La sección primera de la Audiencia provincial de Las Palmas ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo penal 1 de Arrecife de noviembre de 2016 que había condenado al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al ex secretario Vicente Bartolomé Fuentes y al jefe de la oficina técnica, Antonio Lorenzo, a una pena de 19 meses de cárcel e inhabilitación durante nueve años por prevaricación urbanística por la conceder dos licencias para chalés en el plan parcial Playa Blanca.

El fallo confirma íntegramente la sentencia excepto en la inhabilitación sobre Bartolomé Fuentes que se restringe al cargo de secretario municipal o similar y no al de cualquier cargo público. Fuentes, que actualmente está en prisión, al igual que Reyes cumpliendo una condena por hechos similares por el caso Yate, había entrado a trabajar en el Cabido de Gran Canaria.

Las dos licencias, también anuladas, se otorgaron en el año 2005. una para 55 viviendas para Villas Blancas Lanzarote y la otra para diez chalés para Marivista Lanzarote, solicitada por Pedro De Armas, que era compañero de partido de Reyes en el PNL.

El secretario hizo los informes jurídicos y Lorenzo los informes técnicos, mientras que Reyes otorgó los permisos. La sentencia de primera instancia calificó los informes como "inconsistentes". Se otorgaron dentro del plan parcial Playa Blanca, que era ya entonces un plan extinguido.

La primera sentencia destacaba que los condenados fueron "apercibidos desde diversas instancias advirtiendo de la ilegalidad" del plan parcial Playa Blanca, y "lejos de atender tales requerimientos con amparo en un informe jurídico emitido por el abogado de los promotores", en alusión a Ignacio Díaz de Aguilar, "desatendieron" las advertencias, "acordando continuar" el desarrollo del plan parcial "en beneficio de los promotores" en contra de la "legislación aplicable".

La Audiencia abunda en estos argumentos. Dice que la sentencia es "completamente racional y fundada en virtud del acerbo probatorio dimanante del juicio oral". Señala que "no resultan atendibles las manifestaciones de las defensas recurrentes en tanto alegan que en la fecha de los hechos la normativa urbanística no era clara (...) y que no existió flagrante contradicción con el ordenamiento jurídico".

La sentencia explica que "como de manera muy lúcida señala la acusación de Transparencia Urbanística (personada en el procedimiento), la cuestión está meridianamente clara y no hay inseguridad jurídica alguna, los informes se evacúan y las licencias se aprueban fuera de toda cobertura legal, en el marco de un plan parcial extinto "ope legis" y que vulneraba gravemente la legalidad aplicable".

"A lo que hay que añadir -dice la sentencia- que los acusados eran plenamente conocedores de los apercibimientos efectuados desde diversas instancias advirtiendo de la patente ilegalidad relacionada con el otorgamiento de licencias". También destaca que "resulta indiscutible" que los informes contravinieron los requisitos "de forma clamorosa" y que eran "huecos y carentes de contenido".

El ex secretario alegó que se trataba de informes tipo, que no eran informes jurídicos y que no resolvían, pero la Audiencia, acogiendo los argumentos de Transparencia Urbanística, dice que "podríamos comparar dichos informes con una sentencia sin fallo o una demanda sin suplico. Un sinsentido, vamos".

Actuación “esperpéntica y grosera”

Sobre la actuación de Reyes, señala el fallo que al arbitrariedad de su resolución es indiscutible por "esperpéntica y grosera" y que era susceptible de ser apreciada por cualquier persona, y más si se trata "de alguien con responsabilidades públicas y con unos conocimientos que, aunque solo sea por los años de ejercicio en el cargo, se le presupone lo suficientemente capacitado para conocer lo que está radicalmente prohibido por mucho que digan los informes, que por otra parte,poco o nada dicen".