La asesora jurídica de la alcaldía de Yaiza, Delia López, hizo este miércoles por la tarde la declaración más larga de todo el juicio del caso Stratvs, una hora y tres cuartos, y tuvo que contestar a preguntas de la Fiscalía, la acusación popular y a cinco abogados defensores. La mayor parte de la declaración se movió por un terreno más que farragoso, entre diferentes licencias, normativas, permisos, procedimientos y leyes, antiguas y actuales.

López mantuvo la argumentación de Gladys Acuña para explicar por qué el Ayuntamiento no cerró la bodega: porque abrieron tres expedientes sancionadores, culminaron uno (el del restaurante) pero no los otros dos porque consideraban que tenían una licencia y había que finalizar el procedimiento para ver si era o no correcta. Alegó que no pudieron culminarlo por falta de técnicos e insistió en que pidieron cooperación al Cabido de Lanzarote, que era "imprescindible", y no la consiguieron.

La asesora, nombrada por la alcaldesa como cargo de confianza, elaboró el informe que sirvió para la apertura de los expedientes y señaló que se puede conceder licencia de actividad incluso sobre proyecto, "sin que esté hecho el edificio", pero que después el propietario debe informar de que va a comenzar la actividad para que se le conceda la licencia de puesta en funcionamiento.

López sostuvo incluso que la licencia de actividad que concedió la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza en diciembre de 2008 ya estaba concedida en realidad por silencio positivo y que no hacía falta, por tanto, el acuerdo del citado órgano municipal, porque se había llevado a cabo una comunicación previa que, según su parecer, habilitaba a la tienda y la bodega aunque no al restaurante.

Durante gran parte de su declaración, el fiscal Ignacio Stampa preguntó qué normativa se le aplicó a la bodega, si la Ley de 1998 o la de 2011, y la asesora contestó que se trataba "de cubrir las dos normativas" pero que con ambas podía seguir abierta. Cuando se hicieron esos expedientes sancionadores, Rosa hizo alegaciones incluso antes de que se le comunicara el expediente. "Muy curioso", dijo la asesora.

“Un certificado de obra que no era suficiente”

López señaló que se llevó a cabo la inspección a la bodega porque cuando la alcaldesa declaró en el Juzgado por este procedimiento, se dieron cuenta de que el propietario no había pedido la licencia de puesta en funcionamiento y también señaló que "presentaron un certificado de obra que no era suficiente". El fiscal insistió en que, en todo caso, no se podía conceder una licencia que era contraria al planeamiento.

Aseguró que el Plan Especial de La Geria estaba pensado para poder acoger actividades complementarias, pero que el Plan no lo llegaron a aplicar en el Ayuntamiento a pesar de que el plano del Plan Especial, según López, marcaba los puntos rojos en los ámbitos suspendidos de aplicación pero no marcaba Stratvs.

La acusación popular preguntó por el proyecto técnico sobre el que se basaron para comprobar si la bodega cumplía o no, tras la visita de inspección. "Eso se incluye en el informe técnico y yo no miro los proyectos", contestó la asesora, que alegó que sí se propuso el cierre, al iniciar el proceso, pero que no se culminó por la falta de técnicos y porque el Juzgado ordenó el cierre en diciembre de 2013.