Mercasa invirtió once millones de euros en la remodelación del Centro comercial Arrecife en el año 2010. Nueve años después nunca ha estado tan vacío. Dentro sobreviven cuatro establecimientos y fuera dos más. Además de los graves perjuicios y pérdidas para los comerciantes que creyeron en el proyecto, hay que sumar que ese dinero venía de una empresa pública.

La anterior cúpula de Mercasa, con Pablo González, el hermano del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid al frente, está investigada por tramas corruptas por operaciones en siete países pero ninguna de las investigaciones, que se sepa, alcanza hasta el Centro comercial Arrecife. Y hay indicios de algo más que mala gestión.

La remodelación del Centro comercial también fue una ampliación, porque Mercasa peatonalizó la zona y adquirió dos edificios con garajes, locales comerciales y viviendas. De los once millones dedicados a la renovación, más de la mitad se invirtieron en esa operación inmobiliaria.

Lo de la adquisición es solo una suposición porque en los Juzgados de Arrecife hay al menos tres procedimientos en los que se subastan esos bienes, y resulta que en alguno de ellos Mercasa nunca ha sido el propietario.

En 2014 Diario de Lanzarote publicaba que en uno de esos procedimientos, que estaba en el Juzgado de primera instancia número 3, los bienes embargados estaban a nombre de una promotora inmobiliaria, Soluciones Canarias 3000. Quien pide la ejecución es la entidad bancaria Caixabank, que había concedido el crédito para su construcción.

Fuentes de Mercasa aseguraban entonces que la propiedad de los locales era de Mercasa, que no había ningún problema, que se trataba de un error y que los inmuebles estaban “incorrectamente incluidos” en ese procedimiento.

Eso es lo último que ha dicho Merasa, porque no ha querido hacer ninguna declaración ni en esta ocasión ni en las ocasiones anteriores en que se le ha preguntado por este asunto. En el Juzgado de primera instancia número 5 se siguen otros dos procedimientos en los que se subastan otros inmuebles.

Una de las subastas es de los locales comerciales que se encuentran fuera del centro, entre la calle Antonio Arnas, Domingo Ramírez Ferrera y la calle Norte. La puja concluyó en enero del año pasado sin ninguna oferta, a pesar de que el valor era de tres millones y los bienes salían por la mitad.

La otra subasta es de 16 viviendas y 21 plazas de garaje. Las pujas se cerraron el 31 de enero pasado. De los 37 lotes, 22 han quedado sin pujas y los otros 15 sí han tenido. Las pujas mayores suman 1,4 millones de euros, cuando la deuda era también de más de tres millones. Se ha pujado por las viviendas entre 76.000 y 106.000 euros, pero no se ha pujado por los garajes. Ha finalizado el periodo de pujas pero no el procedimiento.

A quien le reclaman los inmuebles es a una empresa irlandesa, Alguer Inversiones Dac, con domicilio social en Madrid, que presumiblemente ha comprado la deuda de la anterior empresa, Soluciones Canarias 3000, que era la ejecutada inicialmente. Caixabank había comparecido en este procedimiento contra esta sociedad como ejecutante.

En ese procedimiento también intervino la Abogacía del Estado porque Mercasa había alquilado uno de esos locales. Aparecen, igualmente, como intervinientes, una joyería y una tienda de moda porque ocupaban unos locales y tenían contratos en vigor.

En teoría Mercasa era la promotora y propietaria de la ampliación del centro, pero lo que hizo fue encargar y financiar la construcción, o al menos parte de ella. Cuando terminaron las obras no pudo inscribir a su nombre en el Registro de la propiedad algunos de los inmuebles, según fuentes cercanas al caso, “por un problema de división horizontal”.

En todo caso, es una cuestión no aclarada. Sin embargo, a pesar de que los locales no estaban escriturados a su nombre y de que no pagaba el Impuesto de Bienes Inmuebles por ellos, sí los comercializaba alquilándoselos a todo tipo de negocios. Después de aportar una cantidad que tampoco está clara, la promotora entra en quiebra y el banco pide el embargo de los bienes.

Esas mismas fuentes apuntan que Mercasa obtenía unas rentas por el alquiler de más de 1,2 millones de euros. Tras la inauguración, de hecho, se alquilan todos los locales, pero el declive comienza poco después que el auge, agravado por negligencia desde la dirección de la empresa en Madrid que retrasaba la firma de los contratos de alquier de los locales o mantenía precios muy por encima de los de mercado que provocaban que los locales se abandonaran o no se alquilaran.