“Era el trámite habitual”. Ha sido la frase más repetida en la última de las sesiones previstas en Arrecife del juicio del caso Unión sobre las comisiones en el Ayuntamiento de Arrecife. En esta sesión, que se alargó apenas dos horas, declararon tres auxiliares administrativas del Ayuntamiento de Arrecife, dos de ellas del área de Limpieza, Parques y Jardines, a petición de la Fiscalía, y una de Contratación, a petición de la defensa de Elena Martín.

También declaró el representante de una empresa y el exalcalde, Manuel Fajardo Feo, para ratificar que el Ayuntamiento se personó como perjudicado para que se pudiera reparar el daño causado en caso de que lo hubiera.

Las dos administrativas del área de limpieza, Loyola Hernández y Yoana Machín, declararon que firmaban propuestas de gasto y facturas a pesar de que no tenían competencias para ello y que no comprobaban si se habían hecho los trabajos. “Era el trámite habitual”, respondieron ambas. También reconocieron que era el concejal del área, Antonio Machín, quien les pedía que firmaran y les aportaba los documentos.

El fiscal le preguntó si les decía que se trataba de un trámite o les advertía que al firmar las facturas estaban reconociendo la recepción de unos trabajos realizados, y contestaron que les decía que era un trámite. Ambas firmaban tanto las demandas internas como la propuesta de gasto y la factura final. Afirmaron que les decía que lo tenían que firmar porque no había técnicos en esa concejalía.

Las dos respondieron que tampoco comprobaban si se habían hecho o no los trabajos. “Yo no revisaba los trabajos, evidentemente -señaló Hernández-, nos decía que firmáramos como un trámite más”, aseguró. También dijo que no se planteó si era legal o no.

“Era lo normal, en todos los departamentos se hacía de la misma manera”. Por su parte, Yoana Machín reconoció que no sabía lo que suponía el hecho de firmar las facturas. “El concejal no me dijo que era la certificación del trabajo”, respondió a preguntas del fiscal, y admitió que hubiera firmado igual “una factura de 77.000 euros”.

La otra testigo, Carmen Nieves Reyes, declaró que trabajaba en el departamento de Contratación en la época en que ocurrieron los hechos. El departamento sólo lo componían ella, como auxiliar administrativo, y Elena Martín como técnico. Dijo que el departamento de Compras era independiente del de Contratación: “Contratación desconocía lo que se hacía en compras”, declaró.

También aseguró que nunca tramitó una propuesta de gasto sino que se hacía primero una retención de crédito y después se elaboraba un decreto. Dijo que nunca le dijeron a nadie que fuera al departamento de Compras para tramitar una compra, una obra o un servicio y que no había una frontera que marcara que los contratos menores los hacía contratación y los mayores los hacía compras.