Lanzarote ha caído en un pozo. La pandemia de coronavirus y sus dramáticas consecuencias para la economía insular han hecho saltar por los aires las previsiones más pesimistas. La Isla ronda ya los 17.400 parados y se mueve en las peores cifras de la anterior crisis, con una diferencia importante: la destrucción de empleo se ha acelerado a un ritmo vertiginoso. En apenas un cuatrimestre se han eliminado 6.200 empleos.

En la anterior crisis, que estalló en 2008 y en Lanzarote hizo explotar la burbuja de la construcción, pasó el doble de tiempo -desde agosto de aquel año a abril de 2009- hasta que se vio una destrucción de empleo similar. Y la recuperación fue lenta: hasta cinco años después el mercado laboral siguió tocado.

En esta ocasión hay una incógnita añadida: ¿Cuántos de los otros 19.200 trabajadores que estaban incluidos en alguno de los 2.900 Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según el último balance publicado por la Consejería regional de Economía a mediados de junio, podrán volver a su puesto?

Desde finales de junio, Lanzarote está de forma oficial en situación de emergencia social. La declaración, aprobada en el pleno del Cabildo, tiene carácter administrativo, para simplificar procedimientos de concesión de ayudas a personas necesitadas, pero también encierra un enorme simbolismo.

La presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, describe en la declaración un “escenario catastrófico” desde el punto de vista económico. Un estudio encargado por la institución apunta a que Lanzarote se expone este año a una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 20,8 por ciento, lo que significa prácticamente el doble que el impacto previsto por la recesión en el conjunto de Canarias.

Este agujero en la economía lanzaroteña se traduciría en una pérdida de 756 millones de euros, según la previsión intermedia, a medio camino entre la más desfavorable y la más optimista. La “caída” del turismo, según este estudio, se traduciría en la pérdida de unos 13.500 trabajos o, lo que es lo mismo, uno de cada cuatro.

La presidenta de la Corporación insular ha apelado a un tratamiento especial para Lanzarote y también para Fuerteventura, por ser los territorios más afectados por la crisis del coronavirus como consecuencia de su especial dependencia del turismo: si el paro ha aumentado en Canarias un 29 por ciento en comparación con el año pasado, en Lanzarote se ha incrementado casi un 63 por ciento, convirtiéndose en la isla con el peor registro.

Corujo ha pedido al Gobierno de Ángel Víctor Torres un “anexo oriental irrenunciable” en los programas de inversión, ha insistido en que Lanzarote ha “aportado mucho a lo largo de la historia” a las arcas de la comunidad autónoma y ha subrayado “que la Isla no ha sido tratada como debiera”.

Sus apelaciones a que es momento de que la “solidaridad” venga de vuelta no han tenido un reflejo en inversiones tangibles en el corto plazo por parte del Gobierno de Canarias que ayuden a reactivar la economía de la Isla. De hecho, ni siquiera buena parte del presupuesto de la comunidad autónoma para este año se está cumpliendo ni se va a ejecutar.

Sin fechas

La falta de inversión del Gobierno en Lanzarote no se extiende al resto de Islas. Este mes de julio, Sebastián Franquis, responsable de la Consejería de Obras Públicas, uno de los principales brazos inversores del Gobierno, anunciaba turnos de trabajo de 24 horas para ejecutar las obras de la carretera de La Aldea a Agaete, adjudicadas por 152 millones.

A finales de mes se procederá a la expropiación de los terrenos para ejecutar 17 kilómetros de autovía entre los municipios de La Oliva y Puerto del Rosario, por 95 millones (prácticamente el mismo importe que toda la inversión en Lanzarote durante dos décadas con cargo al convenio de carreteras entre Canarias y el Estado).

Y en plena desescalada, Franquis llevó al Consejo de Gobierno una inversión de casi 27 millones para carreteras en La Gomera. En Tenerife se firmó hace más de medio año el denominado cierre del anillo sur por 240 millones y en La Palma continúan los trabajos de la carretera del sur, adjudicada por 66 millones.

En su última visita a Lanzarote, Franquis anunció la elaboración de los proyectos para la carretera de Guatiza a Órzola y una rotonda que conecte la Circunvalación de Arrecife con la autovía a Playa Honda, a la altura de la urbanización El Cable. En el Cabildo, en donde destacan que se trataría de una inversión de unos 34 millones, también reconocen que, “al menos hasta el año que viene, no empezarían a ser una realidad”.

Y hasta bien entrado 2021 tampoco se espera que el Gobierno elabore ni siquiera los proyectos para mejorar el acceso al Hospital Doctor José Molina Orosa y el desdoblamiento de la circunvalación de Puerto del Carmen.

A finales de junio, el Ayuntamiento de San Bartolomé, presidido por Alexis Tejera, instó al Cabildo por cauce oficial a que lleve a cabo el estudio de alternativas para resolver “la problemática de conectividad” en los accesos a Playa Honda y para los desplazamientos entre la zona industrial y comercial y el área urbana, al sur de la LZ-2. Pese a contar con partida en el presupuesto regional, transcurrido el primer semestre del año ni siquiera se había encargado.

¿Viviendas públicas?

Otro de los anuncios del Gobierno de Canarias en Lanzarote, sin fecha de ejecución en el calendario, es el de la construcción de vivienda pública. Franquis firmó en junio con Corujo y la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, un “protocolo de actuación” para edificar en el barrio de Maneje (Arrecife) 200 viviendas de promoción pública y 200 de protección oficial en régimen privado.

Ninguna de las tres administraciones firmantes ha aclarado cuándo comenzarían las obras. Sin haber licitado las primeras viviendas, Franquis ha anunciado otras 400, para levantar en Lanzarote 800 viviendas de promoción pública.

Sin embargo, en las medidas de choque para hacer frente al problema del acceso a una vivienda, el Gobierno se ha olvidado, en la práctica, de Lanzarote. La empresa pública Visocan licitó por 11,6 millones la compra de 180 viviendas en Canarias para familias con escasos recursos económicos y “en situaciones excepcionales de exclusión habitacional”.

Aunque se anunció la intención de comprar 23 viviendas en Arrecife (o en un municipio limítrofe), las mismas que en Puerto del Rosario, no se terminó comprando ninguna en Lanzarote frente a 11 en la capital majorera.

Las condiciones del Gobierno, al menos en este concurso, provocan que prácticamente solo se presente la Sareb, el denominado banco malo, y en el caso de Lanzarote ni siquiera con inmuebles aptos. En un nuevo concurso lanzado durante el estado de alarma y dotado con 9,1 millones, el Gobierno establece como condición pagar menos por metro cuadrado en Lanzarote que en las islas capitalinas.

Por ejemplo, por un piso de 80 metros pagaría como máximo 88.000 euros en Arrecife pero desembolsaría 96.000 euros en Telde. Con ese criterio, el Gobierno no compró ninguna casa en Lanzarote en la anterior licitación y riesgo hay de que ahora suceda lo mismo.