La jueza del caso Unión, Silvia Muñoz, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha declarado “compleja” la instrucción de la pieza que todavía se sigue investigando, relacionada con la trama de Urbaser en el Ayuntamiento de Arrecife y con la construcción del pabellón deportivo de Argana.

Con la entrada en vigor el pasado mes de diciembre de la Ley para la “agilización de la justicia” aprobada por el Partido Popular, las investigaciones penales tienen un plazo “máximo” de seis meses para tramitarse. Sin embargo, existe la posibilidad de prolongar ese plazo si se cumplen una serie de supuestos.

El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, pidió el 7 de diciembre, el día siguiente a la entrada en vigor de la reforma legal, que el Juzgado número 5 de Arrecife declarase que las diligencias del caso Unión que continúan en fase de instrucción se declarasen “complejas”.

En un auto dictado este lunes, la jueza Silvia Muñoz acepta la petición del fiscal Anticorrupción y fija en 18 meses el plazo en el que tiene que estar concluida la investigación, que como máximo se extendería por tanto a julio de 2017.

La jueza destaca la “imputación a gran número de personas” y la “concurrencia de numerosos hechos punibles” como argumentos para “declarar la complejidad” del caso Unión. “Diecinueve imputados”, que son los que quedan en la pieza original –las diligencias previas 697/2008-, son “a todos los efectos, una cantidad lo suficientemente amplia como para colmar el motivo” que se recoge en la nueva legislación de enjuiciamiento criminal.

También subraya que por “la naturaleza de los hechos que se investigan” podrían ser necesarias “pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis”, otro de los motivos que se contempla en la nueva ley, así como la investigación a empresas, supuesto que también se cumple.

Además, señala la jueza Silvia Muñoz, “debe valorarse que la presente causa alcanza los 102 tomos de principal”, sin contar “anexos ni piezas separadas”, y “un volumen que excede de los 60.000 folios”. Aunque el volumen de la causa no es uno de los motivos para la declaración de causa compleja, el dato “refuerza y justifica, ya no la complejidad jurídica sino la complejidad material en el manejo” de la instrucción, “en la que se implican una gran cantidad de investigados y de hechos”, apunta.

En su auto, la jueza cita a los investigados a Dimas Martín, fundador del PIL; a María Isabel Déniz, ex alcaldesa de Arrecife; Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento capitalino; Rafael Arrocha, ex jefe de la Oficina Técnica; así como a directivos de la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de residuos en Arrecife; a responsables de Fomento de Construcciones y Contratas, empresa a la que se contrató la ejecución del pabellón de Argana; o a sociedades relacionadas con Arrocha.

“Debe valorarse que la presente causa alcanza los 102 tomos de principal”, sin contar “anexos ni piezas separadas”, y “un volumen que excede de los 60.000 folios”

La jueza Silvia Muñoz cita un auto previo del sumario para señalar que la investigación apunta a que el entonces jefe de la Oficina Técnica supuestamente habría autorizado el pago de facturas por servicios no prestados o por cantidades incrementadas de forma notable “para que a través de Urbaser” fueran “imputadas al Consistorio”.

Así, se destaca que se informaba “favorablemente la adjudicación de contratos a aquellas empresas” que “previamente han contratado los servicios” de compañías relacionadas con el ex jefe de la Oficina Técnica. Además, se cita la confesión de Matías Curbelo, ‘mano derecha’ de Dimas Martín durante años en el PIL, sobre el presunto cobro de comisiones a Urbaser y la presunta alteración del concurso público para que la citada compañía resultara adjudicataria del servicio municipal de recogida de basura y limpieza.

En la investigación, se recuerda en el auto la jueza, se encuentran “diversas facturas de los regalos realizados por Jacinto Álvarez”, que fue gerente de Urbaser en Lanzarote, “a la ex alcaldesa María Isabel Déniz”, como un reloj Rolex de 4.750 euros o “numerosas anotaciones manuscritas” en la agenda de Álvarez, “reconocidas” por el investigado, “de entrega de dinero en metálico a la ex alcaldesa” de manera “continuada” entre 2002 y 2006.

“En este mismo orden de cosas, resulta llamativa la entrega de dinero a una empresa de comunicación cuyos gastos serían exigidos por la alcaldesa a Urbaser y satisfechos por esta mercantil a través de Jacinto Álvarez”, como aparece anotado en una “agenda de color azul con el logotipo de Urbaser del año 2006” encontrada en un registro efectuado en abril de 2010, en plena operación Jable.