El ex fiscal coordinador de Arrecife Miguel Pallarés no ha conseguido apoyos en la votación del Consejo Fiscal para para designar al fiscal jefe de la provincia de Las Palmas en sustitución de Guillermo García-Panasco, según las fuentes consultadas por Canarias Ahora.

El puesto de máxima responsabilidad en la Fiscalía provincial de Las Palmas lo ocupará Beatriz Sánchez, que lleva 27 años en la carrera fiscal. Desde 2007 ha ejercido en la delegación de Violencia de Género de Las Palmas, destino que ha compatibilizado con su plaza en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria.

La nueva jefa de la Fiscalía de Las Palmas ha obtenido el respaldo de los vocales de la Asociación de Fiscales, mientras que Inés Herreros, la otra aspirante, ha logrado los votos de la Unión Progresista de Fiscales.

Tras la votación del Consejo Fiscal, Beatriz Sánchez será propuesta por la Fiscalía General del Estado para ocupar la plaza y su nombramiento deberá ser ratificado por el Consejo de Ministros.

La jefatura de la Fiscalía Provincial se encontraba vacante desde que García-Panasco  fuera ascendido a un cargo en Madrid (teniente fiscal de la Secretaría Técnica, un puesto de libre designación) apenas una semana después de que el Tribunal Supremo sentenciara que vulneró derechos fundamentales de la magistrada Victoria Rosell al ordenar investigarla por motivos disciplinarios.

En cuanto a Miguel Pallarés, fue coordinador de la Fiscalía en Arrecife. En junio de 2008 se produjo su traslado a Las Palmas de Gran Canaria. En los últimos meses ha ejercido de portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales. El nombre de Pallarés ha estado relacionado durante años en los medios de comunicación con la polémica de la urbanización de La Bufona, en Arrecife, donde el fiscal adquirió una vivienda, con resolución de derribo.

El caso de La Bufona tiene sentencia firme en la vía penal. La Audiencia Provincial confirmó el pasado mes de febrero que se había competido un delito contra la ordenación del territorio, por el que fueron condenados el promotor y el constructor, Federico Echevarría y Antonio Caro, y mantuvo la demolición de las casas construidas al norte de la urbanización, entre las que se encuentra la del fiscal Pallarés.

Entre las medidas confirmadas por la Audiencia está el derribo de lo construido “sin título habilitante”, que afectaría al menos a una parte de 14 casas, construidas en suelo rústico de protección ecológica, donde hay levantados muros, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones. En total, unos 250 metros cuadrados de media por cada casa.

La sentencia subrayó que la demolición era "del todo necesaria para restaurar el orden jurídico y reparar en la medida de lo posible" la ilegalidad cometida en la ejecución de las obras. "No es argumento de suficiente entidad", señaló la Audiencia, que los condenados digan que "no puede repararse todo el daño causado" en la zona "por existir otras construcciones".

En cambio, en la vía administrativa, el expediente relacionado con La Bufona ha tenido otro desenlace. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) dictó resoluciones de derribo parcial para las viviendas.

Según la Apmun, las obras que debía derribar Pallarés, por encontrase en suelo rústico, incluyen una piscina de 22 metros cuadrados, una construcción de edificación adosada a lindero de 40 metros cuadrados, la ampliación de la vivienda en 17 metros cuadrados, la pavimentación de patio trasero en unos 137 metros y el cerramiento perimetral del terreno de unos 40 metros.

En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la resolución de la Agencia al considerar que debía “proceder a impugnar la licencia municipal concedida” por el Ayuntamiento de Arrecife al ser “evidente” que el permiso de obras “adolece de un posible vicio de nulidad”.