La Fiscalía acusa a V.C., de nacionalidad italiana y mayor de edad, por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 15 años. El juicio se celebrará el próximo 4 de junio en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, los hechos se remontan a la madrugada del 24 de junio de 2023.

La víctima y otra menor se trasladaron a una vivienda en Maneje, donde, en compañía del acusado y otras personas, consumieron alcohol y drogas.

Posteriormente, se dirigieron junto al acusado y otro hombre no identificado a una discoteca en Puerto del Carmen, donde continuaron consumiendo sustancias.

Entre las 04:00 y las 05:00 horas, la menor regresó con el acusado al domicilio de este en Maneje.

La Fiscalía sostiene que V.C., "guiado con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales", se abalanzó sobre la menor, que se encontraba tumbada en el sofá "mareada a consecuencia de la previa ingesta de alcohol y drogas, teniendo por tal motivo su voluntad anulada".

El escrito de acusación detalla que el acusado, "aprovechando que el previo consumo de dichas sustancias impedía a la menor ser consciente de los actos que realizaba y ejercer control sobre los mismos, comenzó a desvestirla y penetrarla vaginalmente, sin que conste el empleo de fuerza o violencia alguna y sin que la menor le hubiera dado su anuencia para ello".

V.C. se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 30 de junio de 2023.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual, previsto y penado en el Código Penal. Solicita una pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta, así como 10 años de libertad vigilada con obligación de someterse a un curso de educación sexual.

Además, pide 20 años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 20 años.

La Fiscalía también solicita que se condene al acusado al pago de las costas procesales y a indemnizar a la víctima con 30.000 euros.