La instrucción de la causa penal por la ocupación de zonas verdes públicas en Playa Blanca concluyó hace ya tres años y actualmente está a la espera del escrito de acusación de la Fiscalía, que es el último paso para ordenar la apertura del juicio oral. “Presuntamente concurren los requisitos suficientes para entender cometidos por los investigados los delitos denunciados en la presente causa”, concluyó el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, en un auto dictado el 24 de abril de 2023.

El magistrado apreciaba indicios de prevaricación, malversación y fraude a la Administración en la actuación de los 10 investigados en la causa, entre los que se encuentran el empresario Juan Francisco Rosa y el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, además de otros concejales que formaron parte de su gobierno.

La resolución del magistrado daba 10 días a la Fiscalía para que formulara acusación, pero la cascada de recursos de los imputados ante la Audiencia Provincial ha ido dilatando el procedimiento. El pasado mes de enero, el juez dictó una nueva providencia para volver a dar “traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal”, instándole a solicitar “la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa”.

De momento, la fiscal del caso no ha presentado ese escrito, pero sí fue quien pidió en 2022 que las actuaciones continuaran por los trámites del procedimiento abreviado, dando lugar a ese auto del magistrado de 2023.

Nueve años

La querella fue presentada hace más de nueve años por los tres consejeros que tenía entonces Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez. Se basaban en los informes que advertían de indicios delictivos en los convenios que permitieron ocupar zonas verdes públicas sin pagar siquiera un canon.

La querella se dirigía inicialmente contra el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, como administrador de una de las empresas de Rosa con las que se firmaron los convenios. Desde que se iniciaron las diligencias hasta que el juez los citó por primera vez a declarar en calidad de imputados, pasaron más de tres años.

Después, a la lista de investigados se sumaron todos los concejales de Coalición Canaria que gobernaban junto a Reyes cuando se firmaron los convenios: José Antonio Rodríguez, Ángel Domínguez, José Antonio Lemes, Pedro Viñoly, Narcisa Peña y María Asunción Santana. Los seis votaron a favor de esos convenios, en un caso ante el pleno y en otro en la Junta de Gobierno, pese a la ausencia de informes jurídicos y técnicos que los avalaran.

Algunos concejales que estaban entonces en la oposición, y que votaron en contra en el pleno, declararon como testigos en la causa y confirmaron que advirtieron de esa ausencia de informes.

De público a privado

En la causa también están investigadas como personas jurídicas las empresas Getsu No Denwa SL y Salmepa SL, las dos mercantiles con las que el Ayuntamiento de Yaiza suscribió los convenios. La primera había adquirido unos terrenos que estaban destinados a zonas verdes, pero que acabaron saliendo a subasta, a raíz de un embargo de la Seguridad Social. Según declaró Rosa en su comparecencia ante el juez, los adquirieron “unos señores de Las Palmas”, que después se los vendieron a él, a precio de suelo no urbanizable.

Según reconoció, sabía que “aquello no valía nada”, pero tras la adquisición reclamó lo mismo que habían pedido los compradores iniciales: es decir, derechos edificatorios sobre ese suelo, ubicado a ambos lados del Hotel Princesa Yaiza. El auto del juez subraya que “dicha superficie estaba constituida por espacios libres, viales y parcelas de equipamiento o dotaciones públicas”, por lo que “no pudo tomar posesión de la misma”, ya que solo cabía su cesión al Ayuntamiento.

Sin embargo, la respuesta del Consistorio al recurso del empresario fue aprobar un convenio en abril de 2004, cediéndole el uso de buena parte de ese suelo durante 50 años, sin establecer ningún tipo de canon. Sobre ese terreno se levantó el Kikoland y un minigolf del antiguo hotel Hesperia, mientras que otra parte, situada hacia el centro comercial Papagayo, no se llegó a desarrollar.

“Un convenio como tú”

El segundo convenio fue aprobado dos años después, y el juez subraya que “la estructura y contenido son prácticamente idénticos”. En este caso, los terrenos se ubicaban en la zona norte del mismo Plan Parcial Costa Papagayo, donde Rosa tenía una importante bolsa de suelo, incluyendo el que debía cederse al Ayuntamiento en el proyecto de compensación.

El Ministerio Fiscal pidió en 2022 que se iniciara el trámite para ir a juicio

“Le vendí ocho parcelas a JSP por un total de 40.000 metros cuadrados, y entonces don José Sánchez Peñate me dice: Juan Francisco, me gustaría llegar a un convenio como tú has hecho en el Kikoland”, declaró Rosa en los Juzgados. “Sin problema ninguno. Pero eso quien te lo tiene que autorizar es el Ayuntamiento”, le respondió.

Sin embargo, quien firmó y negoció ese convenio fue el propio Rosa a través de otra de sus empresas, Salmepa SL. Después, hizo la cesión a JSP, que en realidad, según los informes municipales, ya venía ocupando esas zonas verdes con piscinas y distintas instalaciones de los antiguos hoteles Sun Tropical y Sun Island, hoy pertenecientes al grupo THB.

El juez subraya que ambos convenios se firmaron “presuntamente sin informes de la Secretaría ni de la Oficina Técnica municipal, incumpliendo la normativa aplicable”. Además, destaca que permitieron “a entidades privadas la utilización, construcción y explotación de terrenos públicos, incumpliendo la ley de contratación publica y demás normativa aplicable”, por lo que concluye que hay indicios para llevar la causa a juicio.

De todas las ocupaciones de zonas verdes que se produjeron en Playa Blanca, las vinculadas a estos convenios son las que más pasos han generado por parte del Ayuntamiento, aunque con distinta suerte. Ambos convenios fueron anulados y la Justicia avaló esa decisión, pero en el Kikoland se optó después por un desahucio, que sigue sin ejecutarse por errores en el procedimiento; mientras que con el otro se optó por sacar ese suelo a concurso y hace año y medio se adjudicó a la empresa que ya lo venía explotando, a cambio del pago de un canon de 2,8 millones de euros por 25 años.