Una mujer de 34 años falleció en marzo de 2012 tras varios días ingresada en la clínica de Hospiten en Puerto del Carmen. Primero había acudido a Urgencias a primera hora de la mañana en ese mismo centro médico con un dolor en la mandíbula. Se le diagnóstico neuralgia de trigémino, algo similar a una especie de calambrazo, muy doloroso. Se le aplicó enantyum y urbason y se le dio el alta.

Cuatro días después, el dolor seguía y la paciente volvió. En esta ocasión presentaba una inflamación en la zona maxilar “con una masa en hemicara y región laterocervical”, además de dificultad y dolor al ingerir alimentos sólidos y líquidos e incluso dificultad para abrir la boca. La atendió un médico de urgencias que le diagnostica “adenitis cervical con absceso en cuello”.

El médico se pone en contacto, por teléfono, con un especialista, el otorrinolaringólogo J.A.B.R. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, este médico, sin examinarla y en base únicamente a la conversación telefónica, decide su ingreso en planta, “sin saber el resultado de las pruebas” y solicita que se le haga un TAC de cuello para determinar el tamaño de dicha masa.

La Fiscalía pide tres años de prisión por homicidio imprudente para este médico por inadecuación del tratamiento pautado y una asistencia y control “claramente insuficientes”. El día siguiente del ingreso de la paciente, el médico la visita y hace un informe en el que determina un “absceso laterocervical derecho”. Le indica un tratamiento de dieta triturada, receta un antibiótico y advierte, según el Ministerio Fiscal, que si no funciona, habría que proceder a una operación en un plazo de tres días. No alerta a los familiares, en ningún momento, de riesgo vital alguno.

El mismo día, pero por la tarde, el doctor fue avisado de que la paciente sufría dificultad al tragar y dolor intenso de garganta. Le receta dolantina, que es un fuerte analgésico. La paciente continuó con los mismos síntomas y evidenció “una mala evolución” hasta que dos días después fallece en el centro hospitalario por obstrucción de las vías aéreas superiores.

La Fiscalía destaca la falta de respuesta y que el médico, a pesar de que tenía “las condiciones para hacerlo”, no realizó el tratamiento quirúrgico indicado para los síntomas que presentaba la paciente

La Fiscalía destaca la falta de respuesta y que el médico, a pesar de que tenía “las condiciones para hacerlo”, no realizó el tratamiento quirúrgico indicado para los síntomas que presentaba la paciente, entre ellos dolor cervical intenso y dificultad respiratoria.

Dice el escrito de Fiscalía que no ordenó una punción para obtener muestras para microbiología y comprobar la resistencia o presencia de microorganismos o gérmenes resistentes al tratamiento antibiótico pautado, no controló la saturación de oxígeno, no llevó a cabo un drenaje o una traqueotomía de urgencia y no decidió su ingreso en el Hospital de referencia o en una UCI.

El juicio se celebrará el próximo mes de enero en el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife. Además de los tres años de cárcel y cinco de inhabilitación para el ejercicio de la medicina, el acusado se enfrenta a una indemnización a los familiares de la víctima (marido, hijos, padres y hermanos) que ronda los 300.000 euros.

Ligado con el caso del forense

Este fallecimiento está relacionado con el caso del forense Jorge Suárez, que fue sancionado en Arrecife, acusado por presunta falsedad documental y absuelto finalmente este año. El expediente al doctor Suárez se inició por la denuncia de un compañero, Jesús Esparza, sobre la autopsia a un ciudadano británico.

Suárez sostuvo desde el principio que se trataba de una “caza de brujas” cuyo origen estaba, precisamente, en la autopsia realizada a esta mujer fallecida en Hospiten. Según Suárez, a quien correspondía realizar esa autopsia, a primera hora de ese día apareció en el Juzgado el doctor Esparza preguntando por el cuerpo que debía llegar desde Hospiten, cuando tanto el juez como el personal del Juzgado aún desconocían el fallecimiento.

Esparza tiene lazos familiares con el entonces director gerente de Hospiten en Lanzarote, y aseguró en el Juzgado que fue designado expresamente junto con Suárez por sus superiores del Instituto de Medicina Legal para realizar conjuntamente la autopsia.

Al finalizar el examen, según el relato del doctor Suárez, llegan a conclusiones diferentes sobre la causa del fallecimiento y acaban firmando la defunción como muerte indeterminada, a la espera de que se resuelva en la vía judicial.

Tras esos hechos, unas semanas después, Esparza denunció a Suárez por otros motivos, que habían ocurrido seis meses antes y no había denunciado, y consiguió apartarlo de su puesto de trabajo. Este mismo año, Suárez fue absuelto del delito del que había sido acusado en 2012.