Casi diez años después del inicio del penúltimo gran bajón económico, la pesadilla se vuelve a repetir: cifras escalofriantes de desempleo, múltiples cierres de negocios, endeudamiento masivo, falta de alternativas empresariales viables... Y mientras, de fondo, se repite un lamento generalizado por no tener una economía más diversificada.

Cualquiera recién llegado a la Isla podría pensar que a Lanzarote le ha pillado por sorpresa esta crisis porque la opinión pública ha estado claramente a favor del binomio turismo-construcción. Pero un mínimo repaso a lo discutido y debatido en las últimas décadas arroja una conclusión diferente: los sectores ecologistas han estado mucho tiempo advirtiendo duramente de los riesgos del monocultivo del turismo de masas y han llamado repetidas veces a buscar un modelo socioeconómico más sostenible.

La gran pregunta sobre la que ha girado la historia reciente de Lanzarote ha sido la de cómo organizar y regular el enorme desarrollo turístico. En este sentido, el ring de la batalla de las ideas ha tenido un combate recurrente entre desarrollistas y conservacionistas medioambientales. Dos modelos diferentes, dos maneras de entender la relación entre economía y sociedad que han entrado en conflicto con asiduidad. Ya en los años setenta sonaron algunas, escasas, voces críticas, pero fue sobre todo en los años ochenta del pasado siglo cuando despertó con fuerza la conciencia ecologista insular.

Aquella primera oleada de activismo nació al calor del brutal despegue turístico de esa década. Fue una época de radicales cambios territoriales y urbanísticos, en la que los conflictos se multiplicaron (Volcán de la Corona, Los Pocillos, marina de Arrecife, Archipiélago Chinijo...) y con César Manrique como principal estandarte mediático.

“No permitamos que el afán de lucro y las malas intenciones de los especuladores hagan de nuestro entorno un infierno estándar y masificado que destroce nuestro brillante futuro”, decía Manrique en su manifiesto Salvemos la isla de Lanzarote de 1986. Pero incluso una figura tan aclamada como Manrique fue atacada, inaugurando una línea argumentativa fundamental del sector opuesto: criticar en público la Isla es malo para la marca turística y, por tanto, perjudicial para Lanzarote.

El ecologismo era todavía un movimiento muy nuevo, en plena formación filosófica, que planteaba conceptos de limitación del crecimiento difícilmente asimilables para una isla secularmente muy pobre como Lanzarote.

Lo lógico sería pensar que a estas alturas el movimiento ecologista en Lanzarote estaría más consolidado que nunca. Sin embargo, está en una fase de clara desmovilización

En 1986, el colectivo El Guincho ya organizó manifestaciones bajo el lema Ni una cama más y durante los siguientes años otras asociaciones criticaron con dureza los excesos urbanísticos que se estaban cometiendo. No obstante, en el otro bando ideológico importantes sectores económicos y políticos movilizaban a la opinión pública contra iniciativas institucionales de contención, como el

Plan Insular de 1991 o la Moratoria, acusando a los ecologistas de ser unos alarmistas sin fundamento que asustaban a los inversores y perjudicaban el progreso de Lanzarote.

La batalla mediática se hizo agresiva en esos años, con duros ataques dialécticos y también descarados cambios de bando. El semanario Lancelot, por ejemplo, pasó de ser altavoz de las pioneras demandas ecologistas en los años ochenta, a defender los intereses contrarios en las siguientes décadas.

Los contrastes se agudizaron. Mientras Manrique o el PIOT del 91 recibían grandes elogios en el exterior, en el contexto insular figuras como la FCM o Fernando Prats sufrieron campañas de demonización, algunas de las cuales incluso llegaron a ser pagadas con dinero institucional. Lanzarote era referencia en la lucha contra el desarrollismo frente a los desmanes cometidos en otras zonas, pero, al mismo tiempo, no lograba parar muchos de los disparates urbanísticos planteados y la movilización muchas veces se limitaba simplemente a pequeñas pero ruidosas asociaciones formadas por unos pocos ciudadanos. El devenir ecologista local ha sido irregular, combinando ciclos de gran actividad con otros de relativo silencio.

Tras la breve crisis económica de los primeros años noventa, en la segunda parte de esa década se inició una segunda oleada de concienciación ecologista, paralela a otro potente estirón del binomio turismo-construcción. A El Guincho se unieron otras voces como la Fundación César Manrique, Adena-WWF, Ciudadanos por Arrecife, Cuadernos del Sureste, Achitacande y Foro Lanzarote, una plataforma de colectivos que lideró la multitudinaria manifestación del 27 de septiembre de 2002.

El 27-S fue el culmen de un largo proceso de movilización cívica, pero también el inicio de un ciclo de mayor silencio e inactividad, en parte por el paso a la política de partidos de un sector muy destacado de Foro Lanzarote.

El ecologismo había crecido en amplitud ideológica, abarcando también reivindicaciones sociales, económicas y políticas (especialmente la corrupción), más allá de las tradicionales temáticas paisajísticas o medioambientales. Pero al mismo tiempo se empezaron a ver las agudas divisiones internas y algunos aprovecharon las plataformas ecologistas como lanzaderas políticas, así como también hubo partidos que trataron de vincularse a causas impulsadas desde la ciudadanía.

Lanzarote vivía una realidad compleja, de luces y sombras: frente a las manifestaciones en Berrugo contra la construcción del puerto deportivo, las cifras de ventas inmobiliarias se disparaban a ritmos ni soñados previamente, y los indicadores demográficos y turísticos aumentaban vertiginosamente. Se consiguió desclasificar numerosos planes parciales o parar megaproyectos como los siete campos de golf y centenares de villas que se iban a construir en Maciot, pero ayuntamientos como Teguise o Yaiza se saltaron ilegalmente los intentos de regular la concesión de licencias urbanísticas.

No obstante, más que las paralizaciones concretas, la gran victoria de los ecologistas de Lanzarote fue plantear batalla y elevar su voz en una etapa en la que casi toda la España costera se lanzaba al desarrollismo turístico sin apenas resistencia.

La críticas al desmesurado auge de la construcción y sus consecuencias centraban los rechazos de los ecologistas en el cambio de siglo. En 1998 la Fundación César Manrique organizó una exposición y un libro con el sugerente título de El papel de la crisis, y en ambas iniciativas se profundizaba en la visión crítica de las secuelas del desarrollismo salvaje. No hizo falta esperar mucho, la Gran Recesión iniciada en 2008 dejó totalmente KO al otrora poderosísimo sector insular de la construcción. Miles de empleos ligados directa o indirectamente a la construcción volaron por los aires.

Si el estallido de la burbuja inmobiliaria evidenció las flaquezas de una economía adicta al cemento, el coronavirus ha desmentido a quienes abogaban por la exclusiva especialización turística

Si el estallido de la enorme burbuja inmobiliaria, que dio pie a la Gran Recesión 2008-2018, dejó en evidencia las flaquezas de una economía adicta al cemento, la llegada del coronavirus ha dejado muy tocada la postura que abogaba por la especialización productiva de cada región del planeta.

Esta teoría defendía que en el tablero mundial de la globalización era mejor desarrollar al máximo tu producto estrella y olvidarte de ideas poco rentables como la soberanía alimenticia, defendida fuertemente por sectores alternativos relacionados con el ecologismo.

Hoy, con la hiperglobalización en estado crítico por el coronavirus, hasta los ortodoxos del neoliberalismo se abren a hablar de esas ideas, mientras se olvidan del que había sido uno de sus mantras favoritos: la privatización a ultranza de servicios públicos como sanidad o educación.

El debate entre desarrollistas y conservacionistas también ha tenido su vertiente energética, con los grupos ecologistas reivindicando menos consumo de petróleo y más inversión en fuentes limpias. Una vía estratégica que actualmente parece más que evidente, pero que ha tardado mucho en empezar a ser seguida, tras décadas siendo ignorada por las políticas públicas. Lanzarote inauguró sus primeros molinos de energía eólica a principios de la década de los 90, para luego no volver a ver nuevos molinos hasta casi 30 años después.

No obstante, la última gran movilización ecologista en Lanzarote fue al grito de No al petróleo. Masivas manifestaciones entre 2012 y 2014 mostraron su rechazo a los planes del ministerio español y de la multinacional Repsol para instalar plataformas cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. El ministro canario José Manuel Soria fue probablemente el gran impulsor de la última gran activación colectiva de los ecologistas lanzaroteños.

Más de 40 años después de la creación del primer colectivo ecologista insular en el entorno de El Almacén y 18 después de la histórica manifestación del 27-S de 2002, no solo las recientes crisis han reforzado la pertinencia de las teorías de los conservacionistas medioambientales, sino que una parte muy significativa de la clase política y empresarial de esa época en Lanzarote ha quedado imputada o condenada judicialmente en los últimos años.

Largos procesos jurídicos han demostrado que decenas de antiguos alcaldes, concejales, altos funcionarios (interventores, secretarios, jefe de oficinas técnicas...) o empresarios habían estado implicados en corruptelas urbanísticas. Hasta tal nivel que Lanzarote llegó a llamar la atención de medios de comunicación nacionales. Casos famosos como Yate, Unión, Jable o Stratvs han dado la razón judicial a las históricas argumentaciones de los ecologistas y muchos juicios han terminado con veredictos favorables a la FCM o Transparencia Urbanística, los dos agentes más activos en este terreno.

Además, las cada vez más claras evidencias del calentamiento del planeta han dado aún más pertinencia al argumentario ecologista. Efectivamente, las recientes crisis y condenas judiciales, junto a los acuciantes anuncios del cambio climático, han remarcado el triunfo ideológico de los ecologistas. La historia les ha dado la razón.

Sin embargo, es una victoria que se enfrenta a un amarga paradoja: lo lógico sería pensar que a estas alturas el movimiento estaría más consolidado que nunca, sin embargo, está en una fase de clara desmovilización, con sus miembros más veteranos muy divididos, sin relevo generacional claro y siendo todavía más reconocido fuera de la Isla que dentro. Además, las primeras acciones gubernamentales en medio de la pandemia parecen más destinadas a subvencionar el turismo y a reactivar la construcción, que a buscar alternativas económicas viables y sostenibles a largo plazo.

En los próximos meses y años veremos si al ecologismo lanzaroteño le quedan fuerzas para plantear más batallas por el futuro de la Isla. Sus históricas reivindicaciones sobre la diversificación económica y los cambios hacia un modelo de crecimiento sostenible parecen más necesarias que nunca.