La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado el ingreso en prisión del exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por el caso Yate, y también ha pedido a la Fiscalía y a la acusación particular que muestren su parecer sobre el cumplimiento de las penas de prisión del antiguo primer edil sureño y de los otros ocho condenados.

En concreto, en un auto dictado el pasado 22 de marzo por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, se acuerda recabar “el parecer de la acusación particular” y se insta al Ministerio Fiscal para que emita “el correspondiente informe sobre la conveniencia de la suspensión de la pena privativa de libertad”.

El exsecretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, fue condenado en el caso Yate a un total de un año de prisión: seis meses de prisión por un delito de prevaricación urbanística y seis meses de cárcel por un delito de malversación. También fue condenado por prevaricación administrativa pero solo a inhabilitación para empleo o cargo público.

Por su parte, a Antonia Rafaela Torres, esposa del exalcalde de Yaiza, se le impuso una condena de cinco meses y 15 días de prisión por un delito de blanqueo de capitales, así como una multa de 33.915 euros. A su hija María Beatriz Reyes, por blanqueo de capitales también se le impuso una pena de cinco meses y 15 días de prisión y una multa de 27.559 euros.

A otra hija del exalcalde, Noelia Reyes, se le condenó a cinco meses y 15 días de prisión y a multa de 19.191 euros. A José Francisco Abel Reyes, hijo del antiguo regidor de Yaiza, se le condenó igual que a su madre y hermanas a cinco meses y 15 días de prisión y una multa de 71.920 euros.

En cuanto al asesor fiscal Manuel Benito Mesa, condenado por un delito de blanqueo de capitales y señalado por el diseño de la trama empresarial del exalcalde de Yaiza, se le condenó a cinco meses y 15 días de prisión y a una multa de 71.920 euros.

Por último, dos socios de empresas de la familia de Reyes, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín, fueron condenados a cinco meses de prisión cada uno y a sendas multas de 20.000 euros.

Tanto el exsecretario del Ayuntamiento sureño como los familiares de José Francisco Reyes, y el propio exalcalde, han solicitado de forma expresa la suspensión de sus condenas privativas de libertad.

Condiciones para la suspensión

Las jueces y tribunales pueden dejar en suspenso las penas de cárcel cuando no sean superiores a dos años, valorando una serie de circunstancias, como las circunstancias personales del condenado, sus antecedentes, su conducta posterior o su esfuerzo para reparar el daño causado, entre otras.

Para dejar en suspenso la ejecución de la pena, son “condiciones necesarias” que el condenado haya delinquido por primera vez, que la pena no sea superior a dos años y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, en este caso el pago de las multas y el comiso de los bienes adquiridos por la familia Reyes con dinero de origen ilícito.

De forma excepcional, el Código Penal contempla que, aunque no se den las circunstancias anteriores, “siempre que no se trate de reos habituales”, se puede acordar la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias del condenado y, de forma particular, su esfuerzo para reparar el daño, así lo aconsejen.

La situación de Reyes

En el auto de la Audiencia Provincial se detalla que el exalcalde de Yaiza solicitó la suspensión de la condena a seis años de cárcel que aceptó en el juicio del caso Yate. De la resolución de la Audiencia se deduce que Reyes se pretende acoger a la citada fórmula ‘excepcional’ para la suspensión de su condena.

En concreto, la que establece que se podrían suspender las penas de prisión que “individualmente” no excedan de dos años de prisión. Reyes fue condenado a un año, dos meses y 29 días de cárcel por un delito continuado de prevaricación urbanística.

Además, por un delito continuado de blanqueo de capitales fue condenado a un año y nueve meses de cárcel. Por cada uno de los tres delitos de cohecho que reconoció, seis meses de cárcel. Y, por un delito de malversación de caudales públicos, se le impuso un año y seis meses de prisión.