Un mes. Ese fue el plazo que el Ayuntamiento de Yaiza acordó dar a los promotores para que “liberaran” las zonas verdes públicas que habían ocupado en Playa Blanca, en la mayoría de los casos para ampliar las instalaciones de hoteles y complejos turísticos. El acuerdo, que se aprobó en la Junta de Gobierno en mayo de 2012, incluía incoar expedientes “de protección de la legalidad y del restablecimiento del orden jurídico perturbado”. Más de 14 años después, solo ha habido un avance.

De las 21 zonas verdes que fueron ocupadas, una se rige desde hace un año por una concesión municipal sujeta al pago de un canon. Es decir, el Ayuntamiento no ha recuperado el suelo para el uso de los vecinos, pero al menos la empresa que lo venía explotando empezó a pagar por esa ocupación.

El canon que se estableció, 2,8 millones de euros por 25 años de concesión -8,4 millones si se aplica la prórroga de otros 50 años que prevé el contrato-, da una idea del enorme valor económico que supone la ocupación ilegal de todas esas parcelas, en algunos casos desde principios de los años 90.

Según advertían los informes municipales emitidos hace más de 15 años, solo en dos planes parciales se habían ocupado más de 130.000 metros cuadrados de suelo público con canchas deportivas, piscinas y otros equipamientos privados de ocio. Sin embargo, por la información que se ha conocido desde entonces, esa superficie podría ser aún mayor.

Pago a plazos

En el único concurso convocado hasta ahora, el pliego de condiciones habla de 14.839 metros cuadrados ocupados con “carpas, piscinas e instalaciones recreativas”, aunque la concesión cuadruplica con creces esa superficie. Y es que en total abarca tres parcelas, pero el pliego solo detallaba lo construido sobre una de ellas. En cuanto a la superficie total, las cifras difieren. Según el Catastro, son 60.135 metros cuadrados, pero la última medición realizada los elevó a 66.227, que son los que salieron a concesión.

Solo en dos planes parciales se ocuparon más de 130.000 metros cuadrados

Al concurso solo se presentó una empresa, que es la que ya venía explotando ese suelo público como parte de sus instalaciones. Según el Consistorio, se regularizó así la ocupación por parte del antiguo hotel Sun Tropical, hoy THB Tropical Island, aunque el mismo grupo explota otro complejo situado al lado, el THB Royal. Ese establecimiento, que también invade suelo público, carece además de licencia de construcción, porque fue anulada por la Justicia y no se ha regularizado.

El contrato establece que el pago se realizará anualmente, a razón de unos 112.000 euros al año, y no incluye ninguna compensación por las décadas anteriores de uso. En cuanto al resto de zonas verdes ocupadas, el Ayuntamiento sostiene que el objetivo es sacarlas también a concurso, pero en este tiempo no ha convocado ninguno más, ni se ha conocido ningún otro expediente. Además, la anulación firme del Plan General de Yaiza de 2014 hará difícil que pueda prosperar esa intención, al menos a corto plazo.

De verde a deportivo

Cuando en 2011 estalló la polémica, al trascender públicamente la situación de esas zonas ocupadas, la entonces alcaldesa, Gladys Acuña, pidió un informe para estudiar la posibilidad de cobrar tributos a las empresas y particulares por la ocupación de ese suelo. “Obviamente, no existe ordenanza fiscal alguna recogiendo un supuesto de tasa por ocupación ilegal del dominio público”, respondió el interventor en su informe.

Además, advertía que eso “podría tener el efecto perverso de proporcionar una cobertura de legalidad a unas ocupaciones que en principio carecen de título habilitante”. De hecho, también subrayaba que había “reales indicios delictivos contra la ordenación del territorio”, y recomendaba abrir “los correspondientes expedientes urbanísticos sancionadores y de reposición de la legalidad urbanística alterada”.

Al primer concurso solo se presentó la empresa que ya explotaba el suelo

A raíz de ese dictamen, el Ayuntamiento no inició acciones penales ni sancionadoras. Lo que hizo fue adoptar ese acuerdo en la Junta de Gobierno de 2012 para desalojar las parcelas ocupadas, pero lo cierto es que los expedientes se dejaron en suspenso. Según reconoció después la alcaldesa, decidieron esperar hasta la aprobación del Plan General, que trajo un importante cambio: buena parte de ese suelo ya no aparecía como zonas verdes, sino como equipamientos deportivos o recreativos.

En su día, el director del equipo redactor del Plan General, Jorge Coderch, utilizó una expresión para describir la situación que habían encontrado en el Plan Parcial Costa Papagayo: “surrealismo urbanístico”. Y la respuesta fue buscarle encaje, aceptando los hechos consumados. “Dada la extrema singularidad del proceso de gestión que se ha producido en este ámbito, se mantienen los usos desarrollados en aquellas parcelas de zonas verdes del plan parcial, tales como deportivos y recreativos”, señalaba el documento.

El matiz era importante. Los informes técnicos municipales habían advertido que dejar en manos de una empresa privada “la utilización privativa de zonas verdes públicas vulnera el ordenamiento jurídico”, por lo que solo cabía recuperarlas como espacios públicos abiertos. Sin embargo, al catalogarla como zona de equipamientos deportivos, se daba cobertura a lo que ya se había construido y se abría la puerta a autorizar concesiones.

Eso fue lo que permitió el pasado año adjudicar la “concesión privativa” de una de esas zonas ocupadas al grupo THB. Sin embargo, ahora, con la anulación firme del Plan General, todas vuelven al punto inicial, como zonas verdes. Al menos, hasta que se apruebe un nuevo planeamiento, que ya está en trámite pero tardará años en ser aprobado de forma definitiva.

Zona verde junto al Hotel Playa Dorada. 

Las zonas en cuestión

Aunque los técnicos municipales ya habían realizado advertencias previas, fue en noviembre de 2011 cuando emitieron un informe detallado sobre la ocupación de zonas verdes en Playa Blanca. Aclaraban que ese dictamen era “parcial”, ya que analizaba solo dos planes parciales: Costa Papagayo y Montaña Roja.

En el primero, detectaron ocho casos de ocupación de suelo público, en su mayoría por parte de hoteles y complejos turísticos. El Hotel Princesa Yaiza había ocupado una zona verde pública con el Kikoland; el Hotel Embajador con dos canchas de tenis y unos almacenes vallados; el antiguo Hotel Playa Dorada con un minigolf y una cafetería; y los antiguos complejos Sun Tropical y Sun Royal con carpas, piscinas y zonas recreativas.

La anulación del Plan General de 2014 complica la regularización de estas zonas

Además, Residencial El Aulagar tenía ocupada una zona verde pública con aparcamientos y un muro de cerramiento, y un bloque de viviendas de la calle La Fragata se había apropiado de zonas verdes, levantando muros de cerramiento. En los otros tres casos no identificaba a los responsables de la ocupación, aunque apuntaba que en una de las parcelas había un mercadillo “asfaltado y con muros de cerramiento”.

En cuanto al Plan Parcial Montaña Roja, el informe señalaba hasta 13 casos de ocupación ilegal de suelo público. Algunos correspondían también a viviendas particulares, que habían hecho muros de cerramiento ampliando su propiedad sobre suelo público. Incluso la estación de guaguas que entonces acababa de inaugurarse, había invadido parte de una zona verde.

El resto, en su mayoría, correspondían también a establecimientos turísticos. El Apartotel Paradise Island -con el que se destapó este tema, cuando pidió al Ayuntamiento que le cediera más terreno para construir un parque de agua en sus instalaciones-, ya tenía ocupado suelo público con dos canchas de tenis, un minigolf y una zona recreativa para niños.

Además, el Hotel Lanzarote Park ocupaba una zona verde pública con dos canchas de tenis; el Complejo Playa Limones con un minigolf; el Complejo Flamingo con una cancha deportiva multiusos; el Complejo Lanzasur Club con aparcamientos del complejo; y el Complejo Corbeta con varios bungalows levantados sobre lo que debería ser un vial público.

Década y media después de emitirse ese informe, no ha trascendido que se haya llevado a cabo ningún derribo, más allá de un almacén y unas canchas del Hotel Casa del Embajador, que aún así mantuvo vallada la zona. Consultado por el curso que han seguido esos expedientes y los pasos que están dando, el Ayuntamiento se remite a la concesión aprobada el pasado año y a los intentos de desalojo del Kikoland, pero sobre el resto no ha dado respuesta.