La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado al Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife que reabra la causa por estafa contra cinco promotores de viviendas en el plan parcial Playa Blanca.

El juez Ricardo Fiestras decidió en mayo de este año archivar la causa que se inició en el año 2011, pero la acusación particular recurrió y la Audiencia le ha dado la razón.

La Sala considera que el sobreseimiento provisional de las actuaciones adolece de falta de motivación y recuerda la exigencia de que las resoluciones judiciales estén motivadas “para evitar cualquier reproche de arbitrariedad, satisfacer el derecho del justiciable a alcanzar la comprensión de la resolución judicial que tan especialmente le afecta, así como para garantizar y facilitar el control que permite la revisión de la sentencia en otras instancias judiciales o, en su caso, por el Tribunal Constitucional”.

Recuerda la Audiencia que el Tribunal Supremo exige, cuando se archivan procesos penales, que se debe exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada “haciendo explícito que esta responde a una determinada interpretación y aplicación del derecho”.

Señala que, en este caso, es “evidente que no se cumplió el referido deber, ya que el auto recurrido carece en absoluto de motivación, limitándose a copiar y pegar las alegaciones del Ministerio Fiscal en ambas resoluciones, sin ni siquiera dar respuesta a lo alegado por los apelantes en el recurso de reforma”.

Esta causa se inició con una querella interpuesta por varios compradores de viviendas dentro del plan parcial Playa Blanca contra Domingo Rodríguez Cedrés, José Antonio Olano Moliner, Federico Díaz de Aguilar y Manuel Lago Candeira

Dice el auto de la Audiencia que el Juzgado “hace una alegación genérica sobre el dolo y el engaño, pero sin entrar en los hechos concretos que han sido objeto de investigación”. Por tanto, la Audiencia considera que es necesario “conocer las razones del sobreseimiento” por lo que el Juzgado deberá dictar una nueva resolución “debidamente motivada y con libertad de criterio respecto del sentido de la misma, resolviendo todas las cuestiones planteadas por las partes”.

Esta causa se inició con una querella interpuesta por varios compradores de viviendas dentro del plan parcial Playa Blanca contra Domingo Rodríguez Cedrés, su hijo Gustavo, así como contra otros promotores como José Antonio Olano Moliner, Federico Díaz de Aguilar y Manuel Lago Candeira, todos ellos miembros de la Junta de Compensación del plan parcial Playa Blanca.

Dentro de ese plan se anularon todas las licencias de construcción concedidas a partir del año 2005, así como el propio plan parcial. Ya hay dos sentencias que obligan a estos y otros promotores a devolver el dinero cobrado por la venta de las casas.

En una de ellas, las empresas Palmera Canaria, Agueri y Alabena han sido condenadas a pagar más de nueve millones de euros. La Audiencia destaca ahora que uno de los elementos que avala la realidad de la querella es que parece que las viviendas fueron “construidas al amparo de licencias otorgadas mediante la comisión de delitos de prevaricación urbanística, y si bien parece ser que al momento de la venta no existía pronunciamiento judicial en tal sentido, sí estaban las referidas licencias impugnadas en vía contencioso administrativa por su, al parecer, manifiesta ilegalidad”.

En el auto se destaca igualmente que el Juzgado número 4 “no hace alusión a los querellados, que ni se citan, ni a los contratos, ni a por qué estima que no incurrieron en los delitos denunciados, sino que se hace una motivación general, cuando en la querella sí se han individualizado las conductas, y se han descrito los hechos presuntamente delictivos”.

El Juzgado dio por terminada la instrucción en un auto de enero de 2017 que aseguraba que se habían practicado “cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y de esas diligencias se desprende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa”.

En ese auto subrayaba que los indicios no sólo parten de las declaraciones de los implicados “sino y sobre todo a la vista de la documental existente en las actuaciones, en especial la última documental aportada a las actuaciones de donde se deduce las posibles irregularidades urbanísticas que afectaban a los terrenos con los que se comercializó”. Sin embargo, después optó por decretar el sobreseimiento provisional.

En la querella se narraba que los vendedores habrían suscrito los contratos de compraventa de las fincas con los querellantes, “habiendo ocultado maliciosamente la pendencia de un relevante procedimiento urbanístico que podía comportar la demolición de los inmuebles vendidos, omitiendo así una información relevante sin la cual los compradores no pudieron hacerse un juicio de valor certero de la realidad de lo que se compraba”. Por otra parte, con la aprobación del nuevo Plan General de Yaiza se aprobó otro nuevo plan parcial que regulariza todas las viviendas construidas, más de 400.