Luis Manuel Torres ya se ha mudado de casa. Se ha llevado las puertas, las rejas de las ventanas, los muebles y todo lo que tenía valor. “Sólo dejo lo que no sirve, para que lo limpie él”, dice. Se refiere a Juan Antonio Rivera, de la empresa Iveco, que ha instado el desahucio después de comprar a la Diócesis de Canarias, hace ocho años, el terreno donde los Cursillistas de la Cristiandad levantaron seis casas en 1959.

El desahucio de su casa, del número 10 de la calle Palacio Valdés (Argana Alta), está fijado para las nueve de la mañana de este viernes. Su hermana le ha dejado que viva en un apartamento en la acera de enfrente porque se le acaban de ir los inquilinos, pero es algo provisional.

Torres tiene 56 años, está en el paro aunque de baja y a la espera de que le den la jubilación. No puede cargar con peso y tiene un marcapasos. Tiene una hija que vive con sus suegros y cobra una pensión de 426 euros. Se quedará unos meses en el apartamento hasta que su hermana lo alquile y luego buscará otra casa. Los servicios sociales de Arrecife le pueden pagar hasta tres meses de alquiler.

El jueves se llevará la puerta de la calle “para que entre quien quiera”. Las rejas ya se las ha dado a un vecino y las puertas y los muebles se las ha llevado. Deja, eso sí, las reformas que hizo hace una década en la casa en la que comenzó a vivir cuando tenía tres o cuatro años. “En total, unos dos millones de pesetas”, asegura.

Hay revuelo en la calle Palacio Valdés. En un sólo día han pasado por allí reporteros de Antena 3, Cuatro y La Sexta. “Hay justicia donde hay dinero”, dice Luis Manuel, que no entiende que de las cuatro casas que quedan en pie, dos vecinos hayan ganado en los tribunales y se puedan quedar y los otros dos, precisamente los que más años llevan viviendo allí, hayan perdido.

No lo entiende él y no lo entiende María -“qué justicia tenemos” -, dice. Es una de las hijas de Marcial y Pilar, de 90 y 87 años de edad, que deberán abandonar la casa, el número 8, el 23 de mayo, aunque también lo van a hacer antes.

Han encontrado una casa para alquilar en la calle de atrás por 300 euros al mes. Las fotos de los hijos que decoraban las paredes del salón ya han desaparecido. Los adornos que poblaban el mueble del fondo tampoco están. Todo ha ido a parar al interior de varias cajas de cartón. Se lo llevarán a la nueva casa. Menos la cabra, la que da “un balde al día”, que la tendrán que vender.

Pilar no deja de llorar y no entiende la situación. “A ese señor no le hemos hecho mal nunca”, dice. Asegura que está “amargada y mal de los nervios” y que no duerme pero está resignada a marcharse. Marcial, a su lado, no dice nada. Los dos se levantan y salen a la calle. Se sientan junto a Luis Manuel, en un banco en la fachada, para hacerse unas fotos, las que ilustran este reportaje.

“Esa es su vida, -dice ahora su hija- sentarse ahí. Si les quitas eso...”. Su hija recuerda que hace un año, en medio del proceso de desahucio apareció una mujer que dijo que era funcionaria del Juzgado “y resulta que era de esta empresa” y pretendía que su padre firmara un papel que le obligaba a abandonar la casa “voluntariamente” en cinco días. “Menos mal que estaba yo”.

Luis Manuel también dice que el dueño de la empresa de camiones se acerca a la acera de vez en cuando “y se queda ahí parado, para reírse”. El viernes ya no le hará falta recurrir a estas cosas.