La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso y ha archivado la denuncia que habían interpuesto la Federación Gallística Canaria y la Asociación Cultural y Deportiva Club Gallera de Teguise contra Gloria Moreno, la sargento del Seprona de Lanzarote. La Sala, presidida por el magistrado Miguel Ángel Parramón, confirma el sobreseimiento que había dictado el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife y rechaza el recurso de estas dos organizaciones, a las que impone las costas del procedimiento. Contra esta decisión no cabe recurso.

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife acordó el sobreseimiento provisional en mayo de este año de la denuncia interpuesta por la Federación por estimar que no había quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos de los que se acusaba a Moreno. Recurrieron, pero al recurso se opuso tanto la denunciada como la Fiscalía.

En el auto de archivo, la Sala recuerda que “la presentación de una querella no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal, sino que se precisa la realización de una inicial valoración jurídica”. Considera que los hechos denunciados no reúnen “los necesarios caracteres de concreción exigibles para justificar la apertura de una causa penal”.

Estas dos entidades habían denunciado que la sargento había entrado en el local social de la Asociación Gallera de Teguise “sin contar con autorización del representante de la misma ni con resolución judicial que amparase su actuación, tomando imágenes no consentidas de sus instalaciones, manteniéndose en las mismas pese a la oposición del presidente de la citada asociación y haciendo constar en el acta levantada con ocasión de la visita de inspección realizada el 24 de abril de 2023 un hecho falso, como era que en uno de los habitáculos de los animales existían elementos varios relativos a la colocación de espuelas plásticas y metálicas, tijeras, esparadrapos, paños ensangrentados y otros útiles de adaptación para los animales (casquillos)”.

Denunciaron no solo una, sino varias entradas por parte de la sargento en sus instalaciones: una en febrero, dos en abril y otra más en mayo, todas ellas en el año 2023. También denunciaron que en el acta de mayo “se afirmaba que desde el exterior del recinto de la asociación denunciante se podían escuchar las palabras puja abierta, pese a que en el local de referencia no se estaba subastando nada ni había nada por lo que pujar, y si se estaba haciendo mención a apuestas, las mismas no eran ilegales ni se desarrollaban en el local de la asociación, siendo extrañas a la actividad gallística”, según la denuncia de los galleros.

El Ministerio Fiscal pidió que no se estimara el recurso de los galleros “por cuanto la actuación inspectora realizada por la funcionaria policial, pese a no estar amparada por una resolución judicial, obedecía a la investigación de un posible delito de maltrato animal”. Añade la Fiscalía que es una muestra suficiente de los indicios de ese delito el hecho de que se haya abierto ya un procedimiento abreviado, dictado en abril de este año, contra dos de los miembros de la entidad denunciante. Considera la Audiencia que este hecho justificaría ya la actuación de la sargento.

A pesar de esto, los galleros afirman que en la actuación de la sargento Moreno existen indicios suficientes de comisión de un delito de allanamiento de morada, así como de un delito de falsedad en documento oficial y prevaricación con las agravantes de abuso de poder y desviación de autoridad. El juez de instrucción consideró que no existen indicios de la perpetración de esas infracciones penales y, por lo tanto, no están acreditadas ni siquiera de manera indiciaria. La Sala analiza cada uno de estos delitos por separado.

Respecto del delito contra la inviolabilidad del domicilio, señala la Audiencia que no se encuentran  indicios suficientes de una oposición “expresa, tácita o presunta” por parte del titular de la Asociación Gallera de Tenerife, el señor Pérez Quintero, o del presidente de la Asociación Gallera El Mallazo, Ayoze Rosendo Cabrera Benítez, a las actuaciones realizadas por la sargento dentro del local, “pues tales labores inspectoras fueron desarrolladas en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, como eran las de recabar pruebas de la posible realización de actividades que pudieran constituir delito de maltrato animal”.

De hecho, esa visita de inspección tenía relación directa con el acta de 4 de marzo de 2023 en la que se recabaron indicios del delito por el que se acabó abriendo el procedimiento abreviado en el que están implicadas dos personas. La sargento había ido a “solicitar certificados veterinarios que acreditaran las amputaciones de los miembros de los animales inspeccionados en la citada fecha”.

El Ministerio Fiscal pidió que no se estimara el recurso de los galleros

“Existiendo una investigación por posible delito cuyo esclarecimiento era competencia de la Unidad Deprona a la que pertenecía la investigada, el acceso al local de la asociación no parece que fuera injustificado”, dice el auto de la Audiencia.

Pero es que además en las actas levantadas en tres de estas ocasiones “se hace constar la total colaboración con la actuación policial de los presidentes de las asociaciones (...) facilitando a los agentes intervinientes la documentación o información requerida”. En la tercera visita sí se hace constar “la manifestación de los presidentes de las referidas asociaciones de que se sienten acosados por la reiteración de inspecciones policiales, a las cuales por otra parte no se oponen”.

En otra de las visitas sí se mencionan las alegaciones de José Luis Martín Gutiérrez, presidente de la Federación Gallística de Canarias y del presidente de la Asociación Gallera Teguise en las que solicitaban la orden judicial que amparase la entrada, pero les informaron que no era necesaria porque se trataba de un presunto delito in fraganti.

No existen indicios de la comisión de ningún delito en esa fecha, pero sí se constató la existencia de una pelea de gallos en el momento de la actuación policial. El presidente de la Asociación Gallera de Teguise remitió después a la Guardia Civil de Costa Teguise un escrito en el que afirmaba que había colaborado en todo momento con los agentes.

En definitiva, “no existen indicios suficientes, directos o indirectos, que evidencien una voluntad clara y terminante por parte del presidente de la asociación que tenía su sede en el local inspeccionado por la jefa de la patrulla que realizó las inspecciones en el mismo, de oponerse a la entrada de la fuerza policial en el recinto privado en el que desarrollaba su actividad”.

También la denunciaron por falsedad en documento oficial y prevaricación

Tampoco aprecia indicios la Audiencia del delito de falsedad en documento oficial. Los galleros consideran que la sargento mintió al hacer constar en las actas que encontró en esa inspección espuelas metálicas o que se realizaron pujas. “Frente a la versión de la investigada, cuya credibilidad como agente de la autoridad encargada de investigar posibles delitos contra la flora y la fauna pretende cuestionarse haciendo alusión a su afinidad ideológica con asociaciones de protección de los animales, sólo se invoca la versión de los denunciantes, uno de los cuales aparece investigado en otra causa judicial por presunto delito de maltrato animal”, señala el auto.

Respecto del delito de prevaricación que pretendía imputarse también a la denunciada, “pocas consideraciones podemos hacer, ya que se exige para su comisión el dictado de una resolución arbitraria en un asunto administrativo y en el presente caso no se identifica, ni en la denuncia ni en el escrito de recurso, ninguna resolución administrativa por parte de la sargento”, concluye la Audiencia.

Siete denuncias

Este procedimiento archivado contra Moreno se suma a las otras seis denuncias archivadas en los últimos años contra la sargento. La última fue el archivo de la Audiencia por una denuncia de un excompañero en el Seprona, Bonifacio García, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y contra el honor del denunciante. La Audiencia también dio la razón a la sargento.

Además de las siete denuncias, a la sargento Gloria Moreno la Guardia Civil le abrió hasta ocho expedientes sancionadores, por faltas desde leves hasta muy graves, entre los años 2017 y 2019. Todos acabaron archivados, caducados o sin sanción alguna tras recorrer un camino administrativo o judicial. El Tribunal Militar Central llegó a afirmar que algunas sanciones estuvieron carentes de motivación y fueron desproporcionadas.

Durante dos años, la sargento siempre tuvo algún expediente abierto y, al menos durante 10 meses a lo largo de ese periodo, tuvo hasta cuatro en marcha de forma simultánea, con la posibilidad incluso de perder el destino o la especialidad del Seprona.

Moreno avisó a sus superiores de un soplo acerca de presuntas filtraciones a cazadores de pardelas en Alegranza sobre operativos de la Guardia Civil. Ella misma dirigió un operativo por el que se sorprendió un asadero masivo de esta especie protegida. Todos los expedientes se producen después de este hecho, mientras que los cazadores finalmente fueron condenados.

Cuando se archivaron todos los expedientes, la sargento se querelló contras sus superiores por acoso laboral, y también se archivó esa denuncia. Sus superiores y otros compañeros también presentaron hasta cinco querellas por distintos motivos, que no prosperaron.