El proyecto final de carrera de Raúl Sánchez (La Laguna, Tenerife, 1992) es hijo de la crisis y de una generación de periodistas nacida en la era digital y del libre acceso a la información. Este joven comunicador es el autor del ‘Mapa del Poder en Canarias’, una web que documenta las vinculaciones que mantienen políticos y empresarios del archipiélago.

En 2010, el Gobierno de Canarias adjudicó a la constructora lanzaroteña Lanzagrava las obras para duplicar la circunvalación de Arrecife. Un año más tarde, el administrador único de esta empresa donó diez mil euros al Partido Popular. Esta es una de las relaciones que documenta el ‘Mapa del Poder en Canarias’, un proyecto que va camino de convertirse en un proyecto profesional del periodismo de investigación canario. La herramienta reúne información sobre cuatrocientos perfiles de empresas, instituciones, políticos y entidades, y está inspirada en el proyecto ‘Quién Manda’ de la Fundación Civio. Hasta el momento ha conseguido recaudar más de seis mil euros a través del micromecenazgo.

El dinero se utilizará para mejorar la web y elaborar reportajes que expliquen las conexiones. También estudiarán mejor las islas menores. “Las grandes empresas casi siempre tienen su dominio social en las dos capitales, pero hay muchas conexiones significativas en todas las islas”, explica Raúl desde Madrid.

En Canarias, el periodismo de investigación atraviesa malos momentos. Así opina este joven periodista: “Ningún medio está en disposición de decirle a un periodista que se encargue de investigar un tema durante días”. El resultado son textos que “en un 90% de los casos” son resúmenes de un auto, una sentencia o un sumario judicial. “Cada vez aparecen menos casos de corrupción destapados por medios canarios; y eso es un problema”, opina.

 “Si no pagas, es casi imposible conocer los cargos empresariales de las sociedades antes de 2009”

Todas y cada una de las relaciones (políticas, familiares o empresariales) están documentadas con fuentes oficiales como el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de Canarias, el Boletín Oficial del Registro Mercantil o las propias webs institucionales -que aún están muy lejos de la usabilidad y transparencia exigible-. También utilizan la información que ofrecen las esquelas o los currículos profesionales que pueden consultarse en Linkedin. Aunque “la información que se da en las redes sociales es muchas veces inexacta o está sin verificar”, apunta Raúl. El marketing y la rumorología no pueden interferir en su trabajo.

El mapa aporta datos para que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones. “Hay una serie de lobbys muy potentes, por su estructura económica, que han influido en muchas decisiones que se han tomado”, dice el autor del proyecto. ¿Ejemplos? El mejor es el lobby hotelero y de la construcción: “Es interesante observar quién está detrás de las asociaciones que han pedido el cese de la moratoria turística que impedía  construir hoteles con menos de un número determinado de estrellas”.

“Es interesante observar quién está detrás de las asociaciones que han pedido el cese de la moratoria turística”

No ha descubierto nada nuevo, pero el mapa ha conseguido organizar la documentación y convertirla en un gráfico que ofrece una visión de conjunto y de fácil acceso. Las conclusiones las deben extraer los usuarios, pero hay datos que evidencian “una gran concentración empresarial y de poder” y una tendencia muy habitual a la ‘puerta giratoria’. Como ejemplos, Raúl menciona al diputado socialista y exconsejero del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, que ahora “forma parte del Consejo Asesor de Endesa en el archipiélago”, compartiendo mesa con el exconcejal del Partido Popular, Mario Romero Mur. El actual alcalde de Las Palmas, Juan José Cardona, fue consejero de Santana Cazorla, “un grupo empresarial implicado en el Caso Salmón”, y la exviceconsejera de Turismo, Pilar Parejo, “fue consejera en una sociedad hotelera junto con grandes empresarios canarios como Antonio Plasencia o Juan Fuentes Tabares”.

Raúl espera que la situación cambie con la aplicación de la Ley de Transparencia, porque hasta ahora “es muy difícil encontrar contratos públicos concretos y no existe una base de datos reutilizable sobre contratación pública”. La realidad es que “si no pagas, es casi imposible conocer los cargos empresariales de las sociedades nombradas o cesadas antes de 2009”.