Hace ahora dos años, en diciembre de 2015, llegó a la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas el sumario de una de las principales piezas del caso Unión, la que va a juzgar las presuntas comisiones ilegales del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife y su financiación.

La instrucción, a pesar de sus dificultades, de transformarse en doce piezas diferentes, de la cantidad de imputados, pruebas y delitos y de las trabas para que continuara adelante el caso, con cinco jueces diferentes, se cerró en seis años, un plazo menor que otros casos de corrupción mucho más sencillos. Pero la fase intermedia ya suma dos años más, y aún no hay fecha para el juicio. Sólo faltaban por resolver algunas cuestiones menores, pero desde hace dos años, el caso no se ha movido.

El escrito de acusación de la Fiscalía es de junio de 2015. En él se piden penas de hasta 17 años para Dimas Martín por asociación ilícita, cohecho e inducción al cohecho, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, fraude a la Administración, información privilegiada y malversación, por considerar que era el cabecilla de una red de exigencia de comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL.

Al ex concejal de Urbanismo Ubaldo Becerra le piden la misma pena, aunque hace unos meses reconoció los hechos y devolvió parte del dinero defraudado. Hay otros once acusados y seis de ellos también han reconocido los hechos de los que se les acusa.

Entre los procesados hay tres funcionarios del Ayuntamiento: el interventor Carlos Sáenz, actualmente en prisión por otra pieza separada de Unión; el ex jefe de la Oficina técnica, Rafel Arrocha, también en la cárcel por la misma causa y la hija de Dimas Martín, Elena Martín. El funcionario del Cabildo Antonio Cárdenas se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel, el ex edil Antonio Machín a 14 y el ex asesor del PIL Matías Curbelo, a poco más de un año.

Los otros acusados son los empresarios Antonio Gómez Ruiz, Manuel Reina, Jesús Manuel Martín Brito, Samuel Lemes y Juan Francisco Rosa, al que le piden dos años y tres meses de cárcel por presunta falsedad en documento público por simular la contratación de Dimas Martín para que le concedieran el tercer grado.

La sección sexta aún no ha fijado la fecha para el juicio oral, el escrito de acusación se presentó en el verano de 2015 por la Fiscalía, que ha pedido el impulso del procedimiento y que se fije vista oral

Desde que la causa llegó a la sección sexta tan sólo se ha hecho un auto por el que se admitieron o denegaron una serie de pruebas, algunas de ellas periciales, que pedían las partes. Se ha admitido una prueba pericial de un arquitecto para intentar demostrar que las obras que se encargaron se ejecutaron y una documentación sobre el organigrama del personal del Ayuntamiento de Arrecife.

Hace más de un año, en octubre de 2016, la Fiscalía cuestionó el motivo por el que la causa no avanzaba, solicitó su impulso y que se fijara la fecha del juicio. Ante el retraso de la causa, los procesados pedirán que se les aplique, en caso de ser condenados, el atenuante de dilaciones indebidas.

La sección sexta tiene por delante otro juicio que requiere de una gran cantidad de jornadas, como es el caso Faycan, que se fijó para que comenzara en octubre pero aún no ha empezado. Esta pieza de Unión tendrá que ser después de ese juicio y necesitará de una gran cantidad de días libres en el calendario, que no serán fáciles de encontrar puesto que son 13 acusados y 13 representantes de su defensa, que pueden alegar que se cambie la fecha si ya tienen otro juicio para alguno de esos días, ya que tienen preferencia aquellas fechas que se fijan primero.