La acusación popular en el caso del presunto expolio de un millón de euros a las arcas del Ayuntamiento de Yaiza, ejercida por Transparencia Urbanística, ha destacado este lunes en sus conclusiones, antes de que el juicio quedase visto para sentencia, que el abogado Felipe Fernández Camero “no protegía los intereses municipales sino los de los promotores turísticos”.

El origen de la causa penal sobre los cobros de Fernández Camero al Ayuntamiento sureño, recordó la letrada Irma Ferrer, se encuentra en que en el caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en el sur de la Isla, el exalcalde José Francisco Reyes y el exsecretario Vicente Bartolomé Fuentes declararon que “prácticamente no conocían a Fernández Camero” y que “nunca le habían consultado jurídicamente” sobre las autorizaciones urbanísticas.

Por eso, explicó Ferrer, “no hubo manera de demostrar” la implicación de Fernández Camero en la concesión de las licencias ilegales, “por la omertá, que es el silencio cómplice de la mafia”. Sin embargo, en el juicio que este lunes ha quedado pendiente de resolución por la Audiencia Provincial, se ha evidenciado, dijo, que era “el asesor jurídico urbanístico del Ayuntamiento de Yaiza y de los promotores”.

Así, la letrada de la acusación popular destacó que el “sometimiento” del secretario municipal y del que fue alcalde llegó a ser tal que, en el caso de Reyes, tanto él como su familia llegaron a asumir penas de cárcel “con tal de no delatar” a Fernández Camero.

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Felipe Fernández Camero, recalcó la acusación popular, era “la unión” entre el Ayuntamiento de Yaiza, “que ha incumplido sistemáticamente la legalidad urbanística”, y los promotores, “que se han beneficiado con estas ilegalidades manifiestas”, al ser el letrado tanto de la institución municipal como de empresarios turísticos. De tal manera, añadió, que “las tesis de los promotores coincidían al cien por cien con lo que hacía el Ayuntamiento”.

La acusación popular ha utilizado uno de los dictámenes aportados por Fernández Camero “para justificar su trabajo”, relativo a una licencia ilegal concedida en la localidad de Las Breñas, que derivó en una condena penal, para argumentar que, en realidad, el asesoramiento del acusado “perjudicaba” al Ayuntamiento. “Lo que hizo fue defender a los promotores utilizando el dinero del Ayuntamiento de Yaiza, provocando una gran litigiosidad urbanística, un eufemismo que clama al cielo”, resaltó.

“Ahora sabemos que ejercía de abogado de seis de los siete ayuntamientos” y de empresas, algunas de ellas dedicadas a la promoción turística en el municipio de Yaiza, a cuyo ayuntamiento “supuestamente asesoraba”, en procedimientos judiciales en la vía contencioso administrativa ante tribunales con sede en Gran Canaria. Todo ello, mientras ejercía como secretario del Ayuntamiento de Arrecife. “Era imposible que cumpliera con sus funciones y su horario”, dijo la abogada de la acusación, “salvo que tuviera el don de la ubicuidad”.

La acusación popular vinculó a Fernández Camero con el “urbanismo de promotor” que recoge la sentencia del caso Yate, que también confirmó la ilegalidad de 44 licencias concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza, y destacó que los manejos del abogado ya fueron retratados por la revista Cuadernos del Sureste en 2003, con una publicación que fue secuestrada judicialmente a instancias del abogado. El Tribunal Constitucional dio amparo a la publicación por una “información veraz, de interés público y acreditada”.

Consecuencias para Yaiza

En sus conclusiones, la acusación popular también hizo hincapié en que “no se puede ni siquiera cuantificar” el daño económico global de la actuación de Fernández Camero en el Ayuntamiento de Yaiza, que se ha justificado con un mínimo de un millón de euros, según la Fiscalía. “No hay rastro de las costas cobradas en los procedimientos judiciales, el Ayuntamiento nunca recibió nada y no hay documentación”, destacó.

Las “consecuencias” para el Ayuntamiento sureño son “claras”, para Transparencia Urbanística: la “bancarrota” de la institución en 2005, después del boom turístico, con una deuda superior a los 32 millones de euros, y con puertos deportivos, como Marina Rubicón, “representado por Fernández Camero”, cuyas instalaciones, comercios y restaurantes “nunca pagaron IBI”.

“Se esquilmó al Ayuntamiento de Yaiza”, recalcó la acusación popular, con una “forma de operar infringiendo continuamente la legalidad durante 32 años”, desde 1980, cuando Fernández Camero defiende que fue contratado, hasta 2012.

Utilizando argumentos de las defensas sobre el supuesto asesoramiento de Fernández Camero y las reuniones en el Ayuntamiento, la letrada Irma Ferrer ironizó en sus conclusiones sobre el modo de proceder del abogado y los intereses que representaba: “El sábado, a las 10 de la mañana, reunión en el Ayuntamiento de Yaiza, y a las cuatro de la tarde comida con Juan Francisco Rosa”.