El empresario Juan Francisco Rosa ha aceptado una condena de tres meses de prisión como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con homicidio imprudente por la muerte de un trabajador durante la construcción del Hotel Princesa Yaiza, en julio del año 2000.

Rosa llegó a un acuerdo de conformidad, junto a otros dos empresarios más acusados por los mismos hechos y evitó el juicio que se tenía que haber celebrado esta semana. La Fiscalía pedía una pena de tres años de cárcel. En el acuerdo se reconoce el atenuante de reparación del daño, ya que los hijos del fallecido cobrarán una indemnización de medio millón de euros.

Los hechos se produjeron en julio del año 2000. En la obra participaban la empresa Cuinsa, propiedad de Rosa, y las constructoras Arquitrabe, a la que pertenecía el fallecido, y Construcciones Rodríguez Tena, como subcontratas. Los responsables de estas empresas, Juan Pablo Pazos y Juan Gaspar Rodríguez, también han aceptado la misma pena.

El fallecido, Manuel González, estaba levantando una pared que había sido derruida con el viento la noche anterior. Al mismo tiempo, otro trabajador operaba con una grúa, a pesar de que no tenía formación como gruista. Al momento de izar una carga con escombros, se rompió la pluma de la grúa por exceso de peso e impactó donde se encontraba este trabajador, que no tenía protección, y falleció ese mismo día.

Acusación

La Fiscalía señalaba en su escrito de acusación que los acusados conocían las condiciones de trabajo en la obra y no adoptaron las medidas de seguridad y protección legalmente previstas. La acusación señalaba que el motivo principal del accidente fue el mal estado de la grúa, que era del año 1973 y presentaba deficiencias estructurales mecánicas y falta de mantenimiento supervisión, así como una carga mayor de la debida

En su defensa, Rosa había alegado que no estaba a pie de obra y que esa parte era responsabilidad del aparejador, que estuvo imputado pero falleció durante la causa. Los otros dos acusados sostenían que los hechos estaban prescritos y que no se les llamó a declarar hasta el año 2011. El Juzgado, de hecho, llegó a archivar la causa por este motivo pero la Audiencia provincial la reabrió.

También sostenían que el trabajador falleció por una causa que era responsabilidad directa de otra empresa, no por la que estaba contratado el trabajador, y que era la promotora de las obras, Hotelera de Yaiza, la responsable del plan de seguridad y salud. Por otra parte, los acusados no tendrán que entrar en prisión ya que la pena es menor de dos años y podrán transformar la pena de cárcel por una multa.