La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una querella contra el alcalde de Arrecife, Yonathan de León Machín, y el concejal de Hacienda, Contratación y Festejos, Echedey Eugenio Felipe, por hechos que considera que indiciariamente pudieran constituir delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.

El Ministerio Fiscal solicita que ambos declaren en calidad de investigados y que se incorporen al procedimiento las diligencias preprocesales 118/2025 y el informe 684/2026 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La querella, firmada el 5 de agosto por el fiscal Fernando Rodríguez Navarro, tiene su origen en una denuncia presentada el 13 de agosto de 2025 por Octavio Topham Camejo sobre presuntas irregularidades en contrataciones efectuadas con motivo de diferentes eventos municipales.

La denuncia se centró inicialmente en Navilán 2023/2024, el Carnaval de Arrecife 2024 y la Feria de Abril de 2024 y posteriormente fue ampliada a otros eventos.

Según recoge la Fiscalía, la investigación trata de determinar si existió un sistema reiterado caracterizado por la utilización masiva de contratos menores para prestaciones previsibles y funcionalmente vinculadas, el posible fraccionamiento de contratos y la tramitación de expedientes en fechas coincidentes o posteriores al inicio de los servicios.

También se investiga la existencia de reparos reiterados de Intervención, su levantamiento mediante resoluciones de Alcaldía y la posible utilización de informes de discrepancia para dar cobertura administrativa a contrataciones cuestionadas por el órgano fiscalizador.

La Fiscalía incluye igualmente entre los extremos que deben esclarecerse la adjudicación reiterada de prestaciones a determinados operadores y el uso de contratos menores, acuerdos marco, patrocinios y procedimientos negociados sin publicidad en casos que, según el escrito, pudieron requerir planificación y concurrencia.

El primer informe de la UDEF, fechado el 30 de junio de 2026, tiene carácter parcial y se centra en la primera edición de Navilán debido al volumen de documentación examinada.

La unidad policial recibió aproximadamente 483 documentos de esa edición, organizados en 14 subcarpetas o expedientes, y seleccionó 157 que consideró relevantes para el análisis.

Entre los contratos estudiados figuran servicios de azafatas, carpintería y atrezzo, coordinación, decoración, imprenta, grupos electrógenos, recogida de aguas residuales, plantas, vallado y merchandising.

La querella recoge que la UDEF aprecia indiciariamente que un evento "único, unitario" y con unidad funcional pudo dividirse en múltiples contratos menores o expedientes separados.

La querella parte de una investigación de la UDEF sobre el uso de contratos menores, reparos de Intervención y expedientes tramitados con prestaciones ya iniciadas

Otro de los elementos analizados es la solicitud de tres presupuestos en contratos menores superiores a 5.000 euros.

Según la UDEF, en la mayoría de los expedientes analizados se invitaba a tres empresas, frecuentemente con plazos de uno o tres días, pero contestaba una sola, que posteriormente resultaba adjudicataria.

El informe policial considera que la repetición de ese esquema, unida a la proximidad del evento, los reparos de Intervención y la posible ejecución previa de servicios, constituye un indicio de que la concurrencia pudo ser "meramente formal o aparente".

La querella también recoge la declaración de la interventora municipal, quien manifestó que el expediente de Navilán 2023 llegó a su departamento el 31 de diciembre por la mañana, cuando la feria ya estaba instalada.

La interventora declaró que el patrón de contratar con el evento ya en marcha no se limitaba a Navilán y que existía un uso intensivo del contrato menor para prestaciones homogéneas y recurrentes.

También afirmó que se "troceaban prestaciones para mantener artificialmente cada contrato por debajo del umbral del contrato menor" y que las mismas necesidades se repetían año tras año pese a su previsibilidad.

Respecto al alcalde, la Fiscalía vincula indiciariamente su actuación al impulso de Navilán 2023 y a la firma de decretos de levantamiento de reparos formulados por Intervención.

Entre ellos menciona expedientes de carpintería y atrezzo, merchandising, decoración de casetas, azafatas e imprenta.

La querella sostiene que ese levantamiento reiterado permite inferir indiciariamente que De León conocía las objeciones del órgano fiscalizador.

En cuanto a Echedey Eugenio, la Fiscalía relaciona su intervención indiciaria con sus competencias en contratación y aprobación del gasto, la tramitación de contratos menores y la adjudicación de contratos vinculados a Navilán.

El escrito señala que la aprobación de contratos menores sucesivos para prestaciones previsibles y conectadas permite atribuirle indiciariamente participación en la configuración del sistema de contratación investigado.

La calificación jurídica de la Fiscalía es provisional.

El escrito señala que los hechos podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa y que deberá investigarse si las contrataciones produjeron un perjuicio económico, una obligación irregularmente reconocida o algún pago indebido.

También plantea un posible fraude a la Administración si se acreditara la existencia de acuerdos para defraudar al Ayuntamiento mediante expedientes aparentes o configurados artificiosamente.

La Fiscalía interesa además que se investiguen posibles delitos conexos de falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o tráfico de influencias si esos hechos se desprendieran de la instrucción.

El Ministerio Fiscal pide finalmente a la UDEF que remita "con la mayor celeridad posible" los informes todavía pendientes sobre Carnaval 2024, Feria de Abril 2024, Navilán 2024/2025, Navilán 2025/2026 y Billy Capers.