TRIBUNALES

Joaquín Cañada, administrador de Club Lanzarote: “No querían arreglar nada, querían coger la planta desaladora”

Asegura que el entonces presidente del Cabildo le llamó para decirle que se iban a quedar con la planta, pero asegura que no escuchó la palabra incautación

Saúl García 6 COMENTARIOS 25/05/2022 - 13:54

Joaquín Cañada, el administrador de Club Lanzarote, la empresa propietaria de la desaladora de Montaña Roja, señaló esta mañana en la segunda sesión del juicio, que “ellos nunca quisieron arreglar nada, querían coger la planta”. Se refería a los responsables del Consorcio insular del agua, entre los que se encuentra Pedro San Ginés. Su sensación, dijo, es que él “tenía que claudicar y entregar la potabilizadora, dársela a ellos”.

Declaró como testigo y dijo que había firmado un convenio urbanístico con San Ginés un mes antes de la incautación por el que debían entregar la planta cuando terminaran las obras de urbanización. “Eso siempre pensamos nosotros”, dijo. Años después llegaron a un acuerdo, por el que se retiraron del pleito contra San Ginés, y les dieron autorización con carácter retroactivo desde 2012, por lo que en la práctica, dijo, siempre tuvieron ese permiso.

También señaló que hubo una visita a la potabilizadora antes de la incautación y otras reuniones en las que Ignacio Calatayud le pidió que entregara la planta, pero que no se le advirtió de la incautación. Unos días antes de ese hecho, el presidente del Cabildo le llamó para decirle que se iban a quedar con la planta, pero asegura que no escuchó la palabra incautación. Respecto a si se sintió presionado, dijo que “ese día” (el de la incautación) sí se sintió mal, “muy mal”.

Relató que adquirieron la sociedad Club Lanzarote y se subrogaron todos sus derechos y deberes. Dijo que siempre pensó que tenían no solo autorización para vender agua sino la obligación de hacerlo porque “la urbanización se hizo gracias a la potabilizadora”. “Hacíamos lo mismo que hacían los anteriores propietarios”, dijo. Cañada señaló que la incautación les produjo un perjuicio económico porque el beneficio que obtenían por la venta de agua lo destinaban al mantenimiento del plan parcial y a partir de entonces tuvieron que sacar ese dinero de otro lado.

Sobre la potabilizadora, dijo que era un ejemplo de calidad y que siempre cumplieron las medidas sanitarias. Respecto a las quejas de vecinos ante el Diputado del Común, señaló que solo recuerda una denuncia de un vecino que se quejaba por el precio del agua. Dijo que nunca hubo quejas por desabastecimiento, ni antes ni después de la incautación. También dijo que no tiene claro que el Gobierno les sancionara, aunque hubo una resolución por la que debían pagar 2,3 millones, pero nunca se ejecutó.

Ceferino Marrero.

Más testigos

Declararon varios policías locales y guardias civiles que estuvieron presentes el día de la incautación. Certificaron que los responsables de Club Lanzarote advertían de que el Consorcio no podía entrar sin orden judicial y señalaron que es la única vez que han asistido a una incautación en toda su carrera profesional.

El exconsejero del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, declaró por videoconferencia sobre el expediente sancionador a Club Lanzarote por el que la empresa debía pagar 2,3 millones de euros. Señaló que fue un expediente por carecer de autorización para venta de agua a terceros y que finalizó con la orden de clausura y la delegación en el Consejo insular de aguas para seguir produciendo agua para no desabastecer a la población.

Pedro Martín Toledo.

El entonces secretario general del Consejo de Gobierno, Ceferino Marrero, señaló que tramitó esa sanción porque era una falta muy grave y reconoció que “le dieron para atrás al expediente” para que la empresa pudiera alegar . Dijo que no lo instruyó y que se inició en 2016, dos años después de la incautación y que lo inició el Consejo insular de aguas, cuando seguía al frente el propio Pedro San Ginés.

El vigilante de cauces del Consejo insular, José Juan Hernández, hijo de uno de los tres acusados (el gerente del Consejo, Hernández Duchemín), dijo que le constaba que solo esa desaladora, en toda la Isla, vendiera a terceros. Incluso llegó a decir que sabía que una empresa, Hacha Grande, llenaba cubas de agua en esa desaladora que después vendía a hoteles.

Rafael Soto.

También declaró el administrador concursal de Inalsa, Pedro Martín Toledo, que hizo un informe a petición del Juzgado. Se le preguntó por la titularidad de las plantas desaladoras y sobre la petición, cuando era administrador, de que las desaladoras privadas pasaran a manos del Consorcio si no tenían autorización.

Por último declaró Rafael Soto, ex trabajador de Club Lanzarote, que dormía, como vigilante, en la vivienda que había dentro del recinto de la desaladora y que dijo que no pudo acceder a por sus efectos personales hasta que la empresa recuperó dicha planta. También dijo que no le consta que entrara nadie al interior mientras estuvo en manos del Consorcio.

Comentarios

AYayay que esto esta oliendo muy mal...
El cantinero se pasó de frenada..,
el agua despues de la patada en la puerta se pagaba mas cara,lo que hizo Pedro no se hace,y despues de entregarla a sus dueños se abarato
Chacho, en la primera foto ¿Pedrito se durmió o esta rezando? jajajajaaj
Cantinero no te preocupes que Taíche tiene cantina y economato.
Esto acabará en nada, tiempo al tiempo.

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