La Fiscalía de Arrecife cree que hay base suficiente para dudar de la imparcialidad del juez Rafael Lis en su instrucción de la causa del robo o desaparición de autos del caso Unión, que denunció el primer juez de ese caso, César Romero Pamparacuatro. La fiscal Yolanda López, en un escrito del pasado mes de noviembre, apoya que se aparte a este juez de esa investigación, tal y como solicitó Pamparacuatro.

Hay que recordar que el primer juez de Unión recusó a Lis porque está casado con Margarita Alejo, la actual abogada de Juan Francisco Rosa, imputado en los casos Unión y Stratvs, y porque esta causa podría tener efectos jurídicos (como la anulación de parte o de todas las actuaciones) tanto en Unión como en el caso de la bodega, ya que a ese sumario se incorporaron pruebas obtenidas en la operación Unión.

Además, Alejo es administradora de la sociedad Lexislas Global, creada por Lis en 2003 durante el tiempo que ejerció como abogado antes de volver a la judicatura, y en la que aún permanece como apoderado general.

La Fiscalía va mucho más allá que Pamparacuatro en sus consideraciones. La fiscal cree que hay “sospechas fundadas de la ausencia de imparcialidad” de Lis, que dictó el secreto de las actuaciones en el mes de junio de 2014 pero que aún no ha concretado por qué motivo la desaparición de los autos podría afectar a la esencia del caso Unión, tal y como afirma. Lis ni siquiera ha respondido a un escrito de la Fiscalía del mes de octubre.

“Se puede llegar a la conclusión de que existen sospechas fundadas sobre la ausencia de imparcialidad objetiva del Juez instructor”

La fiscal describe que Lis ha permitido la personación en esta causa, que está declarada secreta, de varios imputados en Unión, entre los que se encuentra Rosa, en calidad de acusadores particulares “sin que puedan considerarse ofendidos o perjudicados por los delitos investigados”.

Es decir, que ha dejado personarse a personas cuya autoría (del robo o desaparición) “no puede descartarse totalmente” y por lo tanto parece que el juez ya toma partido por una concreta línea de investigación que excluye de responsabilidad a quienes pudieran ser los principales beneficiarios de una nulidad de actuaciones en Unión, lo que va en contra de la necesaria imparcialidad.

En el escrito considera que la personación de los imputados por delitos de corrupción en Unión es “inadmisible” porque a algunos, como es el caso de Rosa, no se les puede considerar perjudicados ni siquiera de forma indirecta. Lis ha incorporado a esta investigación un auto que decretaba la libertad de Rosa, que no es uno de los autos desaparecidos.

El Ministerio Fiscal critica “la ausencia de una línea de investigación clara y definida”

También destaca la incongruencia de admitir acusaciones particulares después de decretar el secreto de las actuaciones y recuerda que la Audiencia provincial ya puso de relieve su extrañeza por este hecho y que los acusados en la pieza de Unión que juzgó a Batllori hicieron valer esta causa secreta para pedir la suspensión del juicio, aunque no lo lograron.

“Todo esto -dice la Fiscalía – va expresamente en contra del espíritu de la norma procesal que garantiza la igualdad de armas en el proceso y la imparcialidad del juez instructor”. Además, dice que llama la atención que Lis no ha practicado diligencia alguna en esta investigación, ni siquiera la de tomar declaración al juez que denunció los hechos, algo que “sorprende poderosamente” al Ministerio público.

Considera que la personación en esta causa de los imputados por delitos de corrupción en Unión es "inadmisible"

No sólo eso, sino que Lis, según la Fiscalía, está aceptando las diligencias que le piden los imputados de Unión y se está limitando a ser receptor de testimonios de particulares que le van remitiendo, aún estando la causa declarada secreta.

“Es una causa que se nutre de los testimonios de particulares que interesadamente y con carácter parcial y sesgado le van introduciendo los personados como acusaciones particulares de no se sabe qué delito en la presente causa”. A esto hay que añadir que el juez ha practicado diligencias que le han pedido que poco o nada tienen que ver con el objeto de la investigación, como el volcado de todo el sumario del caso Unión o el informe de la juez Lucía Barrancos, y también dice la fiscal que “pese a no haber hecho ninguna diligencia esencial” ha ido prorrogando el secreto de las actuaciones cada mes.

Rechaza que excluyera de entrada de “una eventual responsabilidad a quienes pudieran ser los principales beneficiarios”

“Se puede llegar a la conclusión de que existen sospechas fundadas sobre la ausencia de imparcialidad objetiva del Juez instructor”, dice la fiscal, que describe las contradicciones: “La amplitud del objeto de las diligencias contrasta con la propia denuncia que no ha sido ratificada por decisión del juez; la declaración de secreto contrasta con la permisividad de las personaciones y de la admisión de documentación; la ausencia de una línea de investigación clara y definida contrasta con la toma de partido inicial que excluye de una eventual responsabilidad a quienes pudieran ser los principales beneficiarios de una supuesta nulidad de actuaciones...”.

Por lo tanto, considera que se puede considerar legítima la sospecha de que pueda ser utilizado este procedimiento para beneficiar al cliente de la pareja del juez Lis, y para eliminar esa sospecha solicita la recusación del magistrado. Ahora deberá ser la Audiencia provincial quien decida si sigue en el caso o no.