la acusación popular, ejercida por Carlos Meca y Pablo Ramírez, consejeros de Podemos en el pasado mandato, no estaba correctamente constituida, aunque había sido avalada por el juez instructor.

Una vez que el polémico juez Salvador Alba, en la actualidad cumpliendo pena de prisión por conspirar contra la jueza Victoria Rosell cuando era diputada de Podemos, decretó el sobreseimiento de la acusación contra Ignacio Calatayud, la Fiscalía siguió el criterio de no formular acusación.

A esto se une que la empresa que interpuso la querella, Club Lanzarote, también evitó presentar acusación y personarse en la vista oral. San Ginés cerró un acuerdo con la empresa a la que la había incautado la desaladora, en su etapa en el Cabildo, para que la compañía siguiese desalando agua, que factura el Consorcio, a cambio de un canon.