El presidente del Cabildo de Lanzarote y el consejero del área suscribieron el plan ZAR que luego rechazaron y hoy ven con buenos ojos. Sus giros no bastan para saldar una responsabilidad política que sigue en pie.

El fondo de este artículo, aunque con un título diferente, fue publicado en este mismo medio el pasado mes de septiembre, cuando el Plan de Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR) apenas empezaba a levantar controversia. Nada hacía prever entonces que, en los meses siguientes, la ciudadanía de Lanzarote se movilizaría de forma tan contundente contra el modelo energético que el Gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria, impulsó con la firma y el respaldo explícito del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y del consejero del área, Jesús Machín.

Lo que ha cambiado desde entonces no es la esencia del plan, sino la posición pública de ambos representantes, quienes después se descolgaron de su propio acuerdo para presentarse como defensores del territorio. El gesto tiene algún mérito —más vale tarde que nunca— pero no es suficiente para eximir a quienes avalaron con su firma lo que luego denunciaron.

Argumentar que los mapas publicados son incorrectos puede ser, en el mejor de los casos, una razón técnica; en el peor, una coartada para reencuadrarse políticamente ante una opinión pública sacudida por lo que se avecina. En cualquier caso, la responsabilidad contraída no desaparece por un cambio de discurso.

Ahora, Betancort da un nuevo bandazo. Ya no se limita a distanciarse del plan: anuncia que pretende corregir sus fallos y reforzar las garantías para Lanzarote. El alcance real de esa intención es, por el momento, desconocido. No hay propuesta concreta, no hay plazo, no hay mecanismo público que permita verificar en qué consistiría esa corrección ni hasta dónde llegaría. Eso sí, parece que estarán en la mesa algunos de los que ya participaron al inicio del procedimiento para decidir entregar la isla al Gobierno de Canarias para que comerciara con su suelo. Lo que sí es constatable es el patrón: un presidente que firma lo que no debería haber firmado, que se desmarca cuando la presión ciudadana arrecia y que ahora promete enmendar lo que él mismo suscribió. Cada giro llega tarde y como respuesta a la calle, no a una reflexión política previa. Eso, más que liderazgo, es gestión del daño.

Hay un aspecto que Coalición Canaria y, en lo que a Lanzarote respecta, Oswaldo Betancort parecen haber olvidado: qué alcance tiene el concepto de «paisaje», porque la palabra puede sonar vaga, pero el daño es muy concreto. El paisaje de Lanzarote sostiene simultáneamente tres tipos de valor que se alimentan entre sí y que las instalaciones industriales amenazan por igual. Uno de ellos es económico: la isla vive del turismo, y el turismo descansa sobre una percepción de singularidad visual que no es gratuita ni inagotable, pues cada aerogenerador que se planta en una cresta o cada extensión de paneles que interrumpe el horizonte negro y ocre resta atractivo a un producto que no tiene sustitutos. El segundo es identitario: el paisaje lanzaroteño, modelado por el volcán y trabajado durante siglos por sus habitantes, es el soporte material de lo que esta isla es ante sí misma, y alterarlo masivamente no es una decisión urbanística, es una amputación cultural. El tercero es el de la calidad de vida de quienes residen aquí: vivir rodeado de un paisaje de excepcional belleza no es un lujo, es una condición ganada que merece protección. Lo que hace especialmente grave la apuesta del ZAR es que estos tres valores, una vez destruidos, no se recuperan. No hay corrección posterior posible, no hay indemnización equivalente. Un molino instalado permanece décadas. El horizonte alterado no vuelve.

El disfrute del paisaje es un bien público. No pertenece a quien lo explota ni a quien lo administra; pertenece a todos. Cuando una administración cede suelo visible, horizonte común, cielo compartido, a instalaciones industriales de titularidad privada, no está gestionando un recurso abstracto: está privando a la ciudadanía de algo que le corresponde, sin compensación ni consulta real. El paisaje de Lanzarote no es un activo disponible para el mercado de la energía. Es parte del contrato tácito entre la isla y quienes la habitan, la visitan y la eligen. Ese contrato no figura en ningún mapa del ZAR, pero es lo primero que se rompe cuando las máquinas llegan.

Un plan diseñado para el negocio, no para el territorio

El ZAR responde a una lógica que el Gobierno de Canarias ha aplicado de forma sistemática en Lanzarote: la producción de documentos normativos que, bajo una retórica medioambiental, abren el suelo insular a la inversión privada en condiciones muy favorables para los inversores y muy desfavorables para la ciudadanía. La cuestión no es si las energías renovables son necesarias —lo son— sino quién se beneficia de su implantación y en qué condiciones se cede el territorio.

El plan fue presentado en julio pasado, en el peor momento del calendario político para el escrutinio ciudadano, con palabras altisonantes sobre transición ecológica y supuestas intenciones bondadosas. Sin embargo, una lectura atenta del documento revela que las actuaciones marcadas como «condicionadas» lo están solo hasta que un informe favorable elimine la restricción: un mecanismo que, previsiblemente, abriría la práctica totalidad del suelo propuesto a la inversión privada.

Las cifras son elocuentes: cerca de 3.164 hectáreas de suelo lanzaroteño quedarían afectadas por infraestructuras eólicas o fotovoltaicas, una superficie equivalente a toda La Geria. La referencia no es caprichosa: hablar de La Geria es hablar de paisaje protegido, de identidad cultural, de recurso turístico y de patrimonio visual. Fuerteventura ofrece ya un anticipo de lo que puede significar este modelo aplicado sin restricciones, y por eso, en el anterior bandazo de Betancort, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura firmó al unísono un manifiesto conjunto en el que ambos mostraban su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables impulsado por el Gobierno de Canarias, al tiempo que defendían la transición energética y el desarrollo de energías renovables. Advertían de que no puede hacerse a costa del territorio ni del paisaje de las islas —ignoro qué pensará la presidenta Lola García de las veleidades de su homólogo lanzaroteño tras su posterior cambio de postura—.

El problema de fondo: la energía no abarata

Uno de los argumentos más repetidos para justificar la expansión de las energías renovables es su contribución a la reducción de las facturas eléctricas. La experiencia acumulada en Canarias y en el conjunto del Estado desmiente esa promesa: los aerogeneradores e instalaciones fotovoltaicas de titularidad privada producen beneficios para sus propietarios sin que ello repercuta de forma significativa en el precio que pagan los consumidores. El recurso —el viento, el sol— es de todos; el negocio, solo de algunos.

Existe una alternativa razonable y menos agresiva con el paisaje: concentrar las instalaciones en zonas ya afectadas, como el corredor entre Montaña Mina y Zonzamas, donde el impacto visual es limitado y las condiciones de viento son adecuadas; promover el autoconsumo mediante placas fotovoltaicas en viviendas, agrupaciones residenciales u hoteleras e instalaciones industriales; y, sobre todo, situar a la administración pública como protagonista de la transición energética, no como facilitadora de negocios privados. Eso exige voluntad política y marcos normativos que pongan el beneficio de la población por delante del de los inversores.

La responsabilidad del Cabildo

El protocolo fue suscrito a dos bandas: por el Gobierno de Canarias, representado por Mariano H. Zapata, y por el Cabildo de Lanzarote, representado por Oswaldo Betancort. La institución insular, que debería ser el primer escudo de los intereses de la ciudadanía lanzaroteña frente a las decisiones del Gobierno regional, firmó un documento que no dedica una sola línea a las personas a las que representa ni al impacto que el plan tendría sobre su calidad de vida.

Ese es el dato que no cambia con ningún giro discursivo: la firma está ahí. Y si los errores en los mapas son la razón oficial del desacuerdo, cabe preguntarse qué clase de rigor técnico y político presidió la negociación previa. La incompetencia y la connivencia producen, en ocasiones, resultados indistinguibles.

Coalición Canaria se presenta como partido nacionalista, pero su gestión en Lanzarote durante este periodo invita a preguntarse en qué dirección apunta ese nacionalismo. La respuesta más honesta que ofrece la trayectoria documentada de sus decisiones es que el lema «lo nuestro» sirve, ante todo, para ganar elecciones. Administrarlo con responsabilidad es otra cuestión.