P. lleva 13 años en Lanzarote. Nunca había tenido problemas y no los quiere. “Es la primera vez en mi vida que he ido al Juzgado”, dice. En el último año ha tenido dos avisos de desahucio. Paga 550 euros más la luz y el agua por un piso de dos habitaciones en Puerto del Carmen. Vive con su mujer, que no trabaja, y dos hijos, de tres años y de diez meses.

Trabaja en una tienda y está en ERTE. Ha pasado de cobrar unos 1.200 euros, con comisiones incluidas, a cobrar 730. En septiembre empezó a pagar a su casera 400 euros, en lugar de los 550 y recibió la primera orden de desahucio. Después de cobrar una ayuda para el alquiler del Ayuntamiento de Tías pudo pagar la deuda, pero ha vuelto el impago y de nuevo otra orden de desahucio para septiembre. En el Colegio de abogados le dieron cita para el 18 de mayo para un abogado de oficio.

Si paga el alquiler le quedan menos de 200 euros al mes para vivir. Recibe ayuda del Banco de alimentos, y en agosto del año pasado pidió la ayuda de alquiler del Gobierno de Canarias, de la que aún no sabe nada. Dice que la dueña no quiere hablar para bajar el alquiler y “no se puede discutir nada”.

Está buscando otra casa más pequeña, incluso de un dormitorio, pero no las hay. “Puedo pagar 300 o 350 euros, pero aunque las haya, si estás en ERTE no te alquilan”. “Mi familia tiene que ser feliz, estoy cansado de estas cosas”, resume.

Es solo un caso, pero ya hay muchos más. En lo que va de año han pasado por la oficina de la Fundación Adsis, en Puerto del Carmen, otros 58 con un problema similar. La Fundación, gracias a un convenio con el Ayuntamiento, ofrece un servicio de intervención y orientación a personas en riesgo de exclusión social, además de proyectos de orientación laboral y otros talleres.

Allí trabajan Azahara Falcón y Ainhoa Rodríguez, a quienes el departamento de servicios sociales les deriva los casos de desahucio. “Algunas personas se enteran del lanzamiento el mismo día porque no han podido ser notificadas”, explican.

“Con el nuevo marco legal, el plazo para contestar la demanda no es tan importante y se suele frenar con la petición de abogado o con el informe de vulnerabilidad”, dicen. “Jugamos con el tiempo para suspender el lanzamiento y buscar una alternativa”, explican.

Los desahucios están prohibidos mientras dure el estado de alarma y en los tres meses posteriores, hasta el 9 de agosto, pero no se frenan de oficio. El abogado debe pedir el informe de vulnerabilidad al Ayuntamiento y entonces sí se suspende.

Sin embargo, ha seguido habiendo desahucios, tal como reconoce el concejal de Servicios Sociales, Nicolás Saavedra. La situación se ha complicado, pero los problemas de vivienda ya existían antes de la pandemia.

Adsis comenzó su labor en Tías en 2019 y ya se encontraba con casos parecidos. El problema de fondo es que no hay casas suficientes que estén en consonancia con los sueldos. Y la situación empeora. “No hay viviendas disponibles, ni parque de viviendas, ni alternativas habitacionales y además ahora el albergue está lleno y hay lista de espera”, resumen desde Adsis.

Una gimkana

Ramón (nombre ficticio) conoce bien la dificultad para encontrar casa. Le han querido echar en varias ocasiones, y sin dejar de pagar, porque querían elevar la mensualidad. En un apartamento de una sola habitación, en Puerto del Carmen, le hicieron un contrato por seis meses, que no es legal porque el periodo mínimo es de un año.

“A los ocho meses me dijeron que me fuera porque iban a venderlo, pero es un propietario con muchas casas y tiene la obligación de vender primero las que tiene vacías”, señala. También le quisieron subir la mensualidad de 480 a 620 euros, y eso que tuvo que pasar un calvario con unas humedades nunca resueltas. “Llegué a un acuerdo y me fui porque no me estaba dejando vivir”, dice. Y tardó dos meses en encontrar otra vivienda.

Las inmobiliarias hacen entrevistas “que parece que vas a pasar una oposición”

Dice que las inmobiliarias trabajan con aseguradoras y hacen entrevistas “que parece que vas a pasar una oposición”. Buscan personas que no fumen, sin animales, que no hayan estado en ERTE en el último año, que lleven dos años con contrato indefinido, que muestren la vida laboral... “Una gimkana imposible de superar”, dice.

Ha visto unos 30 o 40 pisos, la mayoría de una sola habitación “y ninguno por debajo de 500 euros”. A un particular le ofreció pagarle seis meses por adelantado, porque tiene ahorros, y le dijo que eso no demostraba solvencia. “La gente prefiere tener los pisos vacíos”, asegura.

Las soluciones que encuentra Adsis suelen ser temporales, porque a veces se encuentra otra vivienda, pero al poco tiempo vuelven a tener el mismo problema, ya que la situación económica no mejora.

Este año han recibido ya unos setenta casos: 59 de desahucios y otros 11 de personas en situación de calle, que en Puerto de Carmen suelen ser extranjeros europeos, muchas veces con problemas de adicciones.

“El perfil de la gente que viene ha cambiado mucho, antes eran personas ya en exclusión social y ahora son familias normalizadas, trabajadores en ERTE o personas que cobraban una parte en negro”, indican.

Destacan el caso de una pareja que paga 550 euros por una “infravivienda”. Él no tiene derecho a paro y ella cobra 200 euros de una pensión por una discapacidad visual. Hay muchas mujeres sin pareja con hijos a su cargo y víctimas de violencia de género, “pero empoderadas, que intentan salir adelante”, puntualizan. Y hay gente de la Isla, sobre todo mayores de 45 años, y personas que se han vuelto a sus lugares de origen. “Va a seguir habiendo este problema hasta que no haya un parque público de vivienda”, dice Azahara Falcón.

Muchos de los afectados no dejan de pagar sino que pagan menos: “La gente no se niega a irse, eso no lo vemos, se quieren ir si no pagan pero no tienen a dónde ir”. De todos los casos que han tenido de desahucios, solo uno fue por ocupación y casi todos son en Puerto del Carmen. Dicen que, ahora, con los caseros no sirve la mediación y con los bancos “un poco más”.

Apuntan algunas cuestiones a mejorar: agilizar el proceso para obtener abogado de oficio, que ellas puedan hacer algunos trámites en lugar de los afectados “porque se angustian mucho ante un desahucio” o porque no saben cómo hacerlos o se ponen nerviosos.

Hasta ahora, ningún caso ha terminado con las personas en la calle, pero hay muchas soluciones poco sostenibles porque se van a casas de amigos o familiares, y hay personas muy vulnerables, mayores, con discapacidad…

214 ayudas el año pasado

El concejal de Servicios Sociales de Tías dice que en 2018 el Ayuntamiento dio 38 ayudas al alquiler, en 2019 fueron 61 y en 2020 subió hasta 214. El Cabildo ahora va a poner dinero para las ayudas al alquiler. Van a firmar un convenio y el Ayuntamiento va a intentar buscar una bolsa de viviendas a cuyos propietarios se les garantice el pago.

Dice Saavedra que, a veces, si hay un impago, hay que buscar un informe de vulnerabilidad para las dos partes: el inquilino y el casero, porque en ocasiones son sus únicos ingresos. Quienes se sumen al convenio deberán poner la mensualidad en 400 euros para casas de una habitación, 500 para dos y 600 para tres.

Hay complejos turísticos que quieren transformarse ahora a residenciales. “Hemos sido los primeros en solicitar esta ayuda al Cabildo y lo previsible es que lo pidan otros también. El objetivo es hacer una mesa de mediación”, señala.

Las ayudas serán de un máximo de un año de alquiler, con garantías de cobro para el propietario porque el pago se haría de forma directa. El edil dice que ocho de cada diez personas que acuden en Tías al Banco de alimentos están en ERTE “y no les llega ni para el alquiler” y que en otoño la situación puede empeorar con el fin de la prohibición de desahucios y de las prórrogas de los expedientes.