Los intentos para convertir a Playa Quemada en una localidad turística más continúan pero, de momento, la Justicia lo ha impedido. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado una demanda de una promotora que impugnó el Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza por no incluir el plan parcial Costa Playa Quemada.

La empresa Prosolmar pretendía que se le reconociera su derecho a desarrollar la urbanización, a pesar de el nuevo planeamiento municipal desclasificó de forma efectiva los terrenos, que ahora tienen la consideración de suelo rústico.

El plan parcial Costa Playa Quemada tenía una superficie de casi medio millón de metros cuadrados. En la urbanización se contemplaban 500 camas para una clínica de salud, además de un hotel y villas, que sumarían en total unas 1.200 camas, así como equipamiento comercial y un campo de golf.

En Playa Quemada estaba prevista otra urbanización turística, también desclasificada. Durante años, los vecinos protestaron para evitar que se ejecutaran y cambiaran la fisonomía del núcleo costero.

En su demanda, la empresa Prosolmar, representada por el abogado Felipe Fernández Camero, antiguo asesor del Ayuntamiento de Yaiza, defendía la “vigencia” del plan parcial Costa Playa Quemada y sostenía que el Plan General del municipio sureño aprobado en 2014 contradecía al Plan Insular de Ordenación (PIO) de 1991 por eliminar la urbanización.

En cambio, el tribunal rechaza de plano las reclamaciones de la promotora, vinculada al empresario José Luis Betancort. En la sentencia se explica que el plan parcial Playa Quemada se aprobó de forma definitiva en diciembre de 1993. Sin embargo, se produjo un litigio que resolvió el Tribunal Supremo años más tarde y su publicación no llegó hasta octubre de 2001.

Tal y como recuerda ahora el Tribunal Superior de Justicia en su sentencia, meses antes, en julio, ya había entrado en vigor la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación del territorio, que perseguía frenar el crecimiento turístico en las Islas.

El TSJC niega a la promotora, vinculada al empresario José Luis Betancort, un supuesto “derecho supremo reconocido” para desarrollar la urbanización

La citada ley extinguió la eficacia de los planes parciales con destino total o parcialmente turístico que no tuvieran aprobado el proyecto de reparcelación y el de urbanización, que no tuviera aprobados los estatutos de la Junta de compensación o que no hubiera materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento.

El TSJC insiste en que el plan parcial Costa Playa Quemada quedó “privado de eficacia” por la citada disposición legal y también rechaza que el nuevo Plan General de Yaiza transgreda el Plan Insular.

“Una cosa que es que el PIO autorizase en los terrenos de Prosolmar el desarrollo urbanístico, y otra cosa bien distinta que impusiera una obligación en el sentido de consolidar un derecho urbanístico”, aclara el tribunal, que niega a la promotora un supuesto “derecho supremo reconocido” en el Plan Insular.