La Audiencia Nacional ha dictado sentencia condenando al Gobierno central a abonar cerca de 30.000 euros a la compañía Fomento de Construcciones y Contratas y a su filial Servicios y Procesos Ambientales, en la actualidad denominada Aqualia, por unas obras que se ejecutaron en Lanzarote hace una década.

La constructora reclamó a los tribunales después de que el Ejecutivo central desestimara su solicitud de pago de intereses de demora por el retraso en el abono de las certificaciones de obra presentadas en el Ministerio de Medio Ambiente por unos trabajos efectuados en la Isla.

En concreto, por el proyecto y ejecución de obras de depuración y reutilización de aguas en Lanzarote, que se adjudicaron a FCC en octubre de 1999, por un modificado del proyecto, autorizado dos años después y por un tercer contrato de obras complementarias, suscrito en agosto de 2002.

El retraso del Gobierno central a la hora de abonar las facturas correspondientes a los trabajos efectuados en la Isla, incumpliendo el plazo legal establecido, supuso la reclamación de FCC en vía administrativa en diciembre de 2006, mayo de 2009 y octubre de 2010, exigiendo ante el ministerio el abono de los intereses de demora.

La cifra que ahora da por buena la sentencia de la Audiencia Nacional, de noviembre pasado, supera los 28.200 euros, a los que hay que añadir “el interés legal de dicha cantidad desde la fecha de interposición del recurso” judicial, que fue presentado en el año 2011 por la constructora.