El fiscal Joaquín Bobillo Martínez ha mantenido este lunes en las conclusiones del caso por el presunto expolio de un millón de euros al Ayuntamiento de Yaiza la solicitud de condena de seis años de prisión para el abogado Felipe Fernández Camero.

“La pena tiene que ser elevada, no podría ser de otra manera teniendo en cuenta la cuantía que se defraudó al Ayuntamiento y la continuidad delictiva, ya que se juzgan hechos que se prolongaron durante más de una década, además de la concurrencia de delitos”, expuso el representante del Ministerio Fiscal.

Para José Francisco Reyes, exalcalde de Yaiza, y para Vicente Bartolomé Fuentes, exsecretario del Ayuntamiento, la Fiscalía pidió seis años de prisión, mientras que el funcionario Antonio Fernández se expone a una petición de condena por parte del Ministerio Fiscal de cinco años y seis meses de prisión.

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En su intervención final, el fiscal destacó que durante el juicio “han quedado acreditados” los delitos continuados de prevaricación administrativa, falsificación en documento mercantil, malversación de caudales públicos y falsificación de documento oficial.

“Desde 1996 hasta 2012”, expuso el fiscal, Felipe Fernández Camero “ideó un plan para satisfacer su ánimo de enriquecimiento económico con la obtención fraudulenta de fondos públicos del Ayuntamiento de Yaiza”, una “arbitraria expoliación” de recursos municipales que “facilitaron y ejecutaron” los otros tres acusados.

El fiscal cifró el “enriquecimiento ilícito” por parte de Fernández Camero en, “como mínimo”, unos 970.000 euros, mediante la “obtención ilegal de fondos públicos municipales”, creando la “ficticia apariencia de asesoramiento jurídico”, con un “consciente y absoluto desprecio de las normas de contratación”.

En sus conclusiones, la Fiscalía volvió a destacar que “en ningún momento” se tramitó expediente de contratación y que los pagos se efectuaron como consecuencia de “acuerdos verbales”, a través de “minutas mensuales” y la encomienda de representar al Ayuntamiento en procedimientos administrativos y judiciales.

Por las minutas mensuales, Fernández Camero percibió al menos 229.000 euros, tanto de forma directa como a través de su empresa, Adelfas 24 SL, cuando el acusado lo decidió y sin que el Consistorio sureño celebrase ningún contrato con la mercantil.

El fiscal recordó este lunes que el acusado fue sancionado en enero de 2004 por una falta grave y otra muy grave por incompatibilidad de sus actividades privadas con las de secretario del Ayuntamiento de Arrecife.

“El precio se fijaba unilateralmente por el acusado y por decisión verbal, por su capricho, se aumentaba en el momento e importe que él decidía”, insistió el fiscal en su alocución, en la que remarcó que la cuantía de los pagos excedían los límites anuales de adjudicación directa, añadió que se “fraccionaban” los abonos y resaltó que Camero “estaba en causa legal de prohibición de contratar con administraciones públicas”.

En sus conclusiones, el representante de la Fiscalía destacó que el Ayuntamiento llegó a realizar “pagos por provisiones” de gastos, pese a que la institución municipal “no puede hacer pagos anticipados”. También se llegaron a pagar “dietas y taxis” sin relación con ninguna contratación efectuada.

En ese sentido, el fiscal resaltó la declaración de un perito judicial que apreció numerosas irregularidades de contratación en los pagos del Ayuntamiento de Yaiza a Felipe Fernández Camero.