Canarias avanza a distintas velocidades. Uno de los desafíos urgentes de la comunidad autónoma es equiparar las condiciones que disfrutan las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, con las que padecen las islas no capitalinas como Lanzarote. Los inconvenientes están diagnosticados: residir en una isla no capitalina es más caro, no se cuenta con los mismos servicios públicos y las posibilidades para formarse o emprender un negocio se reducen drásticamente.

Estas desventajas están en buena medida relacionadas con el sobrecoste que tiene vivir en una isla no capitalina, un concepto bautizado como doble insularidad. Acabar con ella, o al menos aminorar su impacto, es uno de los retos de la legislatura que acaba de comenzar.

Los datos hablan por sí solos. Por cada 95 euros que gasta una familia de Gran Canaria que acude a un supermercado a hacer la compra, una familia de Lanzarote tiene que desembolsar más de 101 euros. Así lo confirma el último estudio disponible sobre el poder adquisitivo en el Archipiélago, elaborado por el Instituto Canario de Estadística (Istac).

En cuanto a la capacidad económica, si un residente en Gran Canaria tiene una renta anual, de media, de 18.300 euros, en el caso de Lanzarote se reduce a 16.406 euros, unos 1.900 euros menos cada año, según los datos de la Agencia Tributaria.

Las dificultades a las que se enfrentan las empresas no son menores que las que asumen los ciudadanos. Las compañías de Lanzarote y Fuerteventura tienen que afrontar un sobrecoste de más de 719 millones de euros al año como consecuencia de la ultraperiferia -que se da en todo el Archipiélago- y la doble insularidad -que se sufre en las Islas no capitalinas-.

Es decir, de cada 100 euros que consiguen facturar, unos 7,4 euros se destinan a cubrir unos costes que no tendría la misma empresa si estuviese radicada en otro lugar.

El Gobierno de Canarias encargó un estudio que analiza la situación de las empresas dependiendo de si están ubicadas en las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura), en las islas capitalinas (Gran Canaria y Tenerife) o en las islas occidentales (La Palma, La Gomera y El Hierro).

Los resultados, tal y como concluye el estudio, “corroboran la hipótesis de la existencia de sobrecostes de doble insularidad, entendidos como la mayor intensidad de la ultraperiferia en las islas no capitalinas respecto a las capitalinas”, debido a sus “desventajas”.

La principal desventaja, detalla el estudio, es la necesidad de transportar las mercancías, que es el mayor sobrecoste, junto a los viajes a otras islas por exigencia de la actividad de la empresa o el gasto que acarrea tener varias sedes.

Otro factor es el tamaño de las empresas, más pequeñas en las islas no capitalinas. En las que tienen hasta nueve trabajadores, que son la gran mayoría, especialmente en islas como Lanzarote, aquellos mencionados 7,4 euros de sobrecoste por cada 100 euros que se facturaban se transforman en más de 11 euros.

Reivindicación política

La doble insularidad está empezando a entrar, todavía lentamente, en el debate político, a pesar de tratarse de un elemento determinante que impide la igualdad entre los ciudadanos del Archipiélago canario.

Por ahora se dan pequeños gestos, como el inicio del curso en el Parlamento de Canarias, que se produjo el primer miércoles de septiembre en La Graciosa, el laboratorio perfecto para analizar los sobrecostes que supone no residir en Gran Canaria o Tenerife.

En la recta final de la pasada legislatura se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía, que además de reconocer a La Graciosa como la octava Isla, introdujo como uno de los principios rectores que asumían los poderes públicos canarios combatir “los costes de la doble insularidad” para velar por el “equilibro territorial” en la comunidad autónoma.

“A tal efecto”, especifica el Estatuto, “se creará un Fondo de solidaridad interinsular u otros instrumentos análogos” con recursos que serían distribuidos por el Parlamento. De momento, no se ha pasado de la declaración de intenciones a la práctica, aunque está recogida en el Estatuto de Autonomía.

El portavoz socialista en el Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, considera lo recogido en el Estatuto como “una obligación” y reclama materializar una medida que acercaría a Lanzarote y a La Graciosa “al terreno de la igualdad de oportunidades con el conjunto de canarios”.

El Estatuto no reduce la doble insularidad al ámbito económico, sino que lo amplía también al terreno cultural. Así, establece que los poderes públicos “garantizarán la práctica de actividades culturales, artísticas y formativas en condiciones de igualdad en todo el territorio de Canarias, promoviendo las acciones y medidas necesarias y teniendo en cuenta la doble insularidad”.

Uno de los actores clave del escenario político, Casimiro Curbelo (ASG), cuyo apoyo es decisivo para mantener el Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, ha sido quien más hincapié ha hecho en introducir medidas para compensar los efectos perniciosos de la doble insularidad o la “doble marginalidad”, como también la ha definido.

“Canarias no puede practicar el mismo centralismo que denuncia ante Madrid”, “aplicar la misma vara de medir [para las islas no capitalinas] con la que se compara Canarias ante la España peninsular” y establecer “derechos reconocidos para los ciudadanos que viven en estas islas mal llamadas menores”. Estas son algunas de las reivindicaciones que planteó en la pasada legislatura en el debate de una iniciativa para compensar la doble insularidad, respaldada de forma unánime.